De turbas, ciudadanos y el crimen de protestar

Cuando acudí el sábado pasado a la marcha contra la corrupción, lo hice seguro de que la misma sería criticada por aquellos que entienden que la actividad ciudadana afecta sus intereses personales. En ese sentido, nada habría sorprendido. Al contrario, estaríamos al frente de más de lo mismo.

Ahora bien, de ahí a lo que luego se dijo de los caminantes hay mucho trecho. Uno de los representantes de la barra de la defensa del banquero acusado de “distraer” decenas de miles de millones de pesos le puso un toque de cinismo insuperable.

Para este señor, la organización de la marcha obedece a intereses espurios y que estuvo financiada con “millones de pesos” de “poderosos grupos económicos”.

Vaya, la historia de siempre, el cuento cansado, la vaquerada que todos sabemos como termina.

Hablo de cinismo porque no se puede describir de otra manera la posición de que los ciudadanos no tenemos derecho a pedir justicia ni a hacer uso de nuestro derecho a la libre expresión. Parece que sólo los que piensan como él pueden hacer uso de ellos; como sí lo hizo otro de los miembros de la defensa del mismo banquero que se pasó años fungiendo de vedette mediática y paladín autoproclamado de la lucha anticorrupción. Pero ya hoy el discurso no es el mismo y entonces hay que afirmar que quien lo hace es un mezquino.

Cosas veredes, Sancho que non crederes. Esto, teniendo en cuenta que la defensa técnica del señor Ramón Buenaventura Báez reconoció que este violó las leyes que rigen el sistema bancario y se han acogido a la figura de las circunstancias atenuantes para pedir una sentencia benigna.

Si ya ellos mismos han reconocido la responsabilidad de su defendido, ¿cómo puede ser perverso que los demás reclamemos un castigo ejemplar? Y digo ejemplar porque los años de una sola vida humana no bastan para aplicar a nadie un castigo a la altura del daño causado.

Y reitero cinismo porque, mientras casi nadie cuestiona el derecho del señor Báez Figueroa y sus cómplices de contar con una defensa técnica adecuada, una parte de sus defensores sí se ha dedicado a satanizar a quienes, desde el tribunal o la opinión pública, piden su condena. Ahora, se han convertido en turbas que –sólo por acudir a los juicios, que son públicos- quieren “presionar” a los jueces que conocen el caso.

No sé, pero turbas me parecen a mí las que, organizadas por afectos al régimen trujillista, provocaron a Monseñor Panal por haber sido uno de los auspiciadores de la Carta Pastoral de 1960. Ahí sí que había intención de dañar. Y no es comparable jamás eso con el que los directivos de Participación Ciudadana –o cualquier otro ciudadano- acuda al juicio que se le sigue a su defendido.

Claro, como eso va en contra de sus intereses está mal. Lo que no les parece incorrecto es la guerra sin cuartel llevada a cabo por uno de los principales diarios del país contra todo aquel que ose criticar a Báez Figueroa.

Lo que una vez fuera considerado por algunos como una “nodriza del crimen” y “escuela de la corrupción” aparentemente se ha convertido en un medio tan respetado que tiene derecho a atacar reputaciones de manera libre.

Los ciudadanos no debemos dejarnos amedrentar por aquellos que creen que nuestros derechos son válidos sólo si les conviene. Todos tenemos que unirnos y reivindicar el papel que nos corresponde en un sistema democrático.

Esa es una función que sólo podemos cumplir nosotros, y siempre de manera directa. Siempre aparecerá quien nos los quiera escamotear y son muchos, muchos, los que simplemente no creen en ellos, sino en el ejercicio puro y duro del poder en su propio provecho.

No se trata al final de que asumamos posiciones heroicas, sino que todos los ciudadanos dejemos claro que ni las descalificaciones ni los desaires nos detendrán en nuestro empeño por hacer oír nuestras voces.

Clave Digital 2 de octubre de 2007