En lo que el hacha va y viene

De impíos e intercambios de disparos

2008-02-20T03:59:00.001+01:00

Cuentan que en el lejano pasado, en un apartado lugar vivió una vez un hombre extraordinario. Tan extraordinario que fue capaz de elevarse por encima de las duras realidades de su época. Predicó el amor y la necesidad de atender al valor de la dignidad ajena, incluso la de nuestros enemigos. El precio que pagó fue muy alto, pero su mensaje quedó entre nosotros y cambió el mundo.

Hoy, sin embargo, muchos de quienes se dicen sus representantes en la Tierra han trastocado ese mensaje por uno de agresividad. Han terminado pareciéndose más a los adversarios del carpintero que a sus discípulos. Para ellos la solución de todos los problemas se puede encontrar en el ejercicio –incluso brutal- de la fuerza estatal. Todo, todo se soluciona con “mano dura”.

Se han olvidado de que el mensaje que sirve de justificación a todos sus privilegios es completamente distinto de lo que ellos mismos dicen. Traicionan la Palabra y el espíritu de la misma.

Demuestran que, de haber sido contemporáneos del carpintero, hubieran apoyado a Caifás y los saduceos. La alianza con el poder terrenal es tal que, incluso sus excesos son vistos como buenos sólo porque los han llevado a cabo los gobernantes.

Recientemente la Policía Nacional –que ha vuelto a sus andadas con la actual jefatura- mató a 8 ciudadanos dominicanos en apenas dos días. Buena parte de la opinión pública elevó su voz con entendible preocupación. ¿Qué hace la Policía? ¿Es esto correcto? ¿Lo permiten las leyes? Preguntas pertinentes sobre todo porque en uno de los incidentes los vecinos escucharon como los policías que habían “actuado” se repartían el botín como si de los Cuarenta Ladrones se tratara.

Lejos de acompañar esa legítima preocupación, el más alto jerarca de la Iglesia Católica hizo unas declaraciones muy parecidas a aquellas a las que ya nos tiene acostumbrados. Pasando por alto el “No matarás”, celebró las acciones de la Policía y afirmó que eso debe ser un elemento fundamental de la política de “seguridad” del Estado. Lo que es más, en franca contradicción con su supuesto modelo dijo que no se puede tener “contemplaciones piadosas”.

Si este señor hablara menos y pensara más se daría cuenta de que es imposible determinar cuando realmente ha habido un “intercambio” de disparos. Y que, en todo caso, tenemos que confiar siempre en la palabra de los matadores.

Eso teniendo en cuenta que provienen de una de las instituciones estatales más demostrablemente corruptas que hay en el país. Pero además, lo hace ignorando la gran cantidad de casos en los que se ha comprobado que ha disparado sin preguntar.

Pero claro, es a los condenados de la tierra que se le aplican esos castigos. A los banqueros y publicanos se les trata con guantes de seda. Incluso se les celebran misas de acción de gracias en el aniversario cuando celebran un año más de medios adquiridos con dinero del pueblo.

No. Es a los otros que hay que caerles a tiros. San Agustín de Hipona tiene que estar revolcándose en la tumba. Ya nadie escucha la advertencia que hizo en el Capítulo IV del Libro IV de La Ciudad de Dios. Allí el Padre de la Iglesia afirmó que lo único que diferencia a los gobernantes de los bandidos es que los primeros actúan con justicia.

No hay duda entonces que solicitar a los policías que disparen indiscriminadamente sobre quienes ellos sospechen de ser delincuentes es pedirles que se conviertan en bandidos. Como consecuencia, los ciudadanos comunes y corrientes estaremos atrapados en el fuego cruzado y sin poder confiar verdaderamente en la Policía Nacional. Pero al alto jerarca eso no le importa porque, reitero, él y los suyos no serán víctimas nunca de un “intercambio”.

Quien no tiene “contemplaciones piadosas” es, por definición, un impío. Y también quien propone esa forma de actuar. Así las cosas, no debe sorprendernos tanto que el jerarca insista –como siempre ha hecho- en parecer más discípulo de Júpiter Tonante que del humilde carpintero.

Clave Digital 19 de febrero de 2008

Invirtiendo en lo inútil

2008-02-20T03:57:00.000+01:00

Cuando de males sociales se trata, los dominicanos no escapamos a la tendencia casi mundial de echarles la culpa a los políticos. Les atribuimos la capacidad de destruir y corroer todo lo que tocan. Por tanto, y siempre según esa visión de las cosas, son los responsables de que pocas cosas funcionen como deben. El resultado es que, como la viga en el ojo propio, no vemos los vicios sociales de los que participamos todos.

Es cierto, innegable, que casi todos los gobiernos de la Nación han dilapidado el erario público, robándoselo o mal invirtiéndolo.

Luego de casi 164 años el Estado dominicano tiene pocos éxitos de los cuales hacer gala. Ninguna de sus responsabilidades es cumplida a plenitud. Ni la social, ni la de seguridad, ni la de garantía de la libertad.

Todo lo anterior se debe, claro está, a la forma en que se ha ejercido el poder en el país y, desde el advenimiento de la democracia electoral, a la forma en que se busca el poder.

No es necesario reiterar la justa crítica que se hace a los políticos por la forma en que manejan las campañas electorales. Todos los dominicanos estamos conscientes del espectáculo que montan cada vez que se acercan las elecciones. Las presidenciales de este año son un buen ejemplo.

El comportamiento de los candidatos ha sido tal que tengo la impresión de que la mayor parte de la gente acudirá a las urnas con resignación en vez de entusiasmo.

Pero, como ya he sostenido en otras ocasiones, la culpa no la tienen sólo los políticos. Los males de nuestro país tienen causas estructurales que no podemos ignorar.

Por ejemplo, el tan despreciado clientelismo es efectivo porque buena parte de la población dominicana no tiene donde caerse muerta.

Para ellos el daño que el clientelismo causa a mediano y largo plazo no es nada comparado con el beneficio que reciben a corto plazo. Y este beneficio en muchos casos es comer.

Para quienes vean esto como una simple degradación humana, les recuerdo que el problema es más complejo. El año pasado se publicó que un 27% de los dominicanos consume menos nutrientes de los que necesita.

Ante esa cifra pasmosa la realidad del clientelismo se hace entendible. Lo anterior no implica que debe aceptarse, pero tampoco hacemos nada rechazándola sin tomar en cuenta sus causas o, lo que es peor, asumiendo que su causa es la simple maldad politiquera.

Todos los problemas del país encuentran su eco (¿o su origen?) en la sociedad misma. Muestra es lo publicado por CLAVE hace unas semanas. En una entrevista, un alto funcionario del gobierno declaró que no hay suficiente dinero para invertirlo en educación, pero que en el Metro se invierte una tajada enorme del Presupuesto Nacional porque es “prioridad del Presidente”.

Es verdad que decir estas cosas es un acto de cinismo. Primero porque si hay para el Metro, entonces hay para educación. Segundo porque se hace evidente que lo que importa en este país son los caprichos del Presidente (este o cualquiera), mientras que las necesidades de la población son atendidas si queda algo de ñapa.

¿Pero que hay del resto de nosotros? ¿En qué invertimos nuestros recursos como sociedad? La respuesta la podemos encontrar en la misma edición de CLAVE, unas páginas después.

Según el representante para América Latina de una prestigiosa marca de carros de lujo, República Dominicana es uno de los más importantes mercados de toda la región. Es más, la demanda que en nuestro país tiene uno de sus modelos de yipeta ha sido tan grande que se ha convertido en uno de los factores para determinar el aumento en su producción.

Este patrón es reconocible en casi cualquier ámbito de la vida en nuestra sociedad. El boato, el despilfarro, las ganas de lucírsela es lo que domina. Nadie invierte en el país y todos invertimos en nosotros mismos, en nuestros lujos, en llenarle los ojos al vecino.

Mientras tanto, una porción creciente de la población vive en una situación desesperada, nuestro sistema educativo se cae a pedazos y nos hemos metido a “competir” libremente con un mercado para el cual no tenemos productos. Pero todo está bien, porque con yipetas, whisky y ropas de marca nos basta.

Clave Digital 29 de enero de 2008

Desastre

2008-02-20T03:56:00.000+01:00

Analizar la realidad dominicana es muy parecido a una mala película de suspenso. Cuando todo pinta bien uno sabe, sabe, que detrás de la siguiente sombra se esconde el malo de la película que rehúsa morir. Cada vez que se nos presentan señales de que “avanzamos” podemos estar seguros de que en realidad no es así, sino que uno de los villanos de nuestra realidad social espera sorprendemos mientras nos confiamos.

Así, mientras nos conducen abobados por la senda del supuesto progreso, hablando de cifras macroeconómicas y estabilidad, las cosas siguen de mal en peor y el único resultado previsible es que tengamos un terrible fin de viaje.

No es alarmismo, sino realismo. Sólo basta fijarse en las cifras que revelan los informes estudiados la semana pasada en CLAVE. Da grima. De la de verdad. Parece que, como el futuro ya está aquí, los dominicanos no tenemos que invertir en él. Eso, o todos somos genios certificados de nacimiento y no nos hemos enterado. Es lo único que explica que, según un informe de la UNESCO, República Dominicana invierte un anémico 2.3% de su PIB en educación. Esto es la mitad de lo que se recomienda y aproximadamente una cuarta parte de lo que se invierte en el mismo renglón en Cuba. Ya hemos sido advertidos que de los Objetivos del Milenio nos debemos olvidar porque es imposible que los alcancemos en educación. Da la impresión de que hay gente que cree que para progresar nos basta con los colegios para la élite y alguna escuela para conductores del trenes de Metro.

La cosa se pone peor. En un estudio de 131 países que representan el 98% del PIB mundial, el Informe de Competitividad Mundial del World Economic Forum arroja datos asombrosos. Primero, y para seguir con lo anterior, ocupamos el puesto 119 en inversión en educación. Es decir, ocupamos un lugar en el 10% de países que menos invierte en educación. Por vía de consecuencia, ocupamos el lugar 127 en calidad del sistema educativo. No creo que eso requiera comentario alguno.

Pero el asunto no acaba allí. Todavía hay más. Por ejemplo, en favoritismo en las decisiones del gobierno ocupamos el lugar 128. Es decir, que el nepotismo y el tráfico de influencia es la norma en nuestro país. Tanto así que somos, en ese sentido, uno de los países más corruptos del mundo.

Las cifras sobre la competitividad no son mejores. En ninguno de los indicadores estamos por encima del lugar 75.

¿Para donde vamos por este camino? ¿Es este el camino del progreso? Naturalmente, es injusto achacarle a este gobierno toda la responsabilidad por el desastre de estas cifras. Muchos de esos indicadores no hacen más que resaltar las consecuencias de décadas de políticas fallidas. Sin embargo, sí se le puede exigir responsabilidad por la bajísima inversión en educación y por su desinterés en montar una política social que permita al país avanzar hacia el futuro.

Pero también es culpa de los ciudadanos a los que parece no importarnos nada que no sea el horario de expendio de bebidas alcohólicas. Los gobiernos (éste y otros) invierten en tonterías y se lo celebramos. Y cuando le quitan parte de los ínfimos recursos que reciben Educación y Salud para dárselos a los militares o gastarlo en el metro casi nadie dice nada.

Este camino que hemos escogido es el del desastre. Nada bueno saldrá de las elecciones que hacen nuestros gobernantes ni de la desidia con que las aceptamos. Claro, eso es, en parte producto del bajo nivel educativo que hay en el país. Este le impide a la mayor parte de la población tanto protestar como vivir por encima de la línea de miseria. El resultado es que todo se acepta con calma.

Tiene sentido ahora, ¿verdad?

Clave Digital 8 de enero de 2008

¿Seguridad sin esperanza?

2008-02-20T03:53:00.001+01:00

Hace unos días se publicó en un diario de circulación nacional una noticia espeluznante: 80% de los presos en el país son analfabetos. Así como lo escuchan, cuatro de cada cinco no saben leer ni escribir. A pesar de que debe llevarnos a una profundísima reflexión, casi nadie se fijó mucho en ella.

Ocupados como estamos en no mirar los hechos a los ojos, los ignoramos incluso cuando nos abofetean. Digo esto porque en nuestro país los análisis sobre las causas de la inseguridad ciudadana son, en muchos casos, superficiales.

Como he dicho en otras ocasiones, ante cualquier problemática nos fascina aferrarnos a cualquier cuco clásico, sin que la certeza de esta explicación tenga importancia alguna.

Y este es un excelente ejemplo de ello.

Como estamos tan absolutamente seguros de que las causas de la delincuencia son el “crimen organizado” y la maldad de los pobres, el dato que abrió este artículo pasó desapercibido.

Pero resulta que no deja de ser importante porque demuestra que la actividad delictiva está relacionada directamente con la falta de oportunidades y, por extensión, con la injusticia social.

Desde que se hace una afirmación como esta podemos empezar a oír las quejas de los conservadores que buscan la causa de todo mal social únicamente en la maldad humana y olvidan convenientemente, que -según un pensador conservador también- el ser humano es él y sus circunstancias.

Veamos pues el argumento. Casi nadie discute lo difícil que es sobrevivir en este país si uno intenta hacerlo de manera decente. Y lo hemos interiorizado tanto que lo que reconocemos como virtud no es la supervivencia en sí misma, sino lograrla sin mancharse.

Lo que se nos olvida a veces es que, cuando la vida no nos ofrece nada, la virtud de vivir sin mácula es un lujo. También obviamos el hecho cierto de que dejarse morir de hambre no es una virtud.

Digo todo esto porque lo que demuestra esa estadística es que muchos de los delincuentes de poca monta en el país son personas a las que la sociedad abandonó a una edad tan temprana que ni siquiera pudieron alfabetizarse.

Ya sé que se afirma que eso es responsabilidad de los padres, pero asegurarse de que los niños acudan a la escuela es una responsabilidad ética y jurídica del Estado dominicano.

Me parece previsible que los niños que abandonamos hoy en el futuro serán adultos que no sentirán el menor interés en respetar las reglas de convivencia social. Quien siente que no le debe nada a una sociedad difícilmente se comportará como un ciudadano ejemplar.

Y esto no lo digo por sentimentalismo ni nada parecido. Es sencillo, el verdadero agente de cohesión social siempre ha sido el reconocimiento de que a los que convivimos en ella nos une el interés mutuo. Cada vez que la sociedad expulsa de su seno a una persona no hace otra cosa que crear un individuo que siente que sus intereses no son los mismos de la sociedad. Por tanto, siente que puede hacer en el seno de ella todo lo que a él le convenga sin que importen los demás.

Aunque eso no explica todos los casos de delincuencia (los desfalcadores del bancos no pueden ser considerados seres desprotegidos por la sociedad) sí explica buena parte del fenómeno de la violencia social en general.

Y nos hace ver que la violencia no empieza en la esquina donde se produce un asalto. Por el contrario, empieza con las necesidades desatendidas de la mayor parte de la población.

Es una muestra de la virtud cívica de los dominicanos que esa mayoría olvidada no se dedique a la delincuencia, sino que sólo lo hacen unos pocos. Pero no es buena idea apostar únicamente a la virtud cívica para enfrentar estos problemas.

Lo mejor es atacar las causas, que son evidentes para todos los que tienen ojos y se fijan en su país.

Que la injusticia social es una de las principales causas de la violencia queda demostrado por el hecho de que las sociedades justas sufren de niveles de inseguridad menores que las que no lo son. Si queremos en realidad combatir la delincuencia lo que debemos hacer es invertir en una sociedad decente, que nos trate a todos como seres humanos.

Clave Digital 18 de diciembre de 2007

La inseguridad de la política de seguridad

2008-02-20T03:52:00.001+01:00

Para nadie es secreto que este es el país de las simulaciones. Nos inclinamos por ellas cada vez que tenemos que decidir entre enfrentar un problema de manera seria o hacer un espectáculo con la intención de dar la falsa impresión de que hacemos algo.

Por eso no es de extrañar que a once años de iniciado nuestro tercer experimento democrático desde 1961 todavía insistamos en repetir las actitudes propias de nuestros gobiernos autoritarios.

También por eso nos encontramos sin respuesta ante los retos de seguridad ciudadana que el crecimiento y creciente disparidad en ingresos que se produce en la sociedad dominicana. Los dominicanos no contamos con herramientas que nos permitan hacer frente a este fenómeno.

Por ejemplo, la Policía Nacional es una institución creada con el único fin de reprimir la disidencia política. Y eso hizo fielmente durante los regímenes dictatoriales de Trujillo y Balaguer. Pero lo que es peor es que no ha querido adaptarse a la realidad cambiante de una sociedad en proceso de democratización.

De hecho se ha resistido hasta tal punto que, como demuestra su historia reciente, los jefes policiales que han intentado llevar a cabo cambos profundos en la institución han terminado saltando del puesto prematuramente.

Pero la visión simplista del problema de la seguridad ciudadana no empieza ni acaba con la Policía.

Es un problema social profundo del que todos somos responsables. Buena muestra de ello es la prensa dominicana, que parece regirse por el principio de "si no hay sangre, no es noticia”. Quien mira (no hay siquiera que abrirlo) un periódico dominicano -algunos en particular- pensará que en este país nos estamos matando como salvajes y que todos los días aparece un muerto cada dos cuadras.

Aunque la violencia ha aumentado desde su nivel a finales de los noventa, no es cierto que esté aumentando en forma incontrolada. De hecho, las estadísticas demuestran que ya alcanzó su cenit y parece estarse estabilizando en un nivel mayor al anterior, pero menor al alcanzado en 2002-2003.

Pero es tan poca nuestra disposición a ver este problema en términos que no sean dramáticos en extremo que rehusamos a creer que esto puede ser así. Y, ayudados por el bombardeo mediático, asumimos que en realidad estamos camino de una anarquía total.

Como consecuencia lógica de esta visión superficial del problema, y del impulso dramático y autoritario, hemos asumido la idea de la inseguridad ciudadana como una “guerra” contra “los delincuentes”. Independientemente del absurdo de esta idea –en el que no profundizaré aquí por cuestiones de espacio y porque otros lo han dicho mejor de lo que yo puedo- hay un peligro que se nos olvida.

Y es que es un axioma de la guerra que sus primeras y más sufridas víctimas son los civiles. Cuando el Estado se va por el camino fácil y reacciona con igual violencia frente a la delincuencia en realidad está haciendo lo contrario de lo que debe.

Ha renunciado a su función fundamental de ser el garante de la seguridad y se ha convertido en una fuente de inseguridad para todos los ciudadanos. Nosotros, los ciudadanos de a pie nos vemos atrapados en un fuego cruzado de consecuencias imprevisibles.

Aunque algunos se puedan irritar por lo que digo, todos –incluso ellos- hemos sentido en carne propia las consecuencias de ello. Por ejemplo, ¿quién no ha sentido alguna vez temor al ver un policía solo o acompañado que le hace señales de detenerse en una calle oscura –como muchas en la ciudad- y solitaria? Es, ciertamente, un cálculo terrible que debe hacer el ciudadano cuando se ve en esa situación. ¿Me detengo sin saber quien es, o sigo, arriesgándome a que sea un policía con gatillo alegre?

Pregúntese también el lector también cuál fue su reacción la primera vez que en un semáforo se le detuvo al lado un equipo de “linces” con motocicleta y uniforme negro, con cascos que impiden la identificación y armas largas propias de una guerra. Todo lo anterior no hace otra cosa que aumentar la sensación de inseguridad sin resolver el problema. Es decir, que empeora las cosas en todos los sentidos sin mejorarlas en ninguno.

Es un problema social profundo del que todos somos responsables. Buena muestra de ello es la prensa dominicana, que parece regirse por el principio de “si no hay sangre, no es noticia”.

Clave Digital 5 de diciembre de 2007

Ilegal, inmoral e ilegítimo

2008-02-20T03:48:00.000+01:00

Como hace unas semanas que el tema del aborto no está en primera plana, los guardianes de la moral dominicana necesitaban de cualquier cosa para mantener su presión constante contra la libertad de conciencia en el país. Ahora la piedra de escándalo es la celebración que hicieron en Santiago dos parejas homosexuales con motivo de su decisión de vivir juntos. Inmediatamente los medios se hicieron eco de la información y un grupo de reporteros televisivos interrogó sobre el particular a varios asistentes a una actividad de la Suprema Corte de Justicia.

Ojo, es importante señalar que mientras que los reporteros televisivos hablaron de que se había llevado a cabo matrimonios por la vía legal, las informaciones en la prensa escrita a las que he tenido acceso sólo hablan de “celebraciones”. Es decir, de fiestas y punto. Pero bueno, lo importante es ver cómo respondieron los entrevistados a la información de que un oficial del Estado civil había casado dos parejas de hombres.

El primero que vi comentar sobre el caso fue a un conocido sacerdote católico. No es que espere de él que se separe de la doctrina de la Iglesia sobre el tema, lo que me extrañó fue cómo habló con tanta seguridad de lo que evidentemente no conoce y cómo confunde la Constitución con la Biblia. Me explico. A ser requerida su opinión, afirmó que un matrimonio de esos no se puede llevar a cabo en el país porque la Constitución de la República define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. A mí esa afirmación me causó mucha curiosidad porque no recordaba que eso fuera así. De tal manera que consulté la mía. Y resultó que mi memoria no me fallaba. La Constitución dominicana habla del matrimonio entre dominicanos en su artículo 8.15 y en ningún momento hace la misma afirmación que el párroco.

En buen español, la Constitución no declara que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso lo dice la Biblia, que es otro libro. Lamentablemente para quienes quieren confundir una y otra cosa, la Constitución establece la libertad de cultos y de conciencia. Siendo esto así, los dominicanos ni tenemos que ser católicos ni estamos obligados a vivir como si lo fuéramos. El Estado dominicano no puede tomar partido por una creencia religiosa particular ni tampoco puede sancionar o proteger menos a quienes deciden no seguir los dictados de la moral religiosa.

Otro de los entrevistados fue el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, de quien asumo que supone que no tendrá que conocer nunca un caso sobre este tema. Lo anterior porque el aire de desprecio con que se refirió a sus conciudadanos homosexuales lo hacen pasible de recusación si un día eso sucede. Para el magistrado, casar dos hombres en este país es “ilegal, inmoral e ilegítimo”. Como es abogado, debe saber lo que está diciendo y por eso asumo que escogió la expresión “ilegal” porque de hecho la ley no permite el matrimonio homosexual. Hasta ahí su expresión es correcta. Ahora bien, más importante que la legalidad de un acto es la constitucionalidad de las normas. Y resulta y viene a ser que, en vista de que la Constitución no define el matrimonio como la unión de entre un hombre y una mujer, y de que los artículos 8.5 y 100 de la misma prohíben la discriminación. Es decir que si bien es cierto que el matrimonio entre dos homosexuales es ilegal, esa prohibición legal es inconstitucional con lo que es nula de pleno derecho (artículo 46 de la Constitución).

Sobre la inmoralidad del matrimonio gay podríamos escribir volúmenes enteros. Resulta que sí, que según ciertos códigos morales es inaceptable. Pero como ya vimos, la Constitución prohíbe la imposición estatal de códigos morales ajenos a ella misma. Y lo que la Constitución considera su brújula moral es “la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, le bienestar general y los derechos de todos” (artículo 8 de la Constitución). Los homosexuales tienen derecho a desarrollarse libremente dentro de ese orden de libertad individual. Y eso implica que no se les discrimine por su homosexualidad.

Finalmente la ilegitimidad. Como funcionario judicial, el Presidente de la Suprema Corte está sujeto a las disposiciones constitucionales. Por obligación sus decisiones tienen que sujetarse a lo establecido en la Constitución. Si convierte la posición que ostenta en una forma de potenciar los prejuicios que hizo evidentes, entonces estará él –y no quien case dos homosexuales- haciendo un ejercicio ilegítimo del poder.

Ya es hora de que a los dominicanos dejen de decirles como tienen que vivir su vida. El papel del Estado no es imponer la Biblia ni regir la moral sexual de dos adultos que consienten y se aman. Pero también es vital que los heterosexuales dejemos de pretender que lo que sucede con los homosexuales no nos incumbe. Estamos frente a una pendiente resbalosa cuyo fondo es más desagradable de lo que podemos imaginar. Unir la ley y la moral sexual de un grupo religioso es peligroso. Si no protestamos ahora, ¿qué haremos cuando quieran prohibir otras “prácticas pecaminosas” como, por ejemplo, los métodos anticonceptivos?

Clave Digital 20 de noviembre de 2007

Sobre el deber de reclamar

2008-02-20T03:46:00.001+01:00

La primera acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra “responsable” –cuando se refiere a una persona- de la siguiente manera: “Obligado a responder de algo o por alguien”.

Es importante que eso esté claro porque sólo así podemos entender qué quiere decir el artículo 4 de la Constitución de la República cuando afirma que “El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. [...] Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes”.

Es decir, que los funcionarios públicos, electos o no, tienen que responder ante la ciudadanía por el buen o mal desempeño que hagan de sus funciones.

Este es un principio tan elemental del sistema de gobierno democrático que, la verdad sea dicha, me resulta inexplicable que ahora se nos quiera obligar a renunciar a ella.

Luego del desastre inevitable del paso de la tormenta Noel, y del desastre evitable de la falta de prevención y preparación, a los dominicanos se nos quiere meter el mensaje de la “unidad nacional” por ojo boca y nariz.

Y no es que me parezca mal que ante esta crisis aunemos esfuerzos. Eso está muy bien. Lo que es inaceptable es que en nombre de esa “unidad” se nos insinúe que debemos callar ante el fracaso absoluto de las autoridades responsables en tomar las medidas mínimas para enfrentar un fenómeno como Noel.

Pero estos reclamos se encuentran con tres argumentos en contra, cada cual más atolondrado. El primero es que estos son momentos para pensar en la recuperación y que las críticas la entorpecen y dañan el clima de “unidad” necesario.

Bueno. Yo me pregunto ¿qué “unidad” es esa que nos obliga a olvidar que el Estado ha incumplido con su labor más elemental? ¿Por qué tenemos que ignorar que esta tragedia es mayor porque el Estado no hizo lo que tenía que hacer? ¿Si este no es el momento de criticar eso, cuando lo es? ¿Después que pase otra vez?

En nombre de la “unidad” tenemos que aceptar que nos digan que no nos enteramos de Noel porque estábamos “desconectados” y “viendo juegos de pelota”.

Es decir, la falla estuvo en nosotros, los estúpidos e irresponsables, que no estamos a la altura de funcionarios tan maravillosos.

En nombre de la “unidad” se nos quiere hacer olvidar que, como dice el informe de la ONU, cuesta muy poco poner en marcha medidas que disminuyan el impacto de tragedias como estas.

En un país que se respete eso ni se plantea. No hay que olvidar la lluvia de (merecidas) críticas que recibió la administración Bush luego de la debacle de Katrina. Nadie le imputó responsabilidad en el desastre en sí (como nadie lo hace aquí), lo que no les fue perdonado fue la manera medalaganaria e irresponsable en la que actuaron.

Ni la unidad nacional ni el sentido de la solidaridad que tenemos unos con otros deben servir de mecanismo de chantaje para obtener el silencio.

La solidaridad con las víctimas pasa por el reclamo frente a los responsables de la pésima reacción estatal. No basta con ayudarles a salir de la situación crítica en la que están, también es necesario poner de nuestra parte para que eso no se repita.

El segundo es que la crítica en sí misma no tiene utilidad alguna. Yo creo que sí. Porque es la única forma en que lograremos cambiar las cosas en este país. La falta de exigir responsabilidades es lo que nos tiene como estamos, con un Estado que nos mira por encima del hombro y nos ignora.

El asunto va más allá de la crítica al gobierno de turno. Como todos los gobiernos, este es transitorio. Cuando se reclama a los funcionarios públicos que sean responsables no se les exige sólo a ellos, sino también a todos los que le puedan seguir en el cargo.

Finalmente, el tercer y más disparatado de los argumentos: La administración anterior lo hizo peor. Por muy malo que haya podido ser otro gobierno, este es el que tiene la responsabilidad actual de hacer las cosas bien.

Seguir escondiéndose tras las faldas de esa excusa demuestra una falta de compromiso con el papel que se cumple. Quien asume el gobierno asume responsabilidades y se acabó. Es cierto que los males dominicanos son estructurales, pero en este caso se trata de un mal solucionable con una preparación adecuada y un costo mínimo (refiero nuevamente al informe de la ONU).

Pero, como nuestra cultura política se basa en la lealtad ciega y la incapacidad de cuestionar, aparece quien quiere llamar chismes al ejercicio de este derecho y deber ciudadano. Lo contrario es una forma exquisita de fomentar que nos sigan haciendo lo mismo de siempre.

Clave Digital 6 de noviembre de 2007

Estado fallido, fallido, fallido

2008-02-20T03:44:00.000+01:00

La gente de Foreign Affairs debería darse una vueltecita por el país para ver si reconsideran su decisión de excluirnos del grupo de los “Estados fallidos”. Que no se preocupen, que esta vez no habrá mayor escándalo ni revoloteo en protesta porque nos digan algo que hoy es más que evidente. (Aunque, vistas las reacciones frente a unos relatores internacionales que nos hablaron del evidente racismo que hay en el país, puede que me equivoque).

Cada vez más, República Dominicana parece ser un simple conglomerado humano y no una sociedad política organizada. El Estado dominicano cumple muy pocas de las funciones que le corresponden (que no sea la de cobrar impuestos para gastarlos en chulerías y Metros).

No importa cuál construcción teórica clásica del concepto y la justificación del Estado se tome… el nuestro falla de manera estrepitosa.

Hobbes justificó el Estado diciendo que surge como consecuencia de la búsqueda de a seguridad. Las personas renuncian a su libertad, o parte de ella, para que el Estado utilice el poder que le ha sido delegado en aras de proveer condiciones mínimas para una vida tranquila. En nuestro país eso no es así.

Ninguno de los proyectos que se supone que el Estado tiene que asumir tiene buen fin. Ahí está el sistema de seguridad social, que se está derrumbando pilar por pilar sin que nadie haga nada. Algo que debió estar resuelto antes de echarlo a andar ahora cojea, o más bien se arrastra penosamente apoyado sólo en muñones.

Lo mismo pasa con el sistema educativo que, durante décadas, ha sido uno de los peores del mundo y al cual nuestros flamantes gobiernos le retiran fondos para que los gasten los guardias o los ingenieros del Metro. Nos llenamos la boca de plumas hablando de modernidad, de insertarnos en la economía mundial y “brecha digital”, compramos muchas computadoras, las conectamos a la Red y creemos haber resuelto algo.

Pero nos olvidamos del hecho simple de que para que eso tenga efecto alguno es necesario que los usuarios tengan un nivel de alfabetización mínima. ¡Ah! Pero como comprar butacas y pagar buenos maestros no es “chic”, no se hace.

No hay justicia tampoco. A pesar de las esperanzas que se habían labrado en torno a la acción del Estado en los fraudes bancarios, eso se ha desmoronado en forma penosa. Lo que quiso ser una sentencia salomónica no pasó de ser un agua tibia de esas que el Apocalipsis condena a ser vomitadas. Una sociedad expectante, consciente de su pobreza material, tuvo que ver confirmada su pobreza institucional.

El Estado dominicano tampoco resiste el análisis webberiano. Porque si el padre de la sociología consideraba que el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia era su característica principal, los hechos demuestran que la sociedad dominicana no le reconoce esa exclusividad al Estado. Los penosísimos casos de linchamiento están ahí. Cogiendo piedras para los más chiquitos, un pueblo genuflexo ante los grandes criminales se arma de valor para asesinar a los rateros.

Pero el último ejemplo –y quizás la gota que debe derramar el vaso de nuestra indignación- es lo sucedido con la tormenta Noé. A pesar de sus protestas tardías, el gobierno no hizo nada por dar a conocer a la ciudadanía la gravedad de lo que se avecinaba.

Los dominicanos nos vinimos a enterar de lo ocurrido sólo cuando ya había pasado lo peor. Y no todos tuvimos el privilegio, al momento de escribir estas líneas ya se contabilizan 21 muertos que nunca supieron que estaban en peligro.

Es una repetición de la imperdonable situación que se produjo en el país con el paso del Georges hace 9 años. No olvidemos que, mientras sus vientos asolaban ya la región Este, un alto responsable de la puesta en marcha de planes de prevención estaba en televisión acusando de alarmistas a los meteorólogos del Centro de Huracanes de Miami. Nueve años no nos han enseñado nada.

Hoy, un país sorprendido es testigo de cómo los responsables intentan escurrir el bulto. Seguro que también de esto encontrarán culpables en otros lares.

No es de extrañar que tantos dominicanos opten por marcharse del país. Después de experiencias como esta cualquiera se lo piensa. La verdad es que quizás sea aquí que se haga realidad el famoso chiste argentino de que el último que se marche tenga que apagar el bombillo. Rayos. Lo siento, olvidé que tampoco hay luz.

Clave Digital 30 de octubre de 2007

De turbas, ciudadanos y el crimen de protestar

2008-02-20T03:42:00.001+01:00

Cuando acudí el sábado pasado a la marcha contra la corrupción, lo hice seguro de que la misma sería criticada por aquellos que entienden que la actividad ciudadana afecta sus intereses personales. En ese sentido, nada habría sorprendido. Al contrario, estaríamos al frente de más de lo mismo.

Ahora bien, de ahí a lo que luego se dijo de los caminantes hay mucho trecho. Uno de los representantes de la barra de la defensa del banquero acusado de “distraer” decenas de miles de millones de pesos le puso un toque de cinismo insuperable.

Para este señor, la organización de la marcha obedece a intereses espurios y que estuvo financiada con “millones de pesos” de “poderosos grupos económicos”.

Vaya, la historia de siempre, el cuento cansado, la vaquerada que todos sabemos como termina.

Hablo de cinismo porque no se puede describir de otra manera la posición de que los ciudadanos no tenemos derecho a pedir justicia ni a hacer uso de nuestro derecho a la libre expresión. Parece que sólo los que piensan como él pueden hacer uso de ellos; como sí lo hizo otro de los miembros de la defensa del mismo banquero que se pasó años fungiendo de vedette mediática y paladín autoproclamado de la lucha anticorrupción. Pero ya hoy el discurso no es el mismo y entonces hay que afirmar que quien lo hace es un mezquino.

Cosas veredes, Sancho que non crederes. Esto, teniendo en cuenta que la defensa técnica del señor Ramón Buenaventura Báez reconoció que este violó las leyes que rigen el sistema bancario y se han acogido a la figura de las circunstancias atenuantes para pedir una sentencia benigna.

Si ya ellos mismos han reconocido la responsabilidad de su defendido, ¿cómo puede ser perverso que los demás reclamemos un castigo ejemplar? Y digo ejemplar porque los años de una sola vida humana no bastan para aplicar a nadie un castigo a la altura del daño causado.

Y reitero cinismo porque, mientras casi nadie cuestiona el derecho del señor Báez Figueroa y sus cómplices de contar con una defensa técnica adecuada, una parte de sus defensores sí se ha dedicado a satanizar a quienes, desde el tribunal o la opinión pública, piden su condena. Ahora, se han convertido en turbas que –sólo por acudir a los juicios, que son públicos- quieren “presionar” a los jueces que conocen el caso.

No sé, pero turbas me parecen a mí las que, organizadas por afectos al régimen trujillista, provocaron a Monseñor Panal por haber sido uno de los auspiciadores de la Carta Pastoral de 1960. Ahí sí que había intención de dañar. Y no es comparable jamás eso con el que los directivos de Participación Ciudadana –o cualquier otro ciudadano- acuda al juicio que se le sigue a su defendido.

Claro, como eso va en contra de sus intereses está mal. Lo que no les parece incorrecto es la guerra sin cuartel llevada a cabo por uno de los principales diarios del país contra todo aquel que ose criticar a Báez Figueroa.

Lo que una vez fuera considerado por algunos como una “nodriza del crimen” y “escuela de la corrupción” aparentemente se ha convertido en un medio tan respetado que tiene derecho a atacar reputaciones de manera libre.

Los ciudadanos no debemos dejarnos amedrentar por aquellos que creen que nuestros derechos son válidos sólo si les conviene. Todos tenemos que unirnos y reivindicar el papel que nos corresponde en un sistema democrático.

Esa es una función que sólo podemos cumplir nosotros, y siempre de manera directa. Siempre aparecerá quien nos los quiera escamotear y son muchos, muchos, los que simplemente no creen en ellos, sino en el ejercicio puro y duro del poder en su propio provecho.

No se trata al final de que asumamos posiciones heroicas, sino que todos los ciudadanos dejemos claro que ni las descalificaciones ni los desaires nos detendrán en nuestro empeño por hacer oír nuestras voces.

Clave Digital 2 de octubre de 2007

La discusión sobre el aborto

2008-02-20T03:41:00.001+01:00

Llega un momento en la historia de todas las sociedades en e que se tienen que enfrentar a sí mismas. No en una lucha fraticida, sino en el sentido de mirarse al espejo con atención y decidir cuál es su identidad real. Se ve obligada a levantar el velo con que cubre sus hechos y verificar si son coherentes con sus dichos.

Si hace esto de manera sincera, es un momento de madurez que alcanza a todos los miembros de la sociedad de que se trate. Esa, creo, es lo que le ocurre en estos momentos a la sociedad dominicana. El tema del aborto nos ha obligado a pararnos delante de ese espejo.

Lo que determina que esto sea así no es lo controversial del tema, sino el efecto combinado de la hipocresía social que lo rodea y la sorpresiva libertad con que se está discutiendo.

Que somos hipócritas respecto al aborto no hay que explicarlo demasiado. Si abordáramos estas cosas de forma más seria tendríamos que admitir que son incompatibles una sociedad en la que supuestamente la inmensa mayoría se opone al aborto y una sociedad en la que se reportan (ojo, se reportan) casi 100,000 abortos al año.

Se puede ser una u otra, pero es imposible ser ambas. Lamentablemente, esa es la posición que hemos querido sostener. Hacer proclamas respecto a la “naturaleza criminal” del aborto mientras llevamos a cabo cerca de 250 abortos diarios. Entiéndase, diez por hora, uno cada seis minutos.

Pero lo que resulta verdaderamente importante (y, al margen del resultado final de las discusiones) es la forma en que se ha producido el debate.

Recuerdo que en una de las vistas públicas celebradas me comentaba alguien que se opone al derecho a abortar que él y sus compañeros estaban felices porque por primera vez se habían unido todos, sin importar credo ni secta, para hacer un esfuerzo conjunto. Me hablaba esperanzado de lo bien que veía el que católicos, protestantes, musulmanes y judíos dominicanos pudieran unirse en torno a un tema.

Respondí que hacía mal en alegrarse porque en el contexto dominicano esa unión particular no es una señal de fortaleza sino de debilidad.

Le expliqué que esa unión había sido fruto de la necesidad de unir fuerzas y que eso demuestra que su posición está muy debilitada porque hace apenas diez años ese tema (dada la fuerza de la Iglesia Católica) ni siquiera se discutía.

El que ahora tengan que aunar esfuerzos para hacer la contra dice mucho de lo que ha cambiado el panorama.

Como decía, independientemente del resultado del debate, veo todo esto como una señal de avance. Que los dominicanos estemos discutiendo un tema como este en la forma en que lo hemos estado haciendo es maravilloso.

Y eso vale para la posición de la mayoría de los participantes sin importar sus opiniones. Aunque no comparto su posición no dejo de admirar la convicción y preocupación con que muchos de los que se oponen el derecho al aborto intentan hacerse escuchar.

Ahora bien, este avance democrático no es bien visto por todos. Hay sectores de nuestra sociedad que están acostumbrados a que la suya sea palabra de Dios. Por eso se han tomado mal, muy mal, que este tema –que en su opinión no hay que discutir- esté sobre el tapete de la opinión pública. Lo que es peor, desesperan ante la posibilidad de que el resultado en el Congreso no sea el que esperan.

En vista de que los dominicanos estamos dando muestras de una –aparentemente negativa- capacidad de discutir públicamente temas importantes sin pedirles que nos guíen, se han dedicado a intentar boicotear el proceso. Dado que las cosas no cambiaron cuando “tronaron” desde sus principescos podios han decidido insultar a todo el que se les oponga.

De tontos, imbéciles, enfermos, charlatanes y vendidos no bajan a sus conciudadanos. Tanto así que han ofendido a potenciales aliados (entiéndase, muchos congresistas conservadores que se han sentido insultados por el simple hecho de hacer lo que es su trabajo: escuchar a los ciudadanos), haciendo más difícil su propia posición.

Reitero, el simple hecho de que estas cosas se estén discutiendo es ya un gran paso de avance. Lo que hace a un buen ciudadano es la capacidad de entrar en el juego democrático del intercambio de opiniones, respetando siempre el derecho de otros a hacer lo mismo desde posiciones encontradas a las suyas.

Ojalá que quienes hoy se sienten por encima de los demás acepten algún día que en un sistema democrático como el nuestro todos tenemos el mismo derecho a opinar.

Clave Digital 18 de septiembre de 2007

Cambio de capataces

2008-02-20T03:38:00.000+01:00

La cultura política dominicana es como un espejo de feria: distorsiona la imagen de todo lo que vemos en ella. Es el fruto del experimento político dominicano. En vez de crear las bases para un ejercicio democrático real hemos intentado (con medidas variables de éxito) meter el autoritarismo en el traje de la democracia, pero evitando alterarlo en su forma.

Por eso, aún cuando utilizamos los términos que la ciencia política contemporánea relaciona con la democracia, en realidad nos estamos refiriendo a sus contrapartes autoritarias.

Por ejemplo, durante décadas hablamos de “elecciones”, cuando en realidad nos referíamos a las confirmaciones de un tirano velado que no permitía competencia electoral. De igual forma, hablamos de “legalidad” cuando en realidad nos referimos a la voluntad arbitraria de quienes ejercen el poder. Ya es sabido que cuando hablamos de “Presidente” nos referimos realmente a nuestro monarca absoluto semi electivo.

Al final, las palabras que utilizamos sólo se relacionan con los conceptos a los que nos referimos en el particular espejismo de nuestra concepción de la autoridad en el Estado.

Pero al eufemismo que me quiero referir hoy es al de “renovación del gabinete”.

Todos usamos esa frase cuando sabemos que aquello de lo que hablamos en realidad es del cambio de los capataces. Y digo capataces porque así es como se comportan los secretarios de Estado y los demás funcionarios nombrados por el Presidente (este o el que sea, da igual). Cuidan la finca que por cuatro años le pertenece al mandatario de turno. Y lo hacen sin rendirle cuentas a nadie que no sea el jefe a quien le deben el puesto.

No creo necesario hacer una relación de cómo los capataces se comportan cuando alguien que no sea el mandamás intenta pedirles cuentas por sus acciones.

Las sentencias sobre recursos de amparo son ignoradas, con muy escasas excepciones lo mismo pasa con las interpelaciones congresuales.

Les importan un comino y se llenan de orgullo ante su negativa a obedecer estas órdenes si, como en el caso de un ex jefe de la Policía, el dueño de la finca insinúa que no entiende porqué tiene que darle explicaciones a nadie.

Ojo, que no hay error en el párrafo anterior, porque las interpelaciones y las sentencias judiciales son órdenes que todo funcionario público –electivo o no- tiene que obedecer en una democracia constitucional.

Pero no aquí porque, como decíamos al principio, llamamos democracia a nuestro sistema pero en realidad es otra cosa cuyo nombre nos negamos a admitir. Pero no porque nos dé vergüenza, sino precisamente porque nos hace falta.

Lo anterior viene a cuento por la expectación casi morbosa que cada aniversario de una administración levanta en el país.

En una especia de sustitución de la farándula “artística” los dominicanos asistimos fascinados al espectáculo del Presidente mientras decide de manera arbitraria cuales capataces quiere cambiar, ya sea por su probada ineptitud o porque ya se ha terminado de saldar el favor político que motivó el nombramiento.

En vez de preocuparnos por la continuidad del plan de gobierno, observamos extasiados el dedo omnipotente capaz de crear emporios, destruir sueños y desilusionar oportunistas. Mientras tanto, a lo peones de la finca no nos queda otra cosa que elevar plegarias por que el mandamás no se equivoque y seleccione a alguien con alguna competencia y poco arbitrario (esperanzas que las más de las veces se ven truncadas).

Nadie, absolutamente nadie, puede intervenir con la voluntad del Presidente. Una vez hecho el nombramiento sólo nos queda encomendarnos a la Virgen de la Sagrada Medalaganería y confiar en que un desempeño más atroz de lo usual lleve a una destitución que no sea demasiado tardía. Mientras tanto, el nuevo capataz hace y deshace a voluntad.

Mucho se ha teorizado del porqué de la renuencia de los funcionarios públicos a aceptar una autoridad ajena a la del Presidente. La más de las veces la explicación se busca en la fuente de su nombramiento. Asumimos que el hecho de ser nombrados y destituidos por el Presidente sin control alguno los lleva a identificarse con él. Creo que estamos viendo el mapa con el norte hacia abajo. La razón del que el nombramiento y destitución tengan esa forma es que nuestra cultura política no aceptaría las cosas de otra forma. La forma siempre sigue al fondo.

No sé si esto cambiará en el futuro cercano. Lo que sí sé es que la segunda mitad de agosto de este año, como la de todos los años, será la de leer hojas de té, tazas de café y cartas del Tarot tratando de saber cómo nos afectará la voluntad del jefe hasta agosto del año que sigue.

Clave Digital 21 de agosto de 2007

Contra el hastío

2008-02-20T03:34:00.000+01:00

Hace un tiempo hablaba con un amigo sobre la responsabilidad que implica tener una columna en un medio de comunicación. Coincidimos en que hace bien que los ciudadanos puedan expresarse al margen de las vías tradicionales del periodismo dominicano, principalmente por el cinismo que algunas de ellas demuestran. En lo que diferimos fue en que, en su opinión, tener que escribir un artículo cada semana o cada dos semanas puede significar una carga importante si se asume como un ejercicio serio. Yo, por mi parte, le expliqué que con tantas cosas que andan mal en el país es fácil encontrar temas sobre los cuales escribir y que eso aligera mucho la carga.

El tiempo, sin embargo, le ha terminado dando la razón a él. Aunque no por las razones que exponía, sino por una consecuencia de la que expuse yo. Y es que a veces uno se da cuenta de que tantas, pero tantas cosas andan mal que ya no quiere escribir de ninguna.

No existe un solo aspecto en el cual el país marche como debe ser. Los ayuntamientos andan dando espectáculo, el Congreso aprueba leyes a la carrera, la Seguridad Social no termina de arrancar, el Metro sigue, el Ministerio Público no fundamenta los casos de corrupción, la justicia no termina de asumir completamente la reforma procesal penal, se demuestra que algún senador ha falsificado documentos de venta, el Banco Central se dedica a hacer publicaciones políticas, los miembros de la Cámara de Cuentas quieren permiso para hacer campaña, el Presidente sigue sin escuchar, el Banco Nacional de la Vivienda hace cosas cuestionables, se pone en duda la legalidad de los contratos de las plantas de carbón, la luz sigue fatal, la oposición no asume su papel… En fin. Es como para meterse debajo de una piedra y no salir de allí.

Uno se cansa. Ya suficiente es para los ciudadanos dominicanos tener que intentar sobrevivir en el seno de un Estado que no brinda los servicios básicos para una vida decente. También tienen que sufrir un bombardeo de afrentas tan grave que se embota su capacidad de indignarse. A veces entiendo por qué tantos dominicanos se han bajado del carro de la ciudadanía responsable para subirse al del consumismo. Quedarse en el primero es una propuesta dura.

No hay forma de evitar la frustración. El tiempo no alcanzaría ni siquiera si pudiera uno dedicarse todas las horas del día a trabajar por un mejor país. Tirar la toalla, aunque contraproducente, no es una decisión del todo irracional cuando se toma en cuenta la asimetría entre las necesidades de este país y las fuerzas de cada ciudadano particular.

Pero como decía, hacer esto es contraproducente. Sólo se convierten en democracias vibrantes las sociedades en las que los ciudadanos asumen un papel activo en el debate público y aprovechan todos los resquicios de participación política a los que tienen acceso. Abandonar antes de echar el pleito no es una opción ni puede ser aceptado como tal.

Nuestra primera responsabilidad como ciudadanos es oponernos a las acciones que diluyen los principios democráticos en los que supuestamente se fundamenta nuestro acuerdo de convivencia política. La solución cortoplacista es, a la vez, una de las razones por las que existe el problema. No podemos contribuir a ningún cambio si vivimos alejados del proceso de toma de decisiones. Ya sabemos que no nos quieren allí, pero ese es un derecho que debemos, y podemos, reclamar.

Una ciudadanía pasiva es la mejor aliada de las enfermedades terminales de la democracia. Ninguno de los abusos que nos hacen sufrir de hastío fuera tan frecuente si no fuéramos cómplices indirectos. El descaro con el que desde hace años se hiere la convivencia democrática no fuera posible a no ser por la ausencia de la mayoría de los ciudadanos en el debate público.

Hay que enfrentar el hastío. La democracia, por definición, requiere que los ciudadanos hagamos todo lo posible por meter la cuchara en la que, al fin y al cabo, es nuestra sopa. Y debemos hacerlo desde cualquiera de los ámbitos que se nos abren. Ninguno es muy pequeño o demasiado insignificante. La vida democrática se fortalece cuando los ciudadanos creamos redes de diálogo y discusión. Y más aún si las aprovechamos para la acción.

El país no mejorará sólo y hace más que esfuerzo en el trabajo para que así sea. Todos debemos esforzarnos un poco más (y ya sé lo mucho que cuesta) para poner nuestro muy pequeño –pero invaluable- granito de arena.

Clave Digital 7 de agosto de 2007

El peligro de las armas

2008-02-20T03:31:00.001+01:00

Cada vez que en el país trasciende un caso de violencia sale a relucir o el uso indebido de un arma de fuego su porte por una persona no autorizada para hacerlo. Los casos son de tres tipos principales: O un asaltante hiere mortalmente a su víctima, o un conflicto menor entre dos personas termina a balazos o una patrulla policial decide “contribuir” a la seguridad ciudadana creando una lluvia indiscriminada de plomo.

Para cualquier observador esto debería ser indicio de que la proliferación de armas de fuego es uno de los factores que incide en la violencia. El primer tipo de casos es el que más fácilmente irrita a la opinión pública puesto que alimenta la percepción de que estamos desprotegidos y a merced de personas violentas y armadas. Esto es válido. Sin embargo, no lo es que la indignación por esto eclipse la que deberíamos sentir el segundo y el tercer tipo de casos.

Cuando alguien, ya sea un policía o un ciudadano privado, hace uso indebido de su arma de fuego los dominicanos nos lamentamos de la “pérdida de vidas inocentes” pero no nos fijamos en la contribución de las armas a que así fuera. Es como no ver lo que tenemos frente a nuestras narices. Por ejemplo, en el caso de LOFT una pelea que pudo haber terminado en otra forma se saldó con tres muertos porque todos salieron a “resolver” buscando sus armas. Nuestra tolerancia con la violencia armada de la policía es peor, incluso se convierte en exhortación a que primero dispare y después pregunte. Tristemente, aunque al final en muchas ocasiones terminemos lamentándonos de los resultados, casi nunca nos cuestionamos el procedimiento.

Así las cosas, se arma un revuelo cada vez que alguien pretende introducir en el debate público la necesidad de que se regule mejor el porte y tenencia de las armas de fuego. Inmediatamente sale el argumento de que “las personas tienen derecho a defenderse”, a pesar de que la evidencia anecdótica insinúa lo contrario y estudios realizados en otros países latinoamericanos prueban que “defenderse” con un arma de fuego hace cuatro veces más probable la muerte de quien la usa (Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD) El Salvador (2003), Armas de fuego y violencia).

Que las armas nos brindan seguridad es un mito. Por ello, no acepta argumento contrario y se mantiene como creencia a pesar de que, como vimos, la evidencia empírica lo niega. Su fundamento no está en ninguna realidad comprobada sino en la cultura de la violencia y una mal entendida hombría que tenemos los dominicanos. Tal como afirmaba Moscoso Puello en Cartas para Evelina “En este original país, la suprema aspiración es batirse, ser valiente, disfrutar de la fama maravillosa merced a la cual todo se nos hace más fácil. La sangre nos fascina y nada nos parece más bello que una sonata de balas”. Hablar, por tanto, de control de las armas es anatema en un país donde el pote, el carro y el “hierro” son símbolos de estatus.

Indicio anecdótico de la inutilidad de las armas y la justicia por la mano propia es lo sucedido hace pocos días cuando el negocio de un pequeño empresario fue asaltado y este salió, arma de fuego en mano, a cazar al responsable. Efectivamente, le dio alcance y le mató. Pero sus propias acciones fueron la fuente de su perdición. Una patrulla de la Policía lo confundió a él mismo con un asaltante y lo acribilló a balazos.

El arma no le sirvió de nada que no fuera para hacer aquello para lo que están diseñadas: matar a otro ser humano. Pero incluso cuando este ya no podía defenderse, haberla utilizado fue un error fatal. Es posible que la patrulla policial disparara antes de preguntar –es lo que hacen todo el tiempo, además-. Sin embargo, no es posible negar que el espectáculo de una persona matando a otro en una de las principales avenidas de la ciudad capital es suficiente para confundir a cualquiera. En este caso, como en muchísimos otros, las armas y su uso indiscriminado se convirtieron en una amenaza a la seguridad ciudadana.

Quienes propugnan por la justicia del Viejo Oeste olvidan que esta sólo se consigue luego de que corran ríos de sangre. Hasta en las películas de Hollywood (adicto al “final feliz” improbable) mueren como moscas los protagonistas y sus compinches. Es necesario que reconozcamos que las armas no nos proveen seguridad. Por el contrario, deben ser objeto de control por parte del Estado dominicano. Una sociedad donde sólo estén armados los que verdaderamente lo necesiten es una sociedad más segura.

Clave Digital 10 de julio de 2007

La violencia que aceptamos

2008-02-20T03:29:00.000+01:00

En nuestro país se esta llevando a cabo una matanza silenciosa. Ser mujer en este país es un oficio peligroso, es difícil que pase un día sin que nos enteremos de un nuevo caso de violencia de género con desenlace fatal.

Los maridos celosos, los despechados vengativos y los desconocidos abusadores se encargan casi todos los días de apagar la vida de una mujer dominicana. Las estadísticas son terribles, pero el espanto no acaba ahí, es sólo la punta del témpano de hielo.

La violencia a la que son sometidas las mujeres dominicanas toma muchas formas y, lo que es peor, lo permea todo el tiempo. Sería llover sobre mojado hablar sobre el doble estándar que afecta a las mujeres respecto del hombre.

Según la visión tradicionalista que todavía tiene vigencia para muchos, la mujer solo tiene deberes y el hombre solo tiene derechos. Todavía hay quien sostiene la opinión estúpida de que “el lugar de la mujer es la casa” o que se cree el mito mil veces refutado de que el hombre es más confiable y trabajador.

Ni qué decir sobre la doble moral sexual o la que rige los modelos socialmente aceptados de relación entre padres e hijos. Todo lo anterior complicado por una hipocresía que sostiene que la mujer es poco más que un objeto sexual y cuya manifestación más ridícula es la imposibilidad de pretender publicitar un producto para su venta sin que lo manosee obscenamente una modelo en traje de baños. Así vendemos estufas, carros, salamis, abanicos, computadoras, lo que sea.

La mujer dominicana debe escoger, tal y como se quejara Sor Juana Inés de la Cruz en sus “Redondillas”, entre ser la santa enjaulada o la puta deseada pero despreciada. No puede ser un término medio, pero tampoco puede escoger su posición libremente, sin tener que asumir el precio que la intolerancia ajena impone a sus opciones. Al final, ser ella misma es lo que más caro le sale a una mujer dominicana.

Pero nuestra sociedad no ve –no quiere- ver esto. Hablando una vez con un estadounidense sobre el racismo en esa sociedad, mi interlocutor usó una frase que no tiene desperdicios: “Sólo los blancos se pueden dar el lujo de no fijarse en el color”. La explicación de esta afirmación es que sólo quienes no se ven afectados por la discriminación pueden ignorar las causas de la misma. En el caso de las mujeres dominicanas el asunto se complica porque muchas asumen como bueno y válido un conjunto de reglas de juego diseñado para negarles el derecho a ser respetadas.

Por eso entiendo, desde el punto de vista humano, la reacción de muchas mujeres cuando insisten en el uso del lenguaje de género “neutro” o, como sucedió recientemente, cuando apoyan medidas autoritarias como respuesta a la incapacidad del Estado para protegerlas.

Me permito ampliar un poco mi posición sobre los dos ejemplos anteriores. Estoy consciente de que el español es un lenguaje sexista, pero creo que llenar un texto con arrobas o con los irritantes “os/as” no es la solución. Para mí, ese tipo de conquistas es vacío. Nos da una sensación falsa de haber logrado algo, sin embargo, las causas estructurales del maltrato a la mujer siguen allí.

El otro caso es el de la reciente polémica por la anulación de una orden de protección (inconstitucional) dictada por una funcionaria de Ministerio Público. Si bien entiendo la urgencia que entrañan estos casos, la solución es llevar al sistema de justicia a responder a las necesidades reales de las mujeres.

Pero es un error reproducir las prácticas autoritarias de antaño con la esperanza de que ahora su aplicación sea “justa”. El autoritarismo es como el fuego, un excelente esclavo, pero un amo peligroso. Y son muchos los que se han dejado llevar por sus promesas para luego lamentarlo. No es necesario repetir ese error.

A pesar de lo anterior, o incluso precisamente por ello, creo que la sociedad dominicana debe reflexionar sobre el trato que reciben las mujeres en el país. Deben dejar de ser ciudadanas de segunda categoría.

El Estado tiene que reconocer que tratar de igual forma a personas que están en situación de singular desventaja no es justo sino todo lo contrario. Por ello debe aceptar la necesidad de legislación que las proteja de la violencia constante a la que son sometidas. Este es el primer paso en una tarea ardua que nos espera a todos. Eliminar estas miserias de nuestra sociedad es responsabilidad de todos.

Clave Digital 26 de junio de 2007

Un año de vuelta

2008-02-20T03:27:00.000+01:00

Cuando me disponía a volver al país desde mis estudios en el extranjero escribí un artículo titulado “Por qué volver”. En este expuse las razones que me hicieron volver al país a pesar de que, como señala un reciente estudio de la UNESCO, hasta un 80% de los dominicanos que hacen estudios de maestría o superiores fuera del país no regresan.

Publicado el artículo, recibí la sugerencia de escribir otro al año o seis meses que explicara mis impresiones una vez de vuelta.

Cosa curiosa, todos aquellos que me lo sugirieron son amigos dominicanos residentes en el exterior. A ellos les digo: este es ese artículo.

Lo primero que debo indicar es que lo más importante que aprendí en el extranjero es que, en el fondo, los problemas que vivimos aquí se dan en todas partes. No cometeré la ingenuidad de decir que todo es lo mismo, pero es falsa la idea de que este es el peor país del mundo o el lugar donde se extreman esas dificultades.

Tal como señaló Wilfredo Lozano hace poco, esa forma de pensar es fruto de nuestro provincialismo.

Otra cosa es que, en sentido general, el país está mejor de lo que esperaba. Las quejas constantes de mis amigos dominicanos me habían convencido de que el país había sido objeto de un cataclismo del que jamás se recuperaría.

Es decir, que nunca seríamos posmodernos porque simplemente nos habíamos convertido en postapocalípticos. Casi esperaba ser asaltado camino del aeropuerto y necesitar la ayuda de Max Rockatansky para llegar (no muy sano, pero al menos a salvo) a mi hogar.

Ahora bien, como estoy seguro de que los amigos que me pidieron que escribiera este artículo creen que soy un romántico perdido o un ser eminentemente atado a la tierra que me vio nacer (no conciben de otra forma mi decisión de regresar), voy a referirme exclusivamente a las dos cosas que me han causado la impresión negativa más fuerte.

La primera es el tránsito. Yo siempre he sabido que los dominicanos manejamos como si no hubiera futuro.

Somos capaces de las cosas más insólitas, como por ejemplo robarnos un semáforo para ahorrarnos la eternidad de quince segundos. O ir como locos para al final esperar el cambio de luz justo al lado de aquellos a los que hemos creído dejar mordiendo el polvo de nuestros neumáticos.

Pero lo que sucede ahora no tiene nombre, ando horrorizado por la calle. Parece que hay una competencia nacional en ver quien hace la maniobra más estúpida e innecesaria. Y la falta de respeto por los demás me parece degradante incluso para los afrentosos. Por ejemplo, cuando, al ver que el semáforo se les pone amarillo, adelantan sus vehículos para no “quedarse atrás” a pesar de que no avanzarán más de 5 metros y entonces obstaculizarán el paso de los que venimos por la vía perpendicular a la suya.

Hace unas semanas me sucedió que quien hizo esto fue una chica cuyo vehículo, vestimenta y “swing” la delataban como miembro de la crema y nata de esta sociedad. Cuando cometí el “atrevimiento” de reclamarle me respondió con la sarta de insultos más fabulosamente soez que he escuchado en mi vida (y malas palabras he escuchado muchas, principalmente cuando hago públicas mis opiniones sobre el matrimonio homosexual y el aborto).

No tengo ni que decir que me impidió responderle la vergüenza ajena (y la imposibilidad de hacerlo de forma igualmente insultante sin acusarla de al menos cinco crímenes tipificados y dos cosas que no me he atrevido nunca a vocalizar).

Lo segundo viene atado a la experiencia con la “damita” del párrafo anterior. Y es la forma en que se ha degradado el debate en este país. Ya nadie quiere escuchar a nadie, el que más alto habla y dice más tonterías por minuto cree que “gana” las discusiones (si hay tal cosa como “ganar” un debate en una sociedad democrática). Cuando me marché, la tendencia del entonces Presidente a querer “callarle la boca” a quienes lo contradijeran era ya preocupante, pero ahora esta actitud se ha democratizado.

No hay quien critique a nadie sin que sea acusado de tonto útil o vendido. Esto es más notorio en algunos funcionarios oficialistas y sus aduladores, para quien todo el que les critique en lo más mínimo no es más que un “miembro del PPH” (yo, de ser ellos, no diría eso porque si todo el que hoy critica al gobierno es verdaderamente un PPHero, entonces el PLD no tiene nada que buscar en las elecciones de 2008).

Todo lo anterior puede parecer un análisis ligero, y quizás lo sea. Pero yo estoy convencido de que el tránsito en una sociedad refleja la forma en que nos comportamos en sentido general. Conducir es comunicarse y reconocer que el derecho del otro está muchas veces por encima de nuestra capacidad de aprovecharnos de todas las oportunidades de avanzar un centímetro nosotros sin tomar en cuenta que le atrasamos un metro al vecino. Así como manejamos, así somos como ciudadanos.

Lo de la gravedad del deterioro del debate público no tengo que explicarlo, creo. Me parece autoevidente que ninguna sociedad democrática puede progresar si no tiene un debate público sano. Nosotros no lo tenemos, así que veremos hasta donde llegamos por este camino.

Clave Digital 12 de junio de 2007

"A nadie se le ocurriría pensar..."

2008-02-20T03:25:00.000+01:00

Si hay algo en lo que todos los dominicanos estamos de acuerdo es en la influencia negativa que ha tenido sobre nuestra democracia el excesivo poder presidencial. Desde siempre, los presidentes dominicanos han sido autócratas, verdaderos monarcas rodeados de boato republicano.

Quien haga una lista de nuestros presidentes podrá descubrir que en su mayoría han sido golpistas, aventureros, caudillos de poca monta y canallas empedernidos. Sólo algunos logran pasar el más mínimo tamiz de decencia y responsabilidad propios de un estadista. También podrá descubrir que esta tendencia –con la excepción más que notoria del caudillo adicto a los fraudes- se ha visto debilitada desde que las transiciones presidenciales empezaron a ser pacíficas.

Por mucho que nos quejemos con razón, la más de las veces, de los presidentes democráticos recientes –reitero la evidente excepción- estos han marcado una diferencia cualitativa con la mayor parte de las administraciones presidenciales de nuestra historia. La cultura democrática poco a poco se ha ido imponiendo. Lo malo de reconocer el efecto de la democracia en el adecentamiento de nuestra cultura política es que tenemos que enfrentarnos al hecho de que la primera transición de una administración democráticamente electa a otra se dio en 1982.

Y la de una administración a otra del principal partido de la oposición fue en 2000. Excluyo las elecciones de 1986 por lo cuestionadas que fueron (no olvidemos que quien al final decidió el ganador no fue la Junta Central Electoral, que es el organismo constitucionalmente facultado para ello), y las de 1996 no porque la victoria de Leonel Fernández fuera fruto de elecciones técnicamente cuestionables, sino porque concurrió a la segunda vuelta aliado con el partido del entonces Presidente. Entre ambas experiencias tuvimos traumas electorales tan graves como los de 1990 y 1994.

Visto lo anterior, debemos reconocer que le sistema democrático no ha tenido tiempo para eliminar completamente los resabios del autoritarismo. Los hechos lo demuestran, en todas las campañas presidenciales –incluso en las de nuestra recién estrenada democracia- se ha denunciado, con pruebas contundentes, el uso de los recursos del Estado para apoyar al candidato oficialista, sin distinción de partido.

Frente a este contexto, un juez de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral ha sugerido que, ahora que el Presidente de la República es candidato oficial de su partido, debería tomarse una licencia, evitando así confundir su papel de presidente con el de candidato. Esta propuesta será ambiciosa, pero para nada descabellada. Sólo hay que ver cómo se comportaron los últimos presidentes que intentaron reelegirse desde el cargo.

Pero ahora resulta que, frente a toda la evidencia histórica y empírica, la secretaria de de Educación tiene la valentía de sugerir públicamente que “(A) nadie se le ocurriría pensar que [el Presidente] va a utilizar recursos del Estado en una campaña electoral”. Estas declaraciones son a la vez alarmantes y reveladoras. Alarmantes porque ponen en evidencia que, una de dos, o la secretaria no tiene ni idea de la realidad política dominicana o piensa que el resto es el que carece de ella. Que revise su propio jardín para que vea lo que dicen muchos de sus compañeros de partido sobre el reciente proceso electoral interno.

Por otra parte, la frase misma denota que, en su opinión, en este país a nadie se le ocurre pensar las cosas más obvias. Y eso, precisamente en una secretaria de Educación, es muy, pero muy, revelador. No creo que esto necesite mayores comentarios.

No es necesario pensar que Leonel Fernández es la encarnación del mal para saber que, al igual que todos los demás, no escapa a los efectos perniciosos de nuestros vicios políticos.

Ningún Presidente ha resistido esa tentación, y, dada su naturaleza humana, el que tenemos no está libre de ellas. La secretaria debe saber que ni la adulación extrema es buena consejera al hablar, ni la convicción de que los demás nos chupamos el dedo es cierta.

Ya está bueno de que los dominicanos tengamos que aguantar el cinismo de quienes nos gobiernan (ahora o antes, da igual). Es perfectamente posible tener un debate racional y productivo sobre la sugerencia del juez de la Junta. Hay argumentos válidos de lado y lado. Lo que no es de recibo es que nos traten como tarados.

Clave Digital 15 de mayo de 2007

La difícil tarea de reformar los malos hábitos

2008-02-20T03:22:00.000+01:00

Cuando hace diez años en el país empezó a hablarse de reformar el sistema de justicia penal, el estandarte de los reformadores fue la modificación del inoperante Código de Procedimiento Criminal.

Ese instrumento jurídico, vetusto y poco adaptado a la realidad del país (no hay que olvidar que se creó para regir el sistema penal de una sociedad feudal, agraria y europea), era visto con razón como uno de los principales obstáculos a un sistema de justicia eficiente.

No era para nada una idea nueva. Ya durante el siglo XIX, Pedro Francisco Bonó –entonces secretario de Estado de Justicia- se quejaba amargamente de un código que multiplicaba los presos preventivos y atoraba el sistema de justicia por la inmensa complejidad del proceso, incluso en los casos menos graves (informe al Congreso Nacional de 30 de septiembre de 1867).

También se lamentó de esta adopción Felipe Dávila Tomás de Castro, legislador y, después, presidente de la Suprema Corte, quien el 24 de enero de 1859 afirmó que el Código de Procedimiento Criminal era “la legislación de un pueblo remoto, de costumbres diferentes, de hábitos desemejantes, de idioma extraño, que habita un clima distinto y organizado con instituciones completamente distintas”.

Pero lo viejo de la idea no evitó que irrumpiera como tromba en una cristalería, estrellando las sensibilidades jurídicas de una comunidad de abogados acostumbrada a perpetuar el eterno ayer.

Sólo muy poco a poco se fue modificando la forma de pensar en torno al Código de Procedimiento Criminal hasta que, finalmente, fue aceptado por una parte significativa de los abogados.

El problema es que, por lo lacerante de la propuesta de cambiar el Código en su totalidad, el debate se centró en esa sustitución. De ahí que muchos de los que intervinieron en la discusión pública, en ambas partes, entendieron que la reforma se agotaba con el cambio de la ley.

Como consecuencia de esto, se ignoró que los reformadores proponían un cambio radical en todas las instituciones del sistema de justicia penal. Un cambio que debió de llevarse a cabo de manera coordinada.

No sólo esto no ha sido así (las dificultades para modernizar la Policía Nacional son el mejor ejemplo), sino que en muchos estamentos del sistema de justicia se ha olvidado que la nueva ley tiene como fin modificar la forma en que se hacían las cosas y no simplemente brindar un nuevo fundamento a viejos hábitos.

Por todo lo anterior es preocupante el reciente reportaje de Clave en el que se afirma que el nivel de presos preventivos ha vuelto a alcanzar niveles similares a los que tenía antes de la reforma. Es decir, los jueces están utilizando herramientas modernas para seguir viviendo en las cavernas.

Es bien sabido que la jurídica es una de las más renuentes al cambio en el universo de las profesiones liberales. Los abogados se benefician de que las cosas no cambien. Esto se acentúa cuando se trata de miembros de cuerpos semicorporativizados, como son los jueces. Sin embargo, la tendencia a repetir el pasado utilizando los mecanismos de una reforma tan profunda como la procesal penal ofende a la inteligencia y el deseo de progreso democrático que la justicia dominicana.

Lo que sucede es injustificable, por más que la asincronía de los procesos de reforma de las instituciones de justicia penal cree distorsiones en el sistema. El reportaje de Clave debe servir como llamada de alerta a todos los interesados en modernizar el sistema de justicia. No basta con cambiar leyes, la reforma no ha acabado y debe profundizarse. Las soluciones fáciles, como la de ampliar los plazos de prisión preventiva, no tendrán otro efecto que agravar un problema que ha vuelto a levantar cabeza.

El país se las verá siempre negras mientras las reformas que necesita (jurídicas o de cualquier otro tipo) sean sólo vistas como una oportunidad de hacer galas de un discurso público “moderno”, pero sin necesidad de comprometerse a largo plazo con resultados concretos. Aprobar reformas legislativas y luego dormirse en los laureles puede ser incluso peor que dejar las cosas como estaban. Si fracasa la reforma procesal penal –que es uno de los buques insignia del proceso de modernización del Estado-- nos arriesgamos a que se desprestigien los esfuerzos de reforma en sentido general. La consecuencia obvia de esto es que los dominicanos tendríamos que vivir durante décadas con más de lo mismo.

Clave Digital 5 de agosto de 2007

La peligrosa vacuidad del discurso patriotero

2008-02-20T03:20:00.000+01:00

El discurso, el uso de la palabra, tiene mucha mayor importancia de lo que a primera vista parece. La calidad casi mágica de la palabra es reconocida en casi todas las culturas. En sociedades como la nuestra, imbuidas de los valores judeo-cristianos, esto forma parte esencial de sus valores fundamentales.

No en vano las primeras líneas del primer capítulo del Evangelio según San Juan afirma que “En el principio existía la Palabra (…) y la Palabra era Dios. (…) Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada”. La palabra, el hecho de hablar, es poderosa. Por tanto, lo que se dice o se deja de decir tiene el efecto de alterar la realidad.

Esto es particularmente cierto en sociedades que se pretenden democráticas donde el flujo libre de ideas es la sangre que da vida al cuerpo político.

Los debates que determinan el rumbo a seguir necesitan de dos componentes fundamentales, las ideas y las palabras que las expresan. De ahí que el discurso de las partes enfrentadas en el debate político debe ser, en definitiva, la piedra angular de todo sistema democrático.

Lamentablemente, no siempre es así. Una de las discusiones más importantes en la República Dominicana adolece de argumentos sólidos por parte de algunos de los participantes. Me refiero a los patrioteros para los que es anatema todo lo que huela a haitiano o a domínico-haitiano.

Evidentemente, no me refiero a todos los que opinan que no les corresponde la nacionalidad a los hijos de indocumentados. Entre ellos hay mucha gente que sí está dispuesta al diálogo. A los que me refiero es a los que, a fuerza de desgañitarse lanzando improperios, ocupan las primeras páginas de los diarios de circulación nacional. Estos son muchos menos, pero son los más vistosos y la vacuidad de su discurso está teniendo efectos perniciosos en el país.

El problema es el siguiente: su discurso es negativo en el sentido lógico y por ello no pueden ni articular propuestas ni darle contenido. Se basa en el rechazo irracional y automático de lo que ellos entienden es una mácula a nuestro país, pero más de ahí no tiene sustancia alguna.

Sólo pueden intentar llenarlo con la idea trujillista –porque la promovieron los agentes intelectuales del régimen- de dominicanidad (aquella en la que no somos más que unos españoles perdidos en el Caribe), las teorías de la conspiración (buen ejemplo es el Canciller, que parece que nunca ha leído completos los informes de Amnistía Internacional o por lo menos se salta la parte donde atacan fuertemente al gobierno de los EE.UU.) y el abuso de una cita de Duarte sacada fuera de contexto (no olvidemos que hablaba del escarmiento de los traidores refriéndose a aquellos que buscaban siempre entregar el país a las potencias europeas y a los EE.UU., por eso lo dijo en ocasión de la Anexión y nunca refiriéndose a Haití).

A falta de lo anterior carecen de que aportar al debate. Pero ahí no hay sustancia, es imposible entrar en un proceso dialéctico con quien no tiene nada que decir y lo que sí dice lo repite como loro y a pleno pulmón. Por ello es que, a pesar de las décadas de propaganda y condicionamiento, no terminan de convencer a una mayoría significativa del país.

Una encuesta reciente reveló que distamos mucho de ser la exigua minoría quienes sostenemos que los hijos de indocumentados haitianos nacidos en el país son dominicanos.

Un 43% de los dominicanos sostiene esa posición. No somos un grupito, somos casi la mitad. Y es esto lo que no pueden comprender ni aceptar: que una parte importante de la población dominicana no se traga su discurso. Me atrevo a decir que eso es así porque se nos revela como lo que es: una pompa de jabón completamente vacía.

A falta de poder de convencimiento, buscan saldar la discusión a conveniencia suya mediante la imposición. Para ellos, nadie puede tener una opinión distinta. Todos debemos marchar al mismo paso y en la misma dirección.

La renuencia de tantos dominicanos a aceptar sus ideas, y su propia incapacidad para discutirlas, les han llevado a adoptar una posición inflexible, de todo o nada. No comprenden ni aceptan que existan voces como la de Sonia Pierre y muchos otros dominicanos. En su impotencia insultan y denigran a los demás, como es el caso del diputado que escribió un artículo insinuando que quienes no están con él son un“bando de parricidas y traidores”.

Llegan a tener la osadía de hacer de sus ideas un criterio fundamental de dominicanidad. Ante sus ojos, quien no las comparte deja de serlo inmediatamente. Triste de la democracia donde la disidencia no es aceptada. No es democrática una sociedad donde se puede amenazar con despojar de la nacionalidad a quien haga uso de su derecho a opinar.

La vacuidad de los ultraconservadores dominicanos es peligrosa. Porque no permite diálogo, sólo monólogo. Y donde no hay diálogo el argumento de la fuerza no tarda en hacerse presente. Creo que a los dominicanos nos ha tomado demasiado aprender a hablarnos los unos a los otros como para que ahora se quiera renunciar a ello.

Quienes comparten esas ideas, mas no el extremismo con que son expuestas por algunos, deben rescatar sus propias posiciones políticas de quienes las usan para agredir verbalmente a los demás. No tenemos que estar de acuerdo, pero debemos poder sentarnos a hablar. Un 43% de los dominicanos los esperan.

Clave Digital 17 de abril de 2007

La intolerancia grita más alto

2008-02-20T03:18:00.001+01:00

Hay temas que no pueden ser hablados en el país porque existe un sector de la población que, frente a las voces disidentes, se dedica al ataque personal y político más histérico que pueda ser imaginado. Uno de esos temas –aunque, reitero, no es el único- es el tema relativo a los dominicanos de ascendencia haitiana.

Los epítetos comienzan desde el momento mismo en que a alguien se le ocurre señalar la obviedad de que la Constitución no excluye a los hijos de indocumentados haitianos de la nacionalidad por la vía del jus soli.

Es posible que el argumento empiece con ribetes de racionalidad, mientras se cita la sentencia de la Suprema Corte de diciembre de 2005. Ahora bien, los diques se rompen cuando se señalan los múltiples y elementales gazapos jurídicos (por ejemplo la aplicación que hace en suelo dominicano de la Constitución haitiana) que convierten esa sentencia en un despropósito monumental.

Después de esto, el diluvio. La lluvia de descalificaciones es tan fuerte y apretada que impide ver a quien la emite que no son esos argumentos válidos, que en una democracia las ideas hay que debatirlas por sí mismas, sin caer en los insultos y sin intentar acallar a quien nos contradice. Que los hechos evidentes a los ojos de todos no se pueden cubrir con una negación ciega, como la del avestruz que, viéndose amenazado por un depredador, elige enterrar la cabeza en la arena.

Si quien defiende el derecho de esos dominicanos tiene, además, la condición de descendiente de haitianos, entonces los juegos se ponen pesados de verdad. Las vicisitudes por las que ha pasado Sonia Pierre no tienen que ser recordadas. Sin embargo, ahora su caso ha pasado a ser de antología. El desprecio que en el país tienen algunos por quienes se atreven a contradecirles se ha demostrado soberbio y mayúsculo.

Primero, lo simbólico. Con motivo del 8 de marzo se colocó en la verja que rodea el parque Independencia fotos y descripciones biográficas de 100 mujeres consideradas ejemplo de lucha y dignidad. Una de ellas es Sonia Pierre.

O era, porque hace pocos días una (o varias) persona(s), ejemplo seguro de tolerancia y civismo, arrancó de cuajo la fotografía de Pierre, la destrozó, la dejó tirada en la cuneta y se robó el material biográfico que la acompañaba.

Más que un acto vandálico, esto es una declaración política. No sólo se quiere hacer callar a Sonia Pierre, sino que tampoco se quiere que otros la escuchen o le hagan reconocimientos. Atacar el homenaje en el parque Independencia no es sólo una agresión a ella, sino a todos los dominicanos porque se nos quiere impedir, por medio de un acto de fuerza, que podamos formarnos nuestra propia opinión sobre su lucha.

Segundo, lo peligroso. Sectores de un conservadurismo ultramontano han convencido a algunos funcionarios de la Junta Central Electoral que recomienden a la Cámara Administrativa la cancelación del acta de nacimiento de Pierre. Se fundamentan en la supuesta falsedad de las afirmaciones hechas por quienes la declararon.

Esto, jurídicamente, es un disparate mayúsculo porque –como ya han declarado jueces de la misma JCE- este organismo no puede anular el acta en cuestión. Además de que para revocar la ciudadanía de Pierre se tendría que comprobar que ella fue cómplice de la supuesta falsedad en su declaración. Imagínense.

Lo que se persigue con esto es sacarla de la comunidad de ciudadanos dominicanos, es decir, condenarla a la muerte cívica y política. Los promotores de esta acción se evidencian no sólo como intolerantes, sino como torpes. Porque a nadie escapa que una iniciativa de este tipo no hace sino confirmar lo que fuera de aquí se proclama a voces: que en el país se quiere negar los derechos de la comunidad domínico-haitiana. Para prueba, ese es el proverbial botón.

No podemos permitir que la intolerancia siga corroyendo la sociedad dominicana. Los patrioteros intolerantes no nos representan a todos. Ni siquiera representan a todos los que están en desacuerdo con Pierre, la mayoría de los cuales están más que dispuestos a discutir el tema respetándola a ella y sus derechos.

No podemos permitir que pretendan hablar por nosotros. El disenso es un elemento fundamental de una sociedad democrática. Quien no esté dispuesto a aceptarlo debe saber que deberá enfrentarse en el debate público con el resto de los dominicanos: los que, sin importar nuestras diferencias, sí queremos que se respeten las opiniones ajenas.

Clave Digital 4 de abril de 2007

Avance sin rumbo

2008-02-20T03:14:00.000+01:00

Cuando en el siglo XIX Occidente se enamoró de la idea de desarrollo indetenible, la percepción del “progreso” era más o menos simple. No cabía discusión; se pasaba de un estado de barbarie inicial a uno de constantemente superados estadios de civilización..

Es decir, el progreso no sólo era imparable, sino lineal y –sobre todo- occidental. El siglo XX se encargó de desmentir esta utopía con sus crisis económicas, su barbarie bélica, sus genocidios, la amenaza permanente de aniquilación nuclear y la notoria crisis de Occidente como potencia hegemónica.

El mundo que nos dejó el siglo pasado es más sutil, más amenazante, menos seguro y predecible. Por ello, el concepto de progreso utilizado para regir y planificar los destinos de una nación tiene que estar acorde con la realidad social y política que vivimos en el siglo presente.

No podemos aferrarnos a posiciones que, en esencia son decimonónicas y creer que todo “progreso” nos hace mejores como sociedad. América Latina –y la República Dominicana en particular- ha tenido un crecimiento económico notable en la última década. Sin embargo, éste ha venido acompañado de un crecimiento inusitado de la desigualdad social. Esto es progreso solo para quienes todavía mantienen una visión desfasada y descontextualizada del avance de las sociedades.

Ya nadie –o casi nadie- acepta la idea de que el progreso social es una garantía solo condicionada por la velocidad de los acontecimientos. El atraso es posible y muchas veces ocurre tras bastidores, mientras en el escenario se nos presenta una obra impresionante. De nada nos sirve la apariencia de progreso si las bases estructurales de su sostenibilidad están siendo minadas con las mismas zapas que cavan los cimientos de los elefantes blancos que tanto gustan a nuestros gobernantes.

La República Dominicana es un país sin rumbo fijo. Avanzamos hacia ninguna parte. Un cuarto de nuestra población sufre hambre, no se invierte lo suficiente en educación, la seguridad social no termina de arrancar, no tenemos energía eléctrica confiable, desaparecerán las zonas francas, tenemos una de las tasas de mortalidad infantil más altas del continente, la inseguridad ciudadana continúa a niveles inaceptables y mil cosas más. Pero a pesar de esto, se quiere imponer el “progreso” de cal, cemento y varillas.

Y no sólo en el sector público ocurre esto. Una campaña televisiva de una empresa privada nos muestra improbables imágenes del futuro dominicano. Edificios de acero y cristal, impresionantes avenidas, bellísimos panoramas. Pero nada del nivel educativo, ni de la seguridad social ni de la vida de los más pobres.

¿A quién queremos engañar? ¿Es que alguien se siente tentado o atraído por visiones tan huecas? Parecemos olvidar que en los países de donde se tomaron esas imágenes, el progreso material ha estado precedido de esfuerzos concentrados y sostenidos por mejorar indicadores que, lamentablemente para los dominicanos, no se ven en las fotos ni pueden salir en los vídeos de las campañas políticas.

¿Qué rumbo seguimos? ¿Dónde vamos? Nuestra sociedad continúa sangrando profesionales y todavía sobrevive gracias a las remesas de los dominicanos ausentes. ¿Es esto progreso? ¿Es sostenible? ¿De verdad creemos que a una sociedad moderna se llega en Metro y no sobre libros de texto?

Las estadísticas y datos espantosos sobre la realidad dominicana son ya pan nuestro de cada día. Pero nos negamos a verlas, de la misma forma que nos negamos a aceptar la pobreza paupérrima en que viven los dominicanos. Es imposible esconder esa realidad detrás de promedios y cifras macroeconómicas. Nos engañamos cuando eso creemos. Nuestras clases dirigentes siguen apostando a un lujo de débiles cimientos mientras los gobernantes siguen desperdiciando recursos en obras no prioritarias. Nos comportamos como aquel que adquiere un automóvil de lujo pensando que basta con que su sueldo apenas alcance para cubrir la cuota mensual, y olvida que hay que contratar un seguro, echarle gasolina, pagar mantenimiento mecánico, cambiarle las ruedas, lavarlo con cera y rogarle a Dios y al Espíritu Santo que no lo choquen.

Como andamos sin rumbo, me reconozco incapaz de predecir dónde iremos a parar. Pero por lo que veo del paisaje a través de la ventana, no me parece que sea a ningún sitio bueno. Nos estamos olvidando de lo básico y construyendo un ídolo de cabeza de oro, pero pies de barro. Ojalá y rectifiquemos a tiempo.

Clave Digital 20 de marzo de 2007

Hambre

2008-02-20T03:13:00.000+01:00

En la República Dominicana se pasa hambre. Y mucha. Lo que resulta obvio para todo aquel que se interese en mirar más allá de los escaparates del Polígono Central (nuestro muy peculiar y cursi “pequeño Miami”), ha sido comprobado por estudios dados a conocer recientemente por el Programa para la Alimentación Mundial (PMA).

El nivel de subnutrición –es decir, de gente que ingiere menos calorías de las necesarias para alimentarse adecuadamente- es de 27%.

Así como suena. Uno de cada cuatro dominicanos no come lo suficiente. El progreso de cartón y los milagros económicos fundamentados en contabilidad financiera doble no les llega.

Lo reitero, se dice fácil. Uno de cada cuatro. Casi dos millones y medio de dominicanos. El equivalente de la población total del antiguo Distrito Nacional. Pasando hambre.

Los economistas, que son ases del lenguaje técnico, lo dicen en forma que casi esconden la dimensión humana de este desastre. Quizás sin quererlo, hacen suya la –probablemente apócrifa- frase de Stalin: “Una muerte es una tragedia, un millón de muertes es estadística”.

Quizás lo hacen porque a nadie le puede caber en el pecho el sentimiento de que tanta gente se consume a sí misma en la miseria más espantosa. Yo también me refugiara en las estadísticas. No me creo humanamente capaz de ver a los ojos a dos millones y medio de hambrientos.

Pero lo que mucha gente hace porque teme verse arrollada por ese terrible jinete apocalíptico, otras o hacen por que no les importa. Porque luchar contra el hambre no tiene rédito político ni económico directo.

Pavel Isa Contreras, desafortunado portavoz de esas terribles “viejas”, afirma que la lucha contra la desnutrición es, en términos generales, barata. Que con cuatro dólares al año –léase bien, al año- se puede salvar a un niño de las secuelas de por vida que causa la desnutrición. Son cuatro dólares al año. Alrededor de 150 pesos por niño.

Los que esperan que los tradicionales salvapatria se abalancen sobre la oportunidad que presenta esto para asegurar el futuro de la nación se pueden quedar esperando.

Porque nos “comerán” los haitianos, nos arropará la “inmoralidad”, nos hundirá tomar alcohol después de las dos de la mañana. Pero que dos millones y medio de dominicanos pasen hambre no es importante. ¿A quién le importa? Lo importante es seguir pretendiendo que en el país no pasa nada y que somos españoles tostados, caribeños e insulares.

Pero lo más grave es que la subnutrición –hambre, hablamos de hambre- alcanza incluso a quienes social y humanamente más intentamos proteger de ella: los niños. Hasta un 12% de los niños dominicanos sufre un grado de subnutrición –hambre, digo- tal que sufrirán taras vitalicias.

Eso, un octavo de la población dominicana se verá afectada de manera irreparable, física e intelectualmente, por el hambre. Ese es el futuro que nos espera, al margen de las visiones rosas de aquellos a quienes no les importa la realidad, los que viven empecinados en creerse los mitos de un progreso que se construye sobre la miseria ajena.

Lo más sorprendente es que el hambre alcanza incluso a los niños de nivel-socio económico alto (parece que los corn flakes con skimmed milk y los pancakes con maple syrup no alimentan tanto como un ordinario mangú con salami).

Casi un 5% de los niños del quintil más rico de la población pasa hambre. Será que la cultura de la miseria ajena está tan arraigada que ya la asumimos como normal y propia.

Hambre. No tiene otro nombre. Mientras llega el progreso y vamos pa’lante, mientras se gobierna para todos, pero sin olvidarse de los suyos, la gente pasa hambre.

Me gustaría ver que alguno de los políticos del patio o de los empresarios tan dados a pontificar, asuma este reto como la razón de su vida pública.

No lo espero ni lo creo necesario, los dominicanos hemos sabido sobrevivir a pesar de ellos. Pero mientras tanto, pasamos hambre. Y una que va más allá del hambre y sed de justicia proverbiales, porque además de ser más urgente, no tiene dolientes ni seculares ni laicos.

Esto no es sostenible. El hambre no puede ser la base del progreso. El Estado está llamado a enfrentar este problema. Ya. Ahora. Ayer. Los dominicanos merecemos que nuestros conciudadanos no pasen hambre.

Es necesario que esto se convierta en la principal misión del Estado. Reitero, no lo espero como acción espontánea, sino sólo como resultado de la presión que podamos ejercer. Hasta que no lo hagamos seguirán los oídos sordos y los ojos vendados. Y, mientras tanto, pasearemos el hambre en Metro.

Clave Digital 20 de febrero de 2007

De ciudadanos y alcoholímetros

2008-02-20T03:11:00.001+01:00

Mucho se ha hablado de la pasión del dominicano por la bebida mientras maneja desde que en diciembre se anunciaran la prohibición de consumir alcohol mientras nos encontramos al volante y de la medición, de ahora en adelante, del nivel de alcohol en la sangre de los conductores.

Se han comentado mucho también nuestras malas costumbres y nuestra renuencia a abandonarlas en aras del bien común. Otros han afirmado que ya era hora que una “autoridad” nos pusiera a todos en nuestro puesto, porque eso es lo que los dominicanos necesitamos: que nos dominen.

Como opino que la medida en sí misma es conveniente no me concentraré en la crítica a su sustancia. De hecho, pienso que cualquier ciudadano responsable estaría de acuerdo con ella siempre y cuando se hubiera tomado en la forma regular. Ahí está precisamente el quid del asunto. Quienes defienden esta medida –junto con la prohibición de que se expenda alcohol más allá de ciertas horas de la noche- lo hacen argumentando que son beneficiosas en sí mismas para la sociedad dominicana. Este punto es debatible, pero en mor de enfocar correctamente el tema lo aceptaremos como bueno y válido.

El conflicto aparece cuando reparamos en cómo se tomó la decisión y cómo se pretende imponer. En el caso del decreto que prohíbe la venta de alcohol, el Presidente excedió sus facultades constitucionales. Es al Congreso al que corresponde convertir en ley este tipo de medidas. De igual forma, el secretario de Interior y Policía no puede prohibir por vía reglamentaria el consumo de bebidas en el interior de un automóvil en marcha

¿Por qué discutir esto es esto importante? Porque, en una democracia constitucional, el ejercicio del poder es significativo en sí mismo. La forma en que se hace algo es tan trascendental como el fondo de lo hecho. El bien común sólo puede ser buscado por las vías y métodos constitucional y democráticamente aceptados.

Si el Presidente y el secretario de Interior justifican sus facultades en la Constitución y las leyes, deben entonces respetar estas últimas al momento de ejercer las primeras. Así de sencillo. Las cosas buenas también hay que hacerlas bien.

No es ocioso el argumento, y dos cuestiones lo comprueban. Primera, el hecho de que cuando los gobernantes empiezan a tomar decisiones en forma arbitraria por el “bien” de la comunidad entramos en una pendiente que es conveniente evitar en democracias frágiles como la nuestra. No es conveniente olvidar que el decreto presidencial limitando la venta de bebidas alcohólicas ha venido acompañado de un virtual toque de queda en horas de la madrugada.

Segunda, que estas medidas serán efectivas siempre y cuando los ciudadanos no se sientan atropellados por ellas. La forma en la que se han tomado no ayuda a que sean aceptadas por la generalidad. Me explico, la resolución del secretario de Interior fue tomada de manera sorpresiva y unilateral. Esto quizás sea aceptable en otros regímenes, pero los dominicanos están más acostumbrados a vivir en democracia de lo que la clase política imagina. Inmediatamente después de ser anunciado el uso de alcoholímetros, la gente comenzó a preguntarse dónde se presupuestó el dinero, quién garantiza su correcto funcionamiento y, sobre todo, quién evitará que esto se convierta en una nueva fuente de macuteo.

Todo lo anterior pudo ser evitado si el gobierno hubiera recurrido a los mecanismos constitucionalmente establecidos. La prisa nunca es buena consejera y mucho menos lo es la percepción de que no debemos consultar a nadie en nada, porque nos conduce a la idea de que podemos tomar todas las decisiones inconsultas que deseemos. Esto es molesto en las relaciones personales, pero peligroso en quienes ejercen el poder.

Sería conveniente que las autoridades dejaran de ceder a la tentación de ejercer el poder paternalmente y aceptaran las reglas del juego democrático. Discutir públicamente y hacer aprobar medidas como estas por el Congreso hará mucho por aumentar su legitimidad popular y jurídica. No sólo los ciudadanos debemos someternos a las normas, los gobernantes también.

En todo caso, nuestros gobernantes deben recordar la lección que conoce incluso el menos avispado de los estudiosos de la historia: que los logros que se alcanzan por las malas tienen a disolverse cuando sus propulsores dejan el poder.

Clave Digital 6 de febrero de 2007

Un Metro bajo tierra

2008-02-20T03:07:00.000+01:00

Todo aquel que gusta del cine gusta también de los clásicos del género gansteril. El Padrino, Caracortada, Goodfellas, Mean Streets, Casino, Donnie Brasco y Pulp Fiction son algunas las películas de este tipo más fácilmente reconocibles para mi generación.

El género es uno de los más ricos del celuloide y ha hecho aportes a la cultura popular universal, principalmente por la vía de la inclusión de frases nuevas en el lenguaje. Es paradigmático el caso de El Padrino, antes de la cual ningún jefe mafioso ostentaba ese título. Pero dada la popularidad del filme, los clanes mafiosos empezaron a utilizar su terminología en la vida real.

Entre las frases popularizadas por el género –aunque no creada por él- está la que reza que, al final, todos dormimos dos metros bajo tierra. Por lo general, la frase es utilizada para aludir a la muerte de las personas, pero en nuestro país es más apropiada para referirnos a nuestras esperanzas. Parece como si el futuro de la nación fuera lo último en lo que piensan los gobernantes dominicanos. Las prioridades del Estado están divorciadas de las necesidades y realidades de la gente.

Si a alguien le cabía duda de esto, sólo tiene que revisar la historia de la construcción del Metro y su relación con los presupuestos de algunas de las carteras socialmente más importantes. Desde hace meses se viene hablando de cómo el Gobierno está gastando más dinero en el Metro de lo que esperaba y cómo esto le obliga a obtener los recursos del presupuesto de secretarías como las de Educación y Salud.

Pero el colmo de los colmos es la noticia de que la administración Fernández sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley que despoja a Educación, Salud y Agricultura de 854, 706.9 y 150 millones de pesos respectivamente, mientras le asignaba 1,100 millones al Metro, todo del presupuesto del año por terminar.

Ahí no para el asunto: ya se ha anunciado que el Estado no cumplirá con el compromiso adquirido en 2005 de incrementar en un 1% el presupuesto de Salud y Educación. Claro, el Metro tiene asegurados al menos 10,000 millones de pesos.

El mensaje no puede ser más obvio. Para las presentes autoridades el futuro dominicano depende más de las inversiones en el Metro que de otra cosa. Seguiremos siendo un país carenciado, con deficiencias educativas y de salud pública, pero tendremos Metro y eso, aparentemente, suple todas las faltas.

No importa que la UNESCO haya llamado la atención al país porque somos los únicos en toda América Latina que destinamos a educación menos del 2% del Producto Interno Bruto.

Ni tampoco que seamos el séptimo país con mayor mortalidad infantil en toda la región llegando a morir 7,000 de los 211,000 nacidos en 2005. No, nada de eso importa porque tendremos Metro. Ya para este año se han pedido préstamos por el monto de casi 54 millones de euros.

No exageraba quien al mirar las excavaciones que se hacen en la Máximo Gómez me dijo “Eso se ve pequeño, pero ya verás que el país entero va a caber en ese hoyo”.

Y está cabiendo. Los recursos y el interés del Gobierno están centrados en esa cicatriz que surcará no sólo la ciudad, sino la conciencia nacional. Porque ¿a quién se le ocurre que necesitamos más un Metro que educación y salud? ¿En qué piensan los que toman estas decisiones? Sorprende que a esta altura del juego los caprichos presidenciales tengan mayor importancia que el bienestar nacional.

No hay defensa posible de lo que sucede. Como tampoco la hay de la pasividad con la que lo aceptamos. Si en el país faltan políticos con visión de Estado, faltan también ciudadanos con conciencia de su papel.

Mientras tanto, el despropósito sigue adelante y descarrilará nuestro futuro. En verdad se puede decir que –como en las películas de gánsteres- nuestra esperanza dormirá un metro bajo tierra. Y uno, en vez de dos, porque no da el dinero y para que la cercanía con la superficie nos permita distinguir la fetidez de nuestro fracaso en invertir en el futuro.

Clave Digital 9 de enero de 2007

Nos hace falta vergüenza

2008-02-20T03:04:00.001+01:00

Desde los tiempos de la Independencia, una de las principales características del pensamiento dominicano ha sido la percepción negativa que tenemos de nosotros mismos. Sabemos que vivimos en una sociedad injusta, donde se privilegia la chulería y la viveza por encima del conocimiento y el trabajo.

Hay acuerdo sobre los síntomas, pero no sobre el diagnóstico: para algunos, nos hace falta educación, para otros, conciencia cívica. Y no falta quien afirme que el problema se soluciona con mano dura.

Al final, no nos ponemos de acuerdo sobre nuestras carencias. Quizá tiene razón el observador electoral extranjero que una vez confesó que lo que más le sorprendía de nosotros es que hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Y eso sólo sucede cuando todo da igual, cuando no se percibe la diferencia entre una y otra forma de actuar. No nos ruborizamos ante nada. Por eso voy más allá: creo que lo que nos falta es vergüenza.

Tres hechos de la pasada semana ponen lo anterior en la más absoluta de las evidencias.

Primero, el injustificable despido del periodista Adolfo Salomón de Color Visión, luego de ocho años de trabajo. La causa de la cancelación escapa a la comprensión. Resulta que Salomón cometió el error de hacer algo aparentemente inaudito en el periodismo dominicano: formularle una pregunta difícil a una personalidad pública. Refresquemos el contexto: en una actividad organizada por las Fuerzas Armadas en su honor, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez retomó el tema que más le gusta: el de los homosexuales. Como ya nos tiene acostumbrados, los relacionó con todas las catástrofes y plagas bíblicas y no bíblicas que puedan ser imaginadas..

Salomón le preguntó sobre la homosexualidad en la Iglesia Católica. Ni hablar de la reacción del Cardenal. Lo penoso es que el secretario de las Fuerzas Armadas enviara una carta a Color Visión “censurando” la pregunta y sugiriendo la amonestación del periodista. Las consecuencias son de todos conocidas.

Segundo, las jeremiadas del Canciller dominicano por la condena del país por o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la visita de congresistas estadounidenses a bateyes dominicanos. En el primer caso, el Canciller ha pasado de lo ridículo a lo patético. Al parecer, ni siquiera conoce el fondo del caso, puesto que las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico tienen ambas madres dominicanas. La sentencia no otorga la nacionalidad a nadie, sino que condena al Estado dominicano por negarse a entregarle actas de nacimiento a dos niñas a quienes les corresponde la nacionalidad dominicana tanto por el ius soli como por el ius sanguini. En cuanto a lo segundo, asombra que el Canciller se indigne porque nos digan verdades obvias y no por la pobreza insultante en la que viven los habitantes (dominicanos y haitianos) de los bateyes Máxime cuando durante muchos años fue alto empleado de un consorcio extranjero que manejó vastas extensiones de la región Este como si fuera un feudo privado. ¿Es ahora cuando le ofende lo extranjero?

El tercer caso es la reapertura de Praia. Luego de una orden judicial en la que se afirma que la empresa no tiene nada que ver con los hechos de sus empleados, ese centro de exclusión fue reabierto. Eso es grave, pero no lo más grave. El sábado por la noche, la Gustavo Mejía Ricart estaba intransitable. No cabía un vehículo o peatón más mientras los “niños bien” de la ciudad celebraban poder volver a Praia. Expresaban una algarabía ciega justo en el punto exacto donde hace menos de tres meses se desangraba hasta morir Pura Alexandra Rodríguez. Su asesinato no fue más que un inconveniente que suspendió la diversión sin remover sus conciencias.

Debería avergonzar al Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas su atrevimiento de convertirse en censor de la prensa. Debería avergonzar al ejecutivo haber despedido a Alfonso Salomón por cumplir con su responsabilidad. Debería avergonzar al Canciller tener una dignidad tan selectiva. Debería avergonzar a todos y cada uno de los jóvenes que celebraron la reapertura de Praia no molestarse por la sangre vertida.

Pero no se avergüenzan. Por eso, como decía Francisco Moscoso Puello, la vida en el país es como el buey en la noria: siempre vuelve sobre sus mismos pasos.

Mientras tanto, los dominicanos que sí tienen sentido del pudor sienten vergüenza ajena. Pero esto no es suficiente. Hay que hacérsela sentir a los demás, porque no es cierto ni aceptable que todo, absolutamente todo, da igual.

Clave Digital 12 de diciembre de 2006

2008-02-20T03:03:00.000+01:00

Tenía pensado iniciar esta semana la serie sobre reforma constitucional que adelanté en el artículo anterior. Sin embargo, la reacción histérica de los seudopatriotas dominicanos frente al premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos recibido por Sonia Pierre, directora ejecutiva del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), en Washington D.C., me ha hecho reconsiderar mi propósito.

La sola mención de Pierre es suficiente para que un sector de la sociedad dominicana se vea poseído por un impulso irresistible por descalificarla, tiembla de manera incontrolada y suda frío. Es una voz a la que creen que hay que callar porque dice cosas incómodas. Con ocasión del referido premio, Pierre volvió a denunciar los malos tratos y desconsideraciones a que son sometidos los dominicanos de ascendencia haitiana.

Bastó con esto para que se enfilaran hacia ella los dardos de la intolerancia cerril que algunos quieren hacer pasar por amor a la patria. Y apelaron de inmediato al método de los que no tienen con qué responder al otro: la descalificación personal. Como Pierre es negra y además de ascendencia haitiana –aparentemente el peor pecado que puede cometer un dominicano- se le cuestionó su condición de dominicana. Un articulista de este mismo medio tuvo la osadía de llamarla “circunstancialmente dominicana” como si su propia nacionalidad y nacimiento –y el de todos los seres humanos- no fuera igualmente circunstancial.

Pero los cancerberos de la nacionalidad no se detienen ante esto, incluso han llegado a proponer que se la juzgue por alta traición, como si denunciar lo obvio fuera una falta. La comunidad internacional es un foro legítimo para que los dominicanos denuncien los agravios de que son objeto en el país.

No es posible esperar que el mismo Estado que permite el abuso se convierta en un interlocutor para la solución del conflicto. Las páginas de nuestra historia están llenas de personas que pagaron con la vida el uso de su voz para protestar dentro del país. Desde siempre, quejarse en el extranjero ha sido un componente vital de la lucha política por la democracia y la igualdad en el país. Los ejemplos abundan sin que nadie los cuestione. ¿Quién se atreve a alzar su voz contra el PRD, que denunció internacionalmente en 1978 el intento de fraude para prolongar la dictadura de los “doce años”? ¿Quién de ellos se atreve a señalar con el dedo a Leonel Fernández, que se encargó personalmente de denunciar el fraude de 1990 ante todos los foros internacionales posibles?

Envolverse en la bandera para justificar la intolerancia es hipócrita, máxime cuando los ultranacionalistas y seudopatriotas no critican hechos en los que verdaderamente se la mancilla.. Como cuando se usó para esconder la sangre de miles de dominicanos que manaba del ataúd de Joaquín Balaguer. O cuando sirvió para rendirle honores a Donald Reid Cabral, el golpista bonachón.

Es que no se trata de la defensa del país o de la democracia. Se trata de callar a Sonia Pierre porque nos pone en evidencia. Se trata de proteger un racismo institucionalizado que niegan pero del que ellos mismos, con sus descalificaciones xenófobas, son la mejor prueba. Tampoco se trata de amar el país, porque amar a la República Dominicana es amar a los dominicanos incluyendo a aquellos que por su ascendencia les resultan incómodos a las sensibilidades haitianófobas.

El esfuerzo constante de silenciar a Sonia Pierre responde a la concepción mafiosa de la democracia, donde lo que prima es la ley del silencio -la omertá- que cubre la vergüenza de las injusticias que se cometen en el país. Esa lógica no puede ser aceptada. Vivimos en una democracia, no en una familia mafiosa. Los vicios que se esconden son los que nunca lograremos curar. Los falsos patriotas no pueden decidir por sí solos las cosas de las que se puede hablar ni donde podemos hacerlo.

El debate público tiene que ser abierto; lo contrario no sirve sino para minar las bases de la convivencia democrática. La ley del silencio apuesta a que todo siga igual, que nada cambie nunca y eso es inaceptable. Creo, con Camus, que la mejor muestra de amar el país es demostrar un amor crítico, exigente. Esa es una forma perfectamente legítima de colaborar con el mejoramiento de la sociedad dominicana. Los sueños de igualdad y armonía social no prosperarán si no analizamos las causas de las pesadillas que hoy vivimos.

La omertá debe quedar donde pertenece, en la iniquidad de la mafia y en la gloria cinematográfica de El Padrino. Pero no tiene ningún lugar, ninguno, en una sociedad democrática. Por más que le pese a algunos.

Clave Digital 28 de noviembre de 2006

Para hablar sobre reforma constitucional

2008-02-20T03:00:00.000+01:00

Es verdad de Perogrullo decir que la sociedad dominicana tiene ante ella un reto importante con la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República. Mucho se ha escrito y opinado –aunque no lo suficiente- y es previsible que en el próximo año el tema siga ocupando un lugar importante en la opinión pública.

Como suele suceder en esta materia, los enfoques varían de acuerdo a quién hace el análisis. Los abogados tienden a analizar el posible contenido de la reforma, mientras que los sociólogos y politólogos se centran en el proceso y su naturaleza política. Creo que se enriquecería mucho el debate si ocurriera lo contrario.

Es decir, que los científicos sociales estudien los efectos que en la dinámica política y social dominicana tendrían reformas particulares; y que los abogados nos fijemos en la relación entre los procedimientos de reforma y el ejercicio de poder que implican.

Este es el primero de una serie de artículos en los que pretendo abordar la reforma constitucional desde un enfoque jurídico, pero atendiendo a los problemas de legitimidad democrática y la dinámica del poder que se presentan durante el proceso de reforma.

Lo primero que debemos observar es que la Constitución no es puramente una norma jurídica. Dados su objeto, naturaleza y fuente de legitimación, debe ser considerada una norma política. Es la fuente misma del Derecho y, por tanto, no puede decirse que tiene una fuente jurídica porque no puede ser fuente de sí misma. La fuente de la Constitución es una idea determinada y comúnmente aceptada (o aceptada, por los menos, por quienes la pueden imponer) de cómo organizar la distribución y el ejercicio del poder en una sociedad.

Como su objetivo es alterar las reglas públicamente reconocidas de ejercicio del poder, la reforma constitucional no puede ser considerada un proceso sólo jurídico. Al contrario, es un proceso político que puede llevarse por el cauce jurídico con la sola intención de que adquiera predictibilidad.

Es justo y necesario, entonces, diseccionar la propuesta de reforma constitucional que ha presentado el presidente Fernández atendiendo a la manera en que la forma distribuye el poder de manera democrática o cómo lo concentra, dándole continuidad a la tradición cerrada del constitucionalismo dominicano.

Es difícil que haga sólo una de ambas cosas: liberalizar o concentrar. En realidad, la complejidad de la reforma constitucional dificulta su análisis cuando se introducen elementos novedosos en ella. No es sólo un cambio de reglas de juego, sino el cambio de las reglas de juego para el cambio de las reglas de juego. Este galimatías conforma un nudo gordiano que ha generado discusiones interminables entre los teóricos del Derecho Constitucional. Lo único que puede permitirnos cortar el nudo es el reconocimiento del papel que juega la política (entendida en su sentido amplio y no partidista) como elemento determinante y suprajurídico del problema.

Así las cosas, es legítimo discutir sobre la forma de la reforma. Y esto aunque los defensores de la propuesta presidencial hagan alardes de estar “ganando” una discusión que no se ha podido dar. El argumento de que “hay que esperar a ver” qué trae la propuesta es una falacia. Como trataré de probar en otras entregas, en materia de reforma constitucional la forma es más importante que el fondo. Entonces, el proceso puede ser criticado precisamente porque está en marcha sin que se sepa (o más bien, sin que se diga claramente) cómo se va a llevar a cabo la reforma o cuál será su resultado final.

Es importante ver, desde ahora mismo, cómo el procedimiento que se utilizará afecta la legitimidad democrática de la reforma. No hay que olvidar que la promesa fundamental detrás del procedimiento es que implicará una “revolución democrática”. ¿Será así? ¿En realidad se tratará de un proceso con procedimientos verdaderamente democráticos? ¿O hablaba el Presidente solamente del contenido que tendrá la reforma? ¿Es lo mismo “revolución democrática” que fortalecimiento institucional? Que no lo sepamos y que a nadie se le esté consultando sobre el procedimiento de reforma –tal y como se lleva a cabo ahora-- es, en sí mismo una respuesta.

Clave Digital 14 de noviembre de 2006

Esperanza en La Ciénaga

2008-02-20T02:57:00.002+01:00

En este país de simulaciones y prejuicios, modernidad es un Metro y “sociedad” son unos pocos. Por eso nos pasamos buscando soluciones fatuas e ignoramos nuestros mejores valores. Una de las consecuencias de lo anterior es la creencia (más extendida de lo que parece) de que la riqueza material y la “alta alcurnia” son sinónimos de virtud. Aparte de lo demostrablemente falso de la afirmación, su contraparte lógica es perversa: los pobres son pobres porque se lo han buscado, por haraganes o porque se lo merecen.

Este mito, justificador de la injusticia social, distorsiona nuestra visión de la realidad dominicana. Mientras celebramos constantemente a los más afortunados –sin importar el origen de sus fortunas, su reciedumbre ética, su conciencia ciudadana y el nepotismo al que en muchos casos deben su “éxito”- condenamos de manera inmisericorde a los más desfavorecidos. Los pintamos como una “masa” indefinible, brutal e ignorante que sólo sirve de retranca a la “modernidad” y el progreso.

Se sostiene que esta “masa” tiene la culpa de todos nuestros atrasos: de las deficiencias democráticas, de la corrupción, de la crisis eléctrica, del problema del transporte, de la falta de educación, de la pobreza misma. Se les considera incapaces del más mínimo de los esfuerzos positivos. Todo esto es un prejuicio. Para darse cuenta uno sólo tiene que preguntarse si las víctimas del sistema pueden ser responsables por lo que han hecho los gobernantes durante 162 años de vida republicana. Nadie está libre de culpa por el desastre que siempre ha sido nuestro proyecto común, pero cargarle el dado a los que nunca han gobernado es un acto de hipocresía injustificable. Las mayores culpas descansan sobre los hombros de las élites políticas o fácticas que todavía hoy nos rigen.

Lo anterior viene a cuento por una experiencia que tuve hace pocas semanas. No es la primera en este sentido, ni creo que será la última, pero es valiosa para ilustrar la miopía de los dominicanos.

A finales de agosto acudí al barrio de La Ciénaga a una presentación teatral organizada por jóvenes del sector y la Parroquia San Martín de Porres. Quien me invitó fue Elisa Veras, una de esas personas cuya calidad humana le da una lección de humildad a cualquiera. Cuando llegamos estaba lloviendo a cántaros. Como andábamos en un automóvil nos abrieron la verja del plantel escolar donde se celebró la actividad. Mi primera reacción fue comentarle a Elisa lo impresionante del edificio y decirle que a pesar de los pesares el Estado a veces cumple con su papel. Ella dejó pasar un momento y me respondió que la escuela la habían construido los habitantes del barrio. Primera lección.

La lluvia era tal que la entrada al salón de actos estaba inundada y Elisa y yo pensamos que se suspendería la actividad porque, además, no había llegado nadie. Pero mientras nosotros nos preocupábamos por no mojarnos nuestros piecitos, los muchachos del grupo teatral armaron un puente con sillas y en cuestión de minutos pasaron más de cien personas. El temporal no retuvo a nadie en su casa y en menos de media hora el salón estaba atestado por al menos trescientas personas, muchas de pie. Una vez dentro, Elisa -nuevamente haciendo de Virgilio- me comentó que ella había aprendido que en los barrios pobres los tiempos no son iguales que en el Polígono Central. Allí las cosas se hacen cuando se puede, es decir, cuando la precariedad lo permite. Hasta la puntualidad resulta ser un lujo en este país.

Pero la gente fue, llenó la sala. Y que bueno. En la medida que salían los actores y montaban sus escenas me encontré riéndome con gusto de manera constante. Las actuaciones eran más que adecuadas y el salero que le pusieron a los personajes lo he visto pocas veces en mi vida. Las adaptaciones de comedias que hicieron –incluyendo una de Cervantes- fueron excelentes. Y todo lo lograron sin el apoyo institucional ni económico que nunca falta en otros lados. Estos jóvenes superaron todos los obstáculos imaginables para brindarle a su comunidad una tarde de diversión sana, pero además un ejemplo inmejorable.

No puedo dejar de expresar mi admiración por el Grupo de Teatro Nueva Generación. Su “Noche de Risas” fue para mí algo más que un momento agradable. Me confirmó que la esperanza de los dominicanos no está en las revistas sociales ni en las reuniones de élite. Descansa en quienes hacen lo mucho de lo poco, y lo hacen juntos. Gracias a Elisa, a Wilson, a José Manuel, a Javier Vidal s.j. y a todos los miembros del Grupo de Teatro. En esfuerzos como el suyo es que los dominicanos encontraremos el camino hacia una sociedad justa, que premie el esfuerzo y no el origen social. Ojalá que su ejemplo sirva para que muchos dominicanos aprendan la misma lección que yo: La esperanza de este país reside precisamente en aquellos a quienes hoy les negamos las oportunidades.

Clave Digital 10 de octubre de 2007

La alfombra roja de Praia

2008-02-20T02:53:00.001+01:00

En el país sólo queremos ver los problemas cuando ya hemos pagado un altísimo precio por haberlos ignorado. Todos sabemos de siempre que en el Polígono Central (el “Pequeño Miami”, como lo describió insuperablemente José Oviedo) hay locales que se reservan el “derecho de admisión”. Un eufemismo para decir que allí no entran negros, muchos mulatos y la inmensa mayoría de aquellos a quienes no se les vea chorrear el dinero.

El famoso letrerito y el energúmeno que ponen en la puerta no tienen otra función que permitirle a los jevitos de la “high”, al “in crowd”, la ilusión de que en verdad viven en otro país. Es así como pueden jugar a ser los “beautiful people” de una ciudad extranjera. Las humillaciones sufridas por Dios sabe cuántos dominicanos desde que se implantó la odiosa costumbre son el precio que pagamos todos para que algunos creídos vivan una ilusión inútil.

Naturalmente, aparece siempre quien defienda el supuesto derecho a discriminar de los dueños de bares y discotecas. Moralmente indefendible, se aferran a dos argumentos igualmente insulsos. Primero, que los dueños del bar dejan entrar a quien les dé la gana y segundo, que los bares son como clubes privados en los que el derecho de admisión es aceptado. Ambas afirmaciones son falsas. Primero, un bar no es una casa, es un lugar público, sujeto a las normas legales de orden público, entre las cuales está –desde 1997- la prohibición de discriminar. Un letrero que diga “Nos reservamos el derecho de admisión” no faculta a violar la ley. Y menos en un sitio público, aunque sea propiedad privada. Pero tampoco es un club, porque en éstos sólo entran quienes pagan la cuota; en los bares, no es ese el criterio para permitir la entrada. Son otros, muy evidentes.

Demostrada la invalidez de este “derecho”, se recurre entonces al repugnante argumento de que “todo el mundo tiene que saber cuál es su puesto” o al de ceguera voluntaria que ignora que en el país se discrimina la gente por su color de piel. Estas posiciones me dan pena y vergüenza ajena. No entiendo cómo alguien puede consentir alegremente que a otro se le maltrate de esa forma y por esas razones. Es el colmo del egoísmo y la negación del sentido de empatía y solidaridad que le da sentido a la humanidad. Aceptar esas injusticias sólo porque no nos afectan o porque nos hacen la vida más cómoda me parece inaceptable. Y no es que todos tengan que salir a la calle a piquetear Praia, Blanc o Loft. Quizás sea mucho pedir. Pero al menos que no lo justifiquen.

Y es que esto es lo peor. Porque ahora, ante la muerte de Pura Alexandra Núñez, se quiere soslayar el racismo impenitente de esos locales para hablar de que si los dueños tienen derecho (que no lo tienen por más letreros de N.R.D.A. que pongan) o de si el acto del (in)seguridad estuvo justificado o no (que no lo estuvo, a menos que una pedrada a vidrio justifique agotar medio cargador de una pistola).

No se trata de que el acompañante haya partido veinte mil cristales en esa discoteca. Se trata de que estos locales tienen políticas de ingreso discriminatorias y ponen a hombres armados para que las ejecuten. Si usted pone una persona armada en la puerta de su local y le da instrucciones para impida la entrad de cierto grupo de subhumanos, y además le pone un arma en la mano, es se está buscando que pasen cosas como la comentada. Porque ese tiro no se le hubiera pegado jamás a una persona de un círculo social distinto.

Y si muestra se quiere, aquí va el botón: ¿cuántas veces han ocurrido líos a botellazos en este y otros locales sin que a un niño “bien” le pegaran un tiro? Praia es uno de los locales donde se acepta todo tipo de comportamientos siempre y cuando se esté o sea “in”. Recordemos que a finales del año pasado se expulsó del local a una joven porque rechazó los avances del pésimo actor Vin Diesel.

¡Ah! Pero Vin Diesel no es un indeseable ni se le cierra la puerta. Al contrario, se expulsa a quien se le resiste. Como se le dispara a quien se piensa que se puede. Mientras tanto, el silencio cómplice de quienes creen beneficiarse de esta situación seguirá fomentando esta conducta. Ya sea por inconciencia o porque no les importa. Pero les duele más el cierre de Praia que la discriminación y la muerte. De lo que no se dan cuenta es que la alfombra roja sobre la que los reciben en ese tipo de lugares tiene a partir de hoy un color más intenso y una mancha imposible de borrar.

Clave Digital 26 de septiembre de 2006

Los errores del Secretario

2006-09-24T14:41:00.000+02:00

Si a los dominicanos nos faltaban pruebas de las consecuencias funestas que tiene nuestra incapacidad de asombro, deberían bastarnos las declaraciones del secretario de Salud Pública y Asistencia Social sobre el manejo que hizo su cartera de la epidemia de dengue que ya se ha cobrado alrededor de 30 víctimas contadas.

En entrevista publicada en Clave Digital el pasado 9 de septiembre, Bautista Rojas Gómez consideró un “error” haber ocultado a la población los detalles de la incipiente epidemia.

Dijo el secretario: “Hubo el temor de que la realidad sobre el dengue se supiera públicamente, es decir, la verdad se estaba ocultando, aunque en la página de la Secretaría el informe de Tolerancia Cero está desde octubre”. Es decir, que a pesar de Salud Pública conocer perfectamente lo que sucedía las “preocupaciones” le impidieron al funcionario hacer su trabajo. Lo que es peor, ocultó conscientemente la verdad, perdiendo una oportunidad de oro para contrarrestar a tiempo el avance de la epidemia.

¿Qué preocupaciones le llevaron a actuar de esta forma? Evidentemente que no fue la de hacer bien su trabajo, porque en ese caso habría dado la necesaria alerta pública. Todo indica que no se quiso dar la alerta por temor a las consecuencias políticas que tendría reconocer que el problema del dengue no se había atendido de manera eficaz. Es decir, el secretario puso el cálculo político por encima de su deber como encargado del sistema de Salud Pública.

Yo me pregunto, ¿cuántos muertos ha costado esta dilación? ¿Cuántos infectados estarían sanos hoy? La confesión del secretario es por sí sola espeluznante. Pero lo que indigna y da rabia es la irresponsabilidad de la confesión y que no haya consecuencias. En un país que se respetara a sí mismo o entre gente seria, este ejemplo de incompetencia rayana en lo criminal implicaría la renuncia inmediata o la destitución fulminante. Pero aquí no va a pasar nada, como nunca pasa nada.

La “modernidad” en la que nos están sumiendo se parece cada vez más a las tiranías orientales, donde la única medida del bien y del mal es el agrado o desagrado del gobernante. Asombra que el secretario de Salud mantenga su puesto a pesar de haber incurrido en un acto de tanta gravedad. ¿Dónde está la responsabilidad política que se exige en una democracia? ¿Dónde está la responsabilidad personal de este médico que puso otros intereses por encima de la vida de decenas de dominicanos? Y, a falta de estas cosas, ¿dónde está la decencia personal que lleve a su renuncia o destitución?

No es aceptable que esto suceda. Es muy grave que la población se entere de una epidemia mortal como el dengue sólo por la denuncia de médicos en un hospital donde están muriendo niños. Niños, lo subrayo. Y todo esto mientras Bautista Rojas oculta información que pudo salvar vidas. Todavía el 9 de este mes, cuando las víctimas se contaban por decenas, el señor secretario hablaba de la posibilidad de que el “brote” se convirtiera en epidemia. Mientras, en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral se hablaba de una tasa de 2.3 muertos por día.

¿Qué provoca que estas cosas pasen por normales? ¿Cómo las aceptamos de manera tan pasiva? ¿Es que nuestros gobernantes sienten que, en verdad, tienen el derecho de hacer y deshacer a su antojo? La permanencia del secretario de Salud en su cargo parece indicar que si. Ya los dominicanos no podemos pedirle nada al gobierno, ni siquiera cuando obstaculizan el trabajo natural del Estado, y esto tiene consecuencias fatales.

Para que un gobierno sea democrático no basta con que los gobernantes sean legitimados en elecciones periódicas. También es necesario que respondan ante los ciudadanos, que sean responsables por sus acciones. El principal fracaso de nuestro sistema político ha sido precisamente su incapacidad de lograr esto. Ni antes ni ahora los gobiernos han respondido a sus propios errores, a sus fallas ni a la insatisfacción ciudadana con la gestión. Es de esperar que este caso, que se debate entre lo patético y lo espantoso, sirva de catalizador para que los dominicanos empecemos a exigirles a los funcionarios públicos un mínimo de profesionalidad y respeto por la ciudadanía.

Clave Digital 12 de septiembre de 2006

No hay mal que dure cien años

2006-09-24T14:39:00.000+02:00

La semana pasada se celebró el centenario de Joaquín Balaguer, probable ganador de una elección presidencial y siete veces Presidente de la República. Sorprendentemente, el centenario pasó sin mayores penas ni glorias, aparte del vergonzozo forcejeo público por su cadáver político.

Es una pena que la fecha pasara desapercibida, porque era apropiada para que los dominicanos empezáramos a discutir el legado de uno de los políticos más importantes del siglo XX. Pero a discutirlo de verdad, sin falsas pretensiones de objetividad. A los dominicanos nos hace falta reconocer que fuimos gobernados (y muchos masacrados) por un hombre falto de cualquier tipo de talento, salvo el del oportunismo y la intriga.

Los dominicanos debemos romper con el chantaje vacuo de que “Balaguer debe ser juzgado por la Historia”, como si Clío anduviera por allí reflexionando sobre la vida de las personas.

A Balaguer tenemos que juzgarlo los dominicanos ahora, ya. Y tarde lo haríamos porque debió haber sido juzgado en vida. Nos encontramos ante un hombre profundamente resentido (sólo hay que leer su Tebaida Lírica para confirmarlo) que colaboró y aupó uno de los regímenes más sangrientos de la historia republicana. Merecidamente expulsado del poder, volvió a Palacio aferrado a los cordones de botas invasoras e inauguró un régimen de falsa democracia y de una crueldad inenarrable. Ni siquiera en sus últimos diez años en el poder puede hablarse de una evolución democrática importante. No olvidemos de esa época los fraudes electorales y la comisión del último asesinato político en el país.

No debe escapar al juicio de sus conciudadanos un hombre que sólo persiguió el poder por el poder mismo, que se vanaglorió públicamente de crear una cultura de corrupción, que fue cómplice por acción, omisión y encubrimiento de miles de asesinatos. No podemos dejar de condenar a alguien que admitió saber la identidad de los asesinos de Orlando Martínez y luego se dio el lujo de callarla.

Balaguer propició que se diezmara a toda una generación. Tal y como tuvo el descaro de anunciar en su discurso de toma de posesión en 1966, eliminó físicamente a todo aquel que se le opuso.

Esa es la medida de este hombre, incapaz de ganar torneos electorales por las buenas, se escudó siempre en el tiro en la nuca para facilitarse la permanencia en el poder. La “Banda Colorá” y los “Incontrolables” fueron dos de sus más públicas herramientas de ejercicio del poder.

Jamás respetó la voluntad democrática del pueblo. No hubo una sola elección de la que saliera “vencedor” que no fuera traumática y puesta en duda. Ni en 1966 (Bernardo Vega ha demostrado que uno de los objetivos de la invasión era instalar a Balaguer en el poder), ni en la Dictadura de los Doce Años cuando todo aquel que osó oponérsele lo pago caro en sangre.

Sólo cedió el poder (eso si, no sin antes robarle al pueblo el control del Senado) cuando se hizo evidente que para desconocer los resultados de las elecciones de 1978 tendría que llevar a cabo una masacre sin precedentes.

Pero tampoco respetó esa voluntad a partir de 1986 (cuando se produjo un verdadero golpe a la JCE por parte de una inconstitucional “Comisión de notables” para reinstalar a Balaguer en el poder luego de unas elecciones cerradísimas). Las elecciones de 1990 y 1994 son elocuentes al respecto.

No fue enigmático ni contradictorio, parecía más un reloj parado que una esfinge. Su único legado es la consagración del oportunismo, del tumbapolvismo como oficio respetable, del cinismo y la hipocresía, del irrespeto absoluto a los dominicanos. Su permanencia en el poder no tiene mayor mérito que la fuerza con la que su congénere Caín se convirtió en el primer asesino de la historia.

Palidece su legado frente al de dos gigantes de la política democrática como lo fueron Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Ambos, a pesar de sus grandes y gravísimos errores, supieron sembrar la semilla de la conciencia democrática y la lucha por la libertad de los dominicanos, respectivamente.

Mientras que las fallas de Bosch y Peña Gómez no hacen más que poner en perspectiva su gallardía en la defensa de la democracia, Balaguer se ve definido por las suyas, sin tener cualidades redentoras.

Balaguer era ante todo –como dice Ian Kershaw de otro líder político de triste recordación- un sadomasoquista. Siempre tuvo una relación sádica con los dominicanos, a los que torturó como colectividad y como individuos. Pero a la vez tenía una relación masoquista con su concepción del destino, al que, a falta de una visión propia del mundo, se sentía sometido. Era un hombre pequeño, en el sentido amplio de la palabra, que sólo pudo ocupar un lugar importante en nuestra historia subiéndose sobre los hombros de los gorilas.

No puedo, ni podemos, renunciar a enjuiciarlo. No debemos aceptar el chantaje de aquellos que llaman resentidos a los que señalan el evidente saldo de sangre que hemos pagado para satisfacer las insondables ansias de poder de un hombre convencido de su propia insignificancia. Toda persona tiene el deber moral y cívico de denunciar el mal donde lo ve, y si los dominicanos renunciamos a ello, nos haremos merecedores de la condena como cómplices de hombres como este.

No hay el menor asomo de ironía cuando se dice que Balaguer se fue a destiempo. Debió desaparecer de la historia en el momento mismo en que salió huyendo del país como consecuencia de su colaboracionismo con los Trujillo. No es seguro que nuestra historia fuera distinta a la que conocemos hoy, pero al menos nos hubiéramos librado de la sacraliziación de la falta de principios que prohijó y del amor del poder por el poder.

No hay mal que dure cien años, y Balaguer no los alcanzó. Pero los dominicanos tenemos que reflexionar sobre su papel en nuestra historia. No sea que repitamos por siempre como comedia la tragedia que nos legara.

Clave Digital 5 de septiembre de 2006

El país es una feria

2006-09-24T14:37:00.000+02:00

Cuando nos referimos al modo autoritario y arbitrario en que nuestros gobernantes ejercen el poder, los dominicanos tendemos a decir que “manejan el país como su finca”. Tengo la impresión de que esto ha cambiado. De ahora en adelante diremos que “el país es una feria”. La Feria “Visión y Progreso” del Presidente –celebrada en una de las ferias de Trujillo- se ha convertido en el nuevo referente de la fascinación casi autista de nuestros gobernantes por su propio poder.

Celebrada en un espacio público, con dinero público y con la colaboración activa de órganos públicos, la Feria glorificando los diez años del ascenso al poder de Leonel Fernández ha derribado cualquier otro paradigma de autobombo posterior a la muerte de Trujillo. A pesar de todo, es feria y no finca porque tiene un elemento de espectáculo y vodevil con títeres, titiriteros y mimos incluidos. Y con esto no me refiero al espectáculo montado en la Feria Ganadera, sino en el país.

Una de las cosas más tristes es que la escenificación no tiene público en el sentido estricto. Sólo los organizadores disfrutan de ella. Los demás debemos conformarnos con el papel que nos permitan desempeñar, lo que no incluye, naturalmente, saber qué hacen los dueños de la Feria con nuestro dinero. La respuesta, ya sea para la celebración de la década del milagro o para el Metro, es siempre la misma: “El pueblo se enterará en su debido momento”. Lo que es lo mismo que decir que el pueblo se enterará cuando a ellos les dé la gana. Si alguna vez les da.

Pero no sólo eso. La gran Feria no puede ser deslucida. Están prohibidos los tarantines o carpas ajenas a la voluntad y visión del director de la Feria y sus artistas. Muestra de ello es lo ocurrido con “La Otra Feria” el sábado 26 de agosto. A golpe de cercos policiales y de un arresto arbitrario, los jefes del país impidieron a un grupo de jóvenes manifestar una opinión disonante con la versión oficial de la realidad.

Para los que han asumido como propio el ideal democrático, el arresto de alguien por el simple hecho de querer ejercer su derecho a la libertad de expresión, estemos o no de acuerdo con ella, es una aberración. La idea de que respetar el derecho ajeno a decir algo depende de que estemos de acuerdo con lo que dice, es intolerancia ciega. Justificar el uso de la fuerza para impedir que el otro hable, es autoritarismo peligroso.

No quiere esto decir que el Director de la Feria haya intervenido en la frustración de “La Otra Feria”, pero él es el dueño de la compañía circense y responsable último de lo que hagan sus subalternos. La menor de sus responsabilidades es la de destituir a quien dio la bochornosa orden.

A menos, claro, que ahora asumamos que la libre expresión sólo beneficia a quienes alaben la Feria oficial y a los adláteres y alabarderos del Director. ¿Será que todos somos libres sólo de cantar sus alabanzas y de escucharlas? ¿Es que debemos aceptar ahora de manera incondicional que debemos amar al Director y que somos amados por él?

Me preocupa la tendencia de la Feria a convertirse en simple exposición de lo que se quiere que se sepa del Director. Y no exagero cuando digo que me preocupa. Hace pocos días, mientras andaba por ese desierto que es la televisión matutina de los fines de semana, encontré un programa llamado “Citas de Leonel”. Durante él, una presentadora –con la imagen del Presidente a sus espaldas- citaba discursos pronunciados por este durante su carrera política. Me quedé estupefacto. Aparte de la Feria, ahora tenemos la versión televisada del Pequeño Libro Rojo.

Sin embargo, mi estupefacción duró poco porque recordé la ominosa señal de la que, hasta ahora, no había aprehendido el sentido completo: en la fachada frontal del edificio de la Secretaría de Cultura se inscribe en letras broncíneas, a manera de monumento, una cita del presidente Fernández sobre la relación entre modernidad y cultura.
Eso de por sí es ya un exceso. Pero hay un detalle importante del que debe percatarse todo aquel que vea el monumento; algo que sólo puede pasar desapercibido para los desprovistos del menor sentido de la ironía: la fachada adornada con las palabras del Presidente no es otra que la de la antigua sede del Partido Dominicano.

Clave Digital 29 de agosto de 2006

Con la cruz a cuestas

2006-09-24T14:35:00.000+02:00

La travesía de Ángel Sosa cargando una cruz a través de los 305 kilómetros que separan Dajabón de Santo Domingo, es algo más que una metáfora. De haber venido sin ella a cuestas no habría cambiado nada, porque Sosa, como la inmensa mayoría de los dominicanos, carga una cruz muy real todos los días de su vida.

Él es parte de esa gran cantidad de los dominicanos hijos de provincias y pueblos cuya baja población los hace irrelevantes en las matemáticas del triunfo electoral, o miembros de una clase social carente de la capacidad económica o “prestigio” que las haga atractivas a los políticos. O ambas cosas a la vez.

La cruz de Sosa no es esa de madera, cuyo tránsito seguimos durante once días. Su cruz es vivir en un país cuyo Estado no acepta las responsabilidades que tiene con los ciudadanos. Que se inventa necesidades en las cuales malgastar miles de millones de pesos, mientras ignora las muy reales del pueblo. En Dajabón se han paralizado las obras públicas “por falta de dinero”, mientras que para el inefable Metro se ha buscado hasta debajo de las alfombras y en las costura de los muebles.

Nuestros gobernantes no ven su labor como la responsabilidad de administrar lo mejor posible los recursos del pueblo y satisfacer sus necesidades más perentorias. No; la ven como la construcción de un discurso electorero que sirva para cubrir la miseria y, sobre todo, su propia ineptitud.

Por eso no es extraño que se prefieran los elefantes blancos a las pequeñas, pero muy necesarias, obras en pueblos alejados de las ciudades. Elefantes blancos que son una afirmación de su discurso, obras cuya visibilidad las hace exhibibles en todo el país. Frente a ellas, un acueducto en Dajabón es sólo un susurro que complica las cosas, porque mientras nadie pedirá un Metro para su pueblo, todo el que vea que Dajabón tiene acueductos y caminos vecinales reclamará lo mismo para su comunidad.

El objetivo incuestionable que persiguen los gobiernos dominicanos es construir el discurso de la “modernidad”, de la “justicia social” o cualquier otro, pero sólo eso. De ahí que Sosa saliera de Palacio como de Dajabón: con solo una promesa bajo el brazo. Y no solo eso: se buscó borrar esa estrofa disonante mediante el ofrecimiento de un empleíto en el Estado. Es decir, lo importante no es solucionar los problemas de la comunidad de Sosa, sino evitar que se dañe el poema. Explicación de por qué el Presidente no se dejó fotografiar con Sosa. Hubiera sido reconocer que el discurso no encaja con la realidad. Esa es una admisión que no obtendremos, y menos en los días en que nos enrostró a todos nuestra incapacidad ciudadana al celebrar de la manera más impune y descarada una feria de autobombo que sería la envidia incluso de “Chapita”.

Lo que demuestran protestas como la de Ángel Sosa es que hay una realidad concreta que subyace al discurso oficial y que no puede ser ignorada. Dajabón (y mil otras comunidades) siguen siendo descuidadas y sus habitantes cargan con la cruz de ser los olvidados en un país donde hasta los recordados son ignorados. Ni las promesas electorales ni las que le hizo el funcionario que lo recibió por la puerta de atrás cambiarán esto.

Nuestro país es pobre con una clase gobernante y una clase dominante que pretenden lo contrario. La realidad no está en ferias megalómanas ni en los enclaves de riqueza que forman el “Pequeño Miami” del polígono central. La verdadera República Dominicana es una donde la gente siente la necesidad de caminar 305 kilómetros para que le reconozcan el derecho a ser tomados en cuenta. La tan cacareada modernidad no es más que un barniz sobre madera que se pudre. El Estado es sordo, ciego y mudo ante las necesidades y prioridades del grueso de los dominicanos. No es ya que no le interesan, es que ni las ve.

Por eso necesitamos más personas dispuestas a poner el dedo en la llaga, a reiterar lo obvio: que no estamos bien y que no vamos por el mejor de los caminos. Que la actitud del gobierno presente –y de los pasados- solo empeora las cosas. Que esa gran mayoría de dominicanos está cansada de cargar sola la cruz.

Clave Digital 22 de agosto de 2006

En defensa de lo(s) político(s)

2006-09-24T14:33:00.000+02:00

En los últimos años ha ido tomando fuerza en el debate público nacional una preocupante tendencia.. Se trata del ataque constante, y desde múltiples frentes a los políticos en particular y la política en general.

Es como si todo lo relacionado con la política es malo y los políticos son leprosos a los que hay que evitar a como dé lugar. Todo se empaña cuando se le agrega el calificativo de “político”: intereses “políticos”, visión “política”, decisiones “políticas”. Al parecer, ese adjetivo afea las cosas.

No pretendo aburrir con el argumento ubicuo de que para los griegos inventores de la democracia la palabra idiota señalaba al ciudadano que renunciaba a su condición de tal, que no intervenía en los asuntos de la polis, es decir, en la política. Aunque es un ejemplo de una cualidad ilustrativa innegable, es más útil observar cómo suceden las cosas en nuestro tiempo y espacio.

Los políticos dominicanos conforman uno de los sectores peor considerados de toda la sociedad. Les condenamos por corruptos, por incompetentes y por vagos. Pero esos males no son privativos de la clase política. Ya sea por necesidad o por comodidad, los dominicanos hemos aprendido a engañarnos mutuamente (y a nosotros mismos) con el fin de lograr cualquier meta.

Mentimos en el trabajo, hacemos trampa en las universidades, engañamos en nuestra vida personal, desobedecemos todas las leyes que podemos. En fin, la corrupción forma parte de nuestro tejido social, y no son los políticos los más corruptos. No olvidemos que una importantísima parte del gran, mediano y pequeño empresariado dominicano se mantiene gracias a los sobornos y las evasiones.

Lo grave es que según un estudio sobre competitividad presentado hace unos meses por el economista Augusto López-Claros en el Foro Económico Mundial, los dominicanos sabemos que la corrupción es un problema generalizado y, además, el principal obstáculo a nuestro desarrollo. ¿Por qué entonces sólo la queremos ver en los políticos? Después de todo, éstos no son más que el reflejo de nuestros propios problemas. Son el espejo amplificador en el que vemos nuestras arrugas, verrugas y –nunca mejor dicho– puntos negros. No son ajenos a la realidad en que se mueven, sino tan sólo su producto.

La política como actividad pública también está mal vista. Uno puede dedicarse a la música, la pelota, a ser megadivo, a quebrar bancos, a insultar gente, a ser un dandy o a chupar cámaras. Lo que no puede uno hacer nunca es dedicarse a la política. Ahí mismo muere para los administradores de la moral pública. Lo político es visto como actividad de gente “poco seria” que aspira a vivir del otro. Ante cualquier manifestación de unidad en torno a una idea se acusa de “grupismo” a quienes la hacen, como si reunirse con quienes piensan igual sea censurable.

Manifestar de manera pública los intereses personales es el equivalente de suicidio. Como si no fuera legítimo tener intereses (o como si fuera posible no tenerlos). Olvidamos que es imposible determinar cuál es el interés público si desconocemos los intereses particulares. Pero nada de eso importa porque en el país los intereses del otro son espurios y sólo los propios son “sanos” y “nacionales”.

La consecuencia de esta línea de pensamiento es el fomento del sectarismo, el rechazo absoluto del derecho ajeno a sostener posiciones distintas a las propias. Destruida así cualquier posibilidad de diálogo significativo, se hace más difícil la construcción de un proyecto común. Esto no es irónico; después de todo, los proyectos comunes son indefectiblemente proyectos políticos.

¿Qué hay detrás de todo esto? Estoy convencido de que, al final del día, el rechazo no es tanto a lo político o a los políticos. La razón es simple: el ámbito público no desaparecerá nunca, existe dondequiera que hay una sociedad. Pero tampoco desaparecerán los políticos porque siempre existirán personas que debatan y tomen las decisiones. Al final, me convenzo de que lo que molesta es el proceso mismo de intercambio y toma de decisiones. En una sociedad moderna, el rechazo de la política y los políticos, sobre la base de convertirlos en chivos expiatorios, se traduce en un rechazo a la democracia misma.

Ciertamente existen muchísimas cosas criticables en las actuaciones de los políticos dominicanos. Pero una cosa es criticarles por eso y otra es descalificarlos a ellos y el sistema político ignorando que señalamos la paja en el ojo ajeno sin fijarnos en la viga que hay en el propio. Ignoramos la verdad irrefutable que donde hay corrompidos hay corruptores.

Esta filosofía de gatita de María Ramos lleva a una conclusión alarmante, pero a la que nos hemos ido acostumbrando paulatinamente: la necesidad de sacar las decisiones “importantes” de las manos de los políticos haciendo “autónomas” las instancias que las toman. En buen español, hay que privatizar la toma de decisiones públicas. Esto sólo tiene sentido si nos creemos la idea de que el sector privado es menos incompetente y corrupto que el sector público. La historia bancaria reciente y pasada de nuestro país demuestra lo contrario. Pero la apatía creada por el martilleo constante contra los políticos y la política hace posible que todos ignoremos ese enorme elefante en el medio de la sala.

Ni la política es mala ni los políticos son los peores dominicanos. Si no nos gustan los resultados de la primera, nuestro deber es involucrarnos cada vez más, convertirnos en ciudadanos militantes sin conformarnos con las migajas que nos dejan caer de cuando en vez y de vez en cuando. Si no nos gustan las acciones de los segundos, no debemos dejarles entonces el campo libre. Hay que participar.

Organizarnos en asociaciones barriales y vecinales, culturales, religiosas, deportivas, ambientales: es ahí donde debemos buscar la solución a nuestros problemas sociales. Hacer política ciudadana e incluso integrarnos a la política partidista Lo que nos hace falta son más y mejores ciudadanos. Sin ellos no habrá ni políticas ni políticos que valgan la pena.

Clave Digital 8 de agosto de 2006

Del Código, sus detractores y las estadísticas

2006-09-24T14:29:00.000+02:00

En nuestro país el debate público adolece de males que lo debilitan casi hasta el punto de hacerlo inútil. Entre ellos están la falta de estadísticas confiables que justifiquen –o permitan rechazar- propuestas de reforma política, carecemos de memoria institucional y no sabemos si las frecuentes que llevamos a cabo están dando resultados. Tampoco nos interesamos mucho por los argumentos lógicos y coherentes, ya porque son difíciles de construir sin datos estadísticos o porque el medio no se presta para ello.

De ahí que la mayor parte del tiempo el debate público gire en torno a cuestiones en las que el protagonista no es el dato ni el argumento, sino quien habla. La plaza pública se convierte así en una vorágine en la que cada cual lucha por hacerse escuchar utilizando argumentos con frecuencia infundados. De esto resulta la imposibilidad de establecer verdaderos diálogos; todos buscan demostrar una y sólo una cosa: que su verdad es la verdad. En este contexto no hay acuerdos ni términos medios; lo relevante es demostrar que se tiene razón y que el otro está equivocado. Como lo fundamental es el mensajero y no el mensaje, es necesario siempre descalificar al otro y afirmar que lo que piensa es una tontería fruto de la inexperiencia o el desconocimiento.

Afortunadamente, esto parece que acabará, por lo menos en lo que respecta al debate sobre el Código Procesal Penal. La semana pasada, la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) les salió al frente a los críticos del Código que afirman –sin prueba alguna- que este es responsable del aumento de la criminalidad en los últimos años y que el sistema de justicia penal está a un paso del colapso. Para ello utilizó una herramienta que, por poco usada, debería causar una revolución en el debate público: estadísticas.

Como primera cuestión, demostró que es falso que la criminalidad haya subido durante los dos años de vigencia del Código. Comparando mes por mes la cantidad de muertes violentas, la CONAEJ puso en evidencia que en lo que va de año estas son menos que en igual período del año pasado. De hecho, entre enero y julio de 2005 se produjeron 1051 asesinatos, mientras que este año se han producido 922. Una disminución de casi un 10% en sólo un año. Aún si aceptamos la idea –enormemente discutible- de que un código procesal puede afectar directamente el grado de la criminalidad en mayor medida que lo hizo la crisis económica de 2002-2004 (no olvidemos que en esos años el índice de pobreza pasó de 27% a 42% y el de pobreza extrema de 8% a 16%), es evidente que durante la vigencia del Código la criminalidad ha bajado.

Vayamos al segundo argumento de la CONAEJ: que el sistema de justicia penal funciona ahora mejor que con el antiguo Código. Aquí los datos son sencillamente demoledores. Antes de la reforma, sólo un 10-15% de las sentencias de primera instancia eran definitivas, ahora lo son un 68%. De los 376,778 expedientes asignados desde su entrada en vigor, ya han sido fallados 324,856, es decir, un 86%. En buen español, estamos ante un éxito rotundo.

Claro que hay espacio para mejorar la aplicación del Código, eso no lo niega nadie; pero lo que procede es una profundización de la reforma, no una vuelta atrás ni una defensa a ultranza del Código antiguo. En los hechos no hay argumento posible a favor de la vuelta atrás. No tiene sentido hacerlo, reintroduciendo medidas de coerción propias del sistema anterior, cuando ahora las cosas funcionan mucho mejor que antes.

Apelar a las tradiciones rara vez es válido, mucho menos cuando esa apelación se hace frente a cambios beneficiosos. Las tradiciones son útiles en la medida en que son provechosas para la sociedad, y la del Código francés tuvo resultados calamitosos. ¿Por qué atarnos a ella? No hay seguridad en el desastre. Nuestro sistema de justicia penal no es perfecto, pero se encuentra en franca mejoría.

Es cierto que hay obstáculos propios de la pobreza de nuestras instituciones de seguridad pública, pero la respuesta está en avanzar, no en retroceder o en “mejorar” las reformas como el cangrejo. La reforma va bien. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y eso pese a que aún falta completar la reforma, que incluye la modernización de y la capacitación del Ministerio Público. Esos deben ser nuestros objetivos. Nuestro país sólo progresará si nos ponemos metas difíciles de alcanzar y nos empeñamos en lograrlas por encima de las infatuaciones con tradiciones vetustas. Una justicia penal, democrática, abierta y eficiente es difícil, pero posible. Los dominicanos podemos, y debemos, lograrla.

Clave Digital 25 de julio de 2006

Las dos caras de la moneda

2006-08-20T16:55:00.000+02:00

La pasada semana sirvió de muestra casi perfecta para que los dominicanos examinemos una de las más importantes debilidades del sistema de prevención de la delincuencia en el país: la Policía Nacional no termina de ponerse al día y es incapaz de cumplir con sus obligaciones.

La semana empezó siendo positiva para la institución. La profesional y rápida actuación para aclarar las dudas sobre la muerte de Milton Peláez admiran a cualquiera.

El análisis del disparo que recibió el humorista es digno de un país desarrollado. Más aún, el jefe de la Policía demostró una encomiable profesionalidad cuando al ser preguntado si los datos obtenidos demostraban la falsedad de la versión del matador y que si, por lo tanto, este es culpable de homicidio, respondió que no es eso algo que puede decir la Policía, sino un proceso judicial donde el fiscal presentará una acusación y los jueces tomarán la decisión final.

Mejor de ahí se daña. Es demostración de que en la Policía empieza a echar raíces la idea de que la institución es parte de un equipo y que su labor tiene límites y debe cumplir con ciertos criterios.

Lo malo llegó después. La noche del jueves, dos agentes policiales asesinaron al pequeño empresario Yodesy Marte a la salida del mismo cuartel policial de Bonao, a donde había ido a querellarse por un robo ocurrido en su negocio.

Aparentemente, los matadores habían sido los autores del robo denunciado. Después de cometer el crimen “escaparon” y al momento de escribir este artículo todavía se encuentran prófugos. Apremiado por la ola de protestas que el hecho provocó, el jefe general Santana Páez tuvo que viajar a Bonao y cambiar la dotación policial completa.

Es imposible que una sociedad alcance los objetivos que se traza si no existe confianza entre los ciudadanos y los órganos públicos encargados de lograrlos. Si entre la Policía y los ciudadanos dominicanos no hay otra cosa que suspicacia, no habrá forma alguna de obtener el clima de seguridad que ansía la mayoría. Aunque Bonao es sólo un ejemplo, causa alarma ver manifestaciones donde los ciudadanos se quejan de no poder distinguir entre policías y delincuentes. También alarma que la dotación policial completa de esa cuidad tuviera que ser sustituida. Es decir, ni el jefe de la Policía confía en los hombres a bajo mando.

Y aunque no se trata de hacer cargar a la Policía con toda la responsabilidad de la criminalidad, no podemos olvidar que ella es un elemento crucial y necesario en la lucha contra aquella.

Lamentablemente, mientras esta institución da señales de una gravísima debilidad estructural, muchos quieren disminuir la delincuencia poniendo un parche: solo hablan de modificar el Código Procesal Penal, como este simple hecho fuera a convertir en ángeles a los policías corruptos.

Persistir en esa idea no es más que un triste intento de eludir llamar las cosas por su nombre. Lo que hace falta es refundar la Policía Nacional, no sólo depurarla de los violadores de la ley y de los aliados de los delincuentes. Eso no basta. La Policía no puede seguir siendo la prima pobre entre los órganos públicos. Tenemos que dejarnos de rodeos e invertir en ella, que no podrá hacer un buen trabajo sin carros patrulla, laboratorios de criminalística y cuarteles bien acondicionados. Sus condiciones de trabajo también deben cambiar. Ya está bueno de que sus miembros sean usados como choferes, guardianes, jardineros y sirvientes de gente con enchufe.

Pero lo más importante es invertir en los policías de carne y hueso. El sueldo que ganan es una invitación a usar el arma de reglamento en actos delictivos. No debe sorprender a nadie que muchos se dediquen al “picoteo” –violento y no violento- para “completar”. Otro aspecto que requiere ser mejorado es el de la capacitación. Si no se los prepara para enfrentar los retos que su profesión, no podemos quejarnos cuando no actúan como deben.

Insisto: hay que tomar medidas que reformen profundamente a la Policía y mejoren las condiciones en ejerce su trabajo. De lo contrario, será imposible para la institución atraer a ciudadanos con verdadera vocación de servicio. Los dominicanos tenemos décadas aplicando paños fríos con la esperanza de que baje la fiebre. Esto no podía funcionar por siempre. Y no lo ha hecho. Sería conveniente menos cháchara buscando culpables en un código y más acciones fortaleciendo y democratizando la Policía.

Clave Digital 11 de julio de 2006

Lo que José Tomás dice de César

2006-08-18T15:20:00.000+02:00

Quien haya seguido mi columna sabe que me preocupa sobremanera el bajísimo nivel del debate público en la República Dominicana. Aquí a muy poca gente le interesa debatir ideas. Casi siempre las intervenciones públicas se limitan a presentar las opiniones propias como algo absolutamente irrebatible y a resaltar el hecho “evidente” de que quien no piensa igual es estúpido, baboso, perverso, tonto útil, mercenario e hipócrita.

Así no llegamos a ninguna parte; y es por ello por lo cual hemos pasado décadas hablando sin escucharnos mutuamente y, desde luego, sin alcanzar resultado alguno, porque en el momento en que terminamos de intercambiar insultos, ya no quedan fuerzas ni intención de discutir en forma medianamente civilizada.

Todo esto viene a cuento porque el lunes en la mañana ví una entrevista televisada al saliente senador por el Distrito Nacional José Tomás Pérez. En ella hablaba sobre la propuesta de reforma al Código Procesal Penal según la cual los reincidentes serían objeto de prisión preventiva obligatoria (aunque no es el tema del artículo, si el senador se hubiera asesorado bien sabría que eso es inconstitucional). Hasta ahí todo bien; mal haríamos en reclamar un clima de debate serio para luego pretender que los demás no expresen ideas contrarias a las nuestras.

Lo que me impresionó –negativamente- fue su respuesta a la pregunta sobre cómo ve a quienes defienden el Código. Para él, los defensores del Código son “teóricos” que para todo tienen “respuestas vagas”. Y sorprende la respuesta porque hasta no hace mucho tiempo el senador hacía galas de su preparación intelectual como uno de los atributos esenciales que le hacen digno del voto ciudadano y de poder alcanzar posiciones de responsabilidad política. Ahora, cuando propone una medida que no quiere discutir, utiliza el término “teórico” como si este fuera peyorativo.

Actuando así, el senador se une a la peor tradición del marrulleo en la vida pública dominicana. Parece haber prestado su oído a asesores legales que no sólo lo llevan a impulsar un proyecto jurídico claramente inconstitucional, sino que también lo han introducido a una “cultura” jurídica en la que la dedicación al estudio es vista negativamente. De todos los países del mundo, solo en el nuestro se critica a los abogados que consideran importante conocer el Derecho como sistema de reglas lógicas y no solo como conjunto de trucos para defender al cliente. Esta cultura que aleja los libros del estrado explica, en parte, por qué los abogados son tan mal vistos en el país.

Pero no sólo eso. Aparentemente, para el senador sólo son “teóricos” quienes se oponen a su proyecto de ley. Los demás, los que lo (mal)asesoraron no lo son. Al parecer, hay conocimientos que contaminan y otros que no. Es la impresión que deja Pérez porque no es concebible que haya presentado un proyecto de ley de tal importancia sin antes consultarlo con abogados bien preparados. Sí lo hizo, y por eso choca tanto que considere que sólo estos saben en los que están. Máxime teniendo en cuenta que entre los más ardientes defensores del Código están Guillermo Moreno, César Pina Toribio y Francisco Domínguez Brito, cuya capacidad está más que comprobada.

Así las cosas, es posible concluir que la razón que lo induce a pensar y decir del modo en que se expresó en la entrevista es haber caído en la tentación de denostar en lugar de discutir seriamente. Y lo hace con una de las herramientas que señalamos al principio del artículo: para nadie es secreto que cuando se dice “teórico” realmente se quiere decir “baboso”.

Resulta doblemente curioso que sea un senador por el PLD el que recurra a esta táctica. Durante muchos años este partido apreció la formación teórica de sus militantes como un pilar esencial de su proyecto político. Incluso hoy, este partido se enorgullece de la capacidad intelectual y la formación académica de gran parte de sus funcionarios públicos y líderes políticos.

Pero, como dice el refrán “Lo que José dice de Pedro dice más de José que de Pedro”. Quienes usan argumentos como el aludido no demuestran que al contrario le hace falta aterrizar, sino que el que habla es incapaz de alegar de forma inteligente. Si el senador siente que su proyecto tiene una justificación débil o no ha sido debidamente meditado, entonces debe retirarlo. Lo que no puede hacer es denigrar anticipadamente a aquellos que puedan oponerse al mismo.

Una nación convencida de que puede ganar la apuesta por el futuro no se comporta en esta forma. No podemos seguir actuando como si el país necesitara menos gente preparada en lugar de más. En este contexto de menosprecio, no debe extrañar la fuga de cerebros y la renuencia de muchos dominicanos a participar en la vida pública.

¿Cómo podemos trabajar para solucionar los problemas del país si nuestra dedicación está puesta en desconsiderar a los demás? No llegaremos muy lejos mientras las personas con acceso a las posiciones públicas se presten al juego del insulto como herramienta de “convencimiento”.

Y los primeros que deben poner el ejemplo son los funcionarios públicos. ¿O no, señor senador?

Clave Digital 28 de junio de 2006

Lágrimas de cocodrilo

2006-08-18T01:23:00.000+02:00

Durante los últimos años, en los Estados Unidos ha sido tema de análisis público lo que llaman el “missing white woman syndrome” (síndrome de la mujer blanca perdida). Este síndrome no es una patología médica, sino social.

Describe la tendencia de los grandes medios de comunicación estadounidenses a desplegar todos sus recursos para cubrir los casos de desaparición de mujeres jóvenes y blancas. El análisis aludido no critica que hagan esto, sino que ignoren en el problema social de las desapariciones hasta que la víctima tiene unas características determinadas.

Lo mismo sucede en el país con la reacción social frente a la violencia. Cuando hace unos días murió asesinada en Santiago la estudiante universitaria Vanessa Ramírez Faña, la reacción social y mediática no se hizo esperar. Una buena parte de los ciudadanos de Santiago se ha movilizado reclamando justicia y seguridad, y los medios han sido unánimes en la cobertura del caso. Todo esto está bien. Es tiempo ya de que los ciudadanos abandonen la apatía y reclamen activamente la solución de los problemas que los afectan.

Lo que no es de recibo es que “descubramos” los problemas sólo cuando perjudican a familias de clase media o clase media alta. En lo que va de año, sólo como víctimas de los mal llamados “crímenes pasionales”, han muerto en el país treinta y cuatro mujeres. ¿Dónde ha estado nuestra indignación? Nos pasamos años tapando el sol con un dedo y pretendemos luego cubrir esa desidia concentrándonos en un caso específico. ¿De qué sirve esto? Como ocurre siempre, dentro de un mes lo habremos olvidado. Y las víctimas seguirán cubiertas de silencio hasta que muera otra persona cuya posición social la haga merecedora de nuestra atención colectiva.

La muerte de Vanessa es una tragedia irreparable, pero no es única. La violencia ocurre todos los días y no podemos pretender superarla si la atendemos selectivamente. Los problemas y los retos requieren de vigilancia constante y no de momentos de catarsis colectiva seguidos de largos lapsos de apatía. Nuestra urgencia es encararlos, sin víctimas favoritas. Porque no es posible que sigan pasando desapercibidas muertes como la de Rosarys Valdez, de veintitrés años, asesinada a puñaladas hace unos meses en San Cristóbal por negarse a bailar con un hombre. Y este es sólo un ejemplo. Todos los días la violencia se ceba en incontables jóvenes dominicanos sin que nadie haga o diga nada.

Es comprensible que el asesinato de una joven de dieciocho años, hija de prestigiosos médicos y estudiante a su vez de Medicina, conmueva a la sociedad dominicana. No se entiende, sin embargo, que sólo su muerte logre hacerlo. Las víctimas valen todas igual y es moralmente inadmisible establecer escalafones entre ellas. Quienes afirman –como he leído-- que este caso es intolerable porque “esta vez el delito ha alcanzado a una familia de bien”, banalizan el dolor de los padres de Vanessa y el dolor de todos los padres cuyos hijos mueren sin que a nadie le importe. En sentido estricto, se les dice a los padres de Vanessa que de no ser personas destacadas su tragedia se quedaría en el ámbito privado, y que el apoyo que reciben lo tienen por su lugar en la jerarquía social y no porque les han arrebatado a su hija.

Aparte de ser inhumana e insultante, esta clasificación de las víctimas entre “de buena familia” y de familias ordinarias evidencia lo que ya he señalado en otras ocasiones: que mucha gente considera que lo grave no es el crimen en sí mismo, sino que su comisión afecte a sectores sociales determinados. Como si la vida de los menos afortunados careciera de valor; como si el delito sólo fuera tal cuando toca a algunos. Mientras todas las víctimas no tengan para nosotros igual relevancia, continuaremos siendo incapaces de enfrentar la violencia con la consistencia que amerita y siendo responsables indirectos de su irresolución. Hasta que la sociedad de la cara, y en el sentido estrictamente humano, todas las lágrimas derramadas serán lágrimas de cocodrilo.

Clave Digital 13 de junio de 2006

¿Por qué volver?

2006-08-09T17:07:00.000+02:00

Hace una semana volví al país después de cuatro años residiendo en el extranjero. Sabía que el regreso sería un reto, que tendría que readaptarme a una cotidianidad muy distinta de la que viví fuera. Pero de todos los retos posibles, uno que no me esperaba ha sido el más difícil: explicar por qué decidí retornar.

Aun antes de abandonar Madrid, los dominicanos a los que comentaba mi regreso respondían incrédulos. Empezó a sucederme con aquellos que preguntaban por cuántos días venía a quedarme. Ante mi respuesta de que lo hago definitivamente, muchos creyeron haber escuchado mal y repetían la pregunta. La reacción unánime fue preguntarme, casi con espanto, qué vendría a hacer aquí.

Ya en el país la situación ha sido prácticamente la misma. Mis conocidos se alegran de verme, me abrazan, ríen conmigo… y me preguntan cuándo me voy. Respondo que me quedo y los veo compartir el espanto de mis amigos dominicanos en el exterior. Abren grandes los ojos, la boca se les tuerce en una mueca, me desean suerte y se van andando con el anonadamiento de quien ha recibido una noticia incomprensible.

Al principio me lo tomé un poco a broma. Pero reflexioné y me di cuenta de que la pregunta es válida. ¿Por qué abandona uno la comodidad relativa de un país del primer mundo para venir a encontrarse con las carencias del tercero? (Debo anotar aquí que el día que llegué no había agua en mi casa y me tuve que bañar con jarrito y subir el agua en cambumbos durante dos días). ¿Por qué volver a un país donde apreciamos más a la gente “viva” que a la trabajadora? ¿Por qué volver a un país del cual tantos quieren escapar?

La respuesta no es sencilla porque las razones para hacerlo son muy complejas y, hasta cierto punto, desconocidas para uno mismo. La primera justificación que se me ocurre, es que “este es el único sitio donde no soy extranjero”. La frase, que suena a tópico, adquiere una enorme carga de verdad cuando se ha vivido fuera. Pero no es eso. De ser así no tuviéramos más del 10% de la población en el exterior y un número aún mayor tratando de irse.

Obviando factores como el afecto y el apego a la tierra, creo tener una respuesta satisfactoria. he vuelto porque me siento parte de la comunidad política dominicana. No quiero decir con esto, y como cuestión principal, que me sienta culturalmente dominicano. Aunque sí lo siento, eso es irrelevante. Primero porque –más allá del uso común del español- la dominicanidad cultural es imposible de definir; segundo, porque, si seguimos este criterio, hay cientos de miles de personas que son más “dominicanos” que yo, pero no son parte de esta comunidad política.

Tampoco es patriotismo. No por lo menos aquel de pacotilla enamorado de los símbolos y los mitos, pero que olvida a las personas y los valores de justicia. Lo que siento y pienso va más allá. Este es el conglomerado humano a cuyo destino me siento unido. Y ése es el vínculo más fuerte que puede haber entre una persona y una sociedad. Vuelvo porque siento que sus gracias y desgracias son las mías y ni el tiempo ni la distancia han roto esa atadura.

Como demuestra la existencia de la diáspora, ese vínculo no es indisoluble. Son muchos los dominicanos valiosos (conozco varios) de todos los niveles sociales que se han ido sin planes de volver. No son traidores, ni cobardes, ni débiles. Simplemente, son humanos que han sido superados por los defectos de nuestra sociedad. En otras palabras, su amor por el país no ha sido correspondido.

Pero en la medida en que persiste el vínculo y tiene uno el privilegio de poder llevar una vida medianamente decente, el regreso no es, en el fondo, una elección valiente. Es más, ni siquiera es una elección. Es, sencillamente, lo que uno hace porque tiene que hacerlo, porque este es su sitio en el mundo y el lugar donde debe sembrar sus semillas.

Clave Digital 30 de mayo de 2006

¿Así queremos progresar?

2006-05-11T10:11:00.000+02:00

Desde hace años, nuestro país es un hervidero de “modernización” y “adaptación a los nuevos tiempos”. Tratados de Libre Comercio, adecuación de las leyes a las normas de comercio internacional y similares…, todo en aras de la ansiada “competitividad”, palabra convertida en catalizador mágico que todo lo transforma.

Hasta en las discusiones sobre la Seguridad Social se ha advertido que el sistema, antes que nada, debe garantizar que no afectará la “competitividad”. No importa que su función fundamental no sea esa, sino garantizar que los más pobres puedan tener una vida medianamente digna. Pero no, todo se sacrifica en el altar de la “competitividad”.

Según la corriente de pensamiento dominante, lo importante es producir más y mejor. Y esto aunque se mantenga o acreciente la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Es decir, el crecimiento por el crecimiento mismo; pero, además, el crecimiento como premio para los que más tienen.

Es curioso (o revelador, según se mire) que sea ésta la visión del problema del crecimiento y de las reglas de juego a aplicarse en el país. Porque a ojos vistas los débiles intentos por establecer servicios sociales o por defender los derechos de los trabajadores no son el principal obstáculo a una economía competitiva.

Un estudio presentado recientemente en el World Economic Forum por el economista Augusto López-Claros analiza la competitividad de los distintos países latinoamericanos. El nuestro -este paraíso de la modernización- está en el puesto número 91 de 117 a nivel mundial y 15 de 21 en Latinoamérica. Hay muchas razones para esto, como por ejemplo la falta de un sistema educativo decente. Sin embargo, el que destaca muy por encima de todos es el de la corrupción y el favoritismo.

En una demostración de nuestra pasión olímpica por lo mal hecho, la fortaleza de nuestras instituciones quedó en el lugar 111 de 117. Esto es de por sí grave porque un país donde el grado de confianza en las instituciones públicas es tan bajo, no es competitivo ni económica ni democráticamente. Pero donde nos llevamos el palmarés es en lo relativo al favoritismo por parte de los funcionarios gubernamentales. Ahí estamos en un insuperable lugar 117 de 117. Es decir, no se encontró un país en el que el fenómeno fuera peor que en el nuestro. En algo parece que sí somos competitivos.

Resulta evidente donde está el principal obstáculo a nuestro desarrollo económico. Y no es precisamente en las reivindicaciones sociales. De hecho, un 16% de los consultados considera que la corrupción es el mayor problema. También se preguntó si el principal obstáculo a la competitividad son en realidad las restricciones al mercado laboral. Respondió afirmativamente un poco impresionante 1% de los entrevistados. ¿Y entonces?

Pero antes de que salgamos todos con antorchas a hacer hogueras con los políticos y los funcionarios públicos, detengámonos a pensar un momento. ¿Quiénes son los favorecidos por esta corrupción? ¿Es que no hay un “esto por aquello”? De la corrupción pública se benefician, y mucho, personas del sector privado que mientras en público hacen muecas de asco, en privado se frotan las manos pensando en el botín.

También debemos echarle una ojeada a los indicadores relativos a la actividad empresarial dominicana: en comportamiento ético de las compañías quedamos en el lugar 110 de 117; en eficacia de las juntas directivas, en el 111 y en cuanto a la protección de los intereses de los accionistas minoritarios en un “mejorado” 105. Habría que preguntarse si, en vista la falta de ética, eficacia y preocupación por los intereses de sus mismos socios, los empresarios dominicanos no se refugiarán en la corrupción para sobrevivir. El tiempo ha demostrado que muchas historias de éxito empresarial han sido en realidad historias de corrupción.

Las debilidades de nuestro país son institucionales, pero no tienen nada que ver con los servicios sociales ni es un problema exclusivo del sector público. La raíz de la corrupción está en una cultura que aplaude el boato, fomenta la aplicación de la ley del mínimo esfuerzo y pretende echarle la culpa de todo a los más desfavorecidos. Sería bueno que algunos sectores hicieran un poco de autocrítica antes de querer profundizar las desigualdades sociales con la excusa de que hay que aumentar la competitividad.

Clave Digital 25 de abril de 2006

¿No que era culpa del Código?

2006-05-11T10:09:00.000+02:00

Los últimos meses han visto recrudecerse la campaña constante de algunos sectores contra el Código Procesal Penal (CPP). Muchos afirman, incluso desde antes de su aprobación, que no es bueno, que defiende a los criminales, que no se adapta a nuestra cultura jurídica y mil argumentos parecidos.

En su afán por denostar el CPP, no se han detenido ni siquiera ante la reputación de sus promotores. Da vergüenza ajena leer artículos de abogados tildando de “improvisados” y “faltos de experiencia” a sus redactores. Olvidan que el motor principal de la reforma fue una Comisión Especial designada por el presidente Fernández en su anterior administración. Y que en ella estaban profesionales como Guillermo Moreno, ex Procurador Fiscal del Distrito Nacional, entre otros. Si estos son los improvisados, no quiero ver a los preparados.

Pero como el objetivo es claro, deshacer la reforma, nada puede interponerse en el camino. Ni siquiera los hechos. Como las estadísticas demuestran que con el nuevo CPP la justicia penal se ha agilizado, se aferran a un argumento falaz: la reforma es culpable del aumento de la delincuencia.

El propio jefe de la Policía, general Bernardo Santana Páez, afirmó públicamente que el CPP impide la utilización de ciertas “técnicas investigativas”. Todos sabemos qué quiere decir esto: que preocupa el CPP no le permite a la Policía Nacional “enfrentar” a los delincuentes utilizando todos los medios -legales o ilegales- a su alcance.

Pero, ¿es el CPP el verdadero responsable de la ineficacia de las fuerzas de seguridad pública? Antes de llegar a una conclusión, veamos lo que dicen ellas mismas de su situación. Son constantes las denuncias sobre la participación de policías en actos delictivos, por lo que sólo daremos algunos ejemplos recientes. Hace pocas semanas, tres policías asaltaron un comercio en el Ensanche Kennedy y se llevaron la friolera de dos millones de pesos.

Y no sólo eso, sino que usaron armas propiedad de la Policía para cometer el asalto. La prensa nacional publicó hace poco un dato alarmante: la delincuencia entre policías es tan frecuente que la institución expulsa un agente cada dos días; es decir, casi doscientos policías al año. Y esos son sólo los que consigue castigar. Pero no se queda ahí el problema. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) expulsó recientemente a 224 agentes por vínculos.... con el narco. Y, según la investigación de un diario matutino, en 20 meses han sido expulsados por las mismas razones casi 500 agentes.

Por lo visto, tenemos a los lobos cuidando del rebaño. Los policías, en lugar de impedir los actos de delincuencia son los primeros en cometerlos. Es evidente que en estas condiciones no serán eficientes en ayudar a lograr la paz pública. La Policía está postrada, hundida por el peso de su propia falta de institucionalidad. No es capaz de enfrentar sus responsabilidades. Y, por ende, aumenta la delincuencia. ¿Es eso culpa del CPP? No, al contrario. Al imponer criterios de trabajo democrático, el CPP le brinda a la Policía metas para alcanzar en su impostergable proceso de modernización.

Lamentablemente, los críticos del CPP ignoran estas realidades y proponen recetas aterradoras. ¿A quién se le ocurre devolverle a un cuerpo tan permeado por la corrupción la capacidad de torturar impunemente a las personas? ¿De verdad creemos que, de repente, los policías corruptos -que son muchísimos- van a empezar a comportarse “decentemente”?

La razón que hace tan difícil a la Policía garantizar la seguridad ciudadana es que, en realidad, la institución no existe. Sí, eso mismo: en la República Dominicana no hay Policía, sino un cuerpo uniformado y armado cuya función primordial es ser choferes de funcionarios y cuidar las casas de personas con buenos contactos. Los policías no cuentan con los equipos necesarios, ni con el apoyo logístico, ni la formación para hacer su trabajo, ni con un sueldo digno ni con nada. No sé a quién se le ha ocurrido que es buena fórmula ponerles sueldos de hambre y luego entregarles un arma. Los resultados son algo más que previsibles.

Para enfrentar la delincuencia hay que buscar soluciones reales. Y la más elemental de ellas es hacer de la Policía Nacional una institución sólida, que no sólo pueda cumplir su labor eficientemente, sino que brinde a sus miembros la posibilidad de hacer carrera y de tener una vida digna. Hay que invertir en la Policía si queremos tener una. Y brindarle todo el apoyo institucional que haga falta para que pase de servicio de edecanes a verdadero cuerpo democrático de seguridad ciudadana.

Mientras tanto, sería bueno que aquellos que quieren ver en el CPP todos los males que nos aquejan le den una mirada a la terrible situación en la que está la Policía Nacional. Ya no podemos seguir dejando su modernización al tiempo. Buscar falsos culpables es más fácil, pero inútil. Lo que necesitamos es avanzar, no acomodarnos en el retroceso a los fracasos conocidos. Culpar de la violencia al CPP en el marco de una sociedad carente de una Policía medianamente eficaz es, en el mejor de los casos, un error. En el peor, una ceguera voluntaria. Y esto es algo que no necesitamos.

Clave Digital 9 de mayo de 2006

La homofobia como valor

2006-04-23T13:16:00.000+02:00

Cuando algún amigo opina que el nuestro es el verdadero País de las Maravillas, tengo por costumbre disentir. No creo que sea éste el país donde Alicia vivió sus primeras aventuras. Dos razones me llevan a pensarlo.

Primera, que la DNCD habría acabado muy pronto con las andanzas de Alicia por consumir hongos que la hacían cambiar de tamaño y ver las cosas de distintos colores; segunda, que en el País de las Maravillas lo que maravilla -si me perdonan la tautología- no es que las cosas sean distintas que en el mundo real, sino que sus características están tan exageradas que su significado resulta obvio.

No en vano lo último en desaparecer del Gato de Cheshire son los blancos, largos y filosos colmillos que forman su famosa sonrisa.

Al que sí se parece nuestro país es al segundo mundo -y menos conocido gracias al canibalismo cultural de Disney- en el cual se aventuró Alicia: El mundo a través del espejo. Allí, como en todo espejo, las cosas son exactamente lo que creemos, sólo que al revés: las apariencias más parecidas a la realidad son también las más engañosas y todos los habitantes son parte –involuntaria, incluso- de un juego de ajedrez donde su papel, por lo general, es ser peones.

Lo mismo sucede en la República Dominicana donde, al momento de aplicarlos, los más altos valores se convierten justamente en lo contrario. Es por eso que promovemos la paz social abogando por la “mano dura”, el Estado de Derecho permitiendo la discriminación y la caridad y amor cristianos siendo intolerantes.

La última de estas comedias se produjo en torno a un artículo del proyecto de Código Civil que reconoce el derecho a la libertad sexual. Inmediatamente se dio a conocer, las alarmas de los moralistas sonaron estruendosas y se armó un notemeneés impresionante. Lo curioso es que como paladines de la moral se erigieron dos funcionarios públicos sin velas en el entierro: el Procurador General de la República en funciones, Rodolfo Espiñeira, y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Alejandro Moscoso.

Para Espiñeira, la sociedad dominicana no está preparada para la “libre sexualidad”, porque es “todavía conservadora, con principios familiares muy arraigados”. Quizás ahora el Procurador General es guardián de la moral pública y no nos hemos enterado. Pero hasta que eso se confirme, ¿qué hace el máximo representante del Ministerio Público pontificando sobre los “valores” que deben regirnos? Es gravísimo que quien maneja la persecución judicial del delito pretenda confundir su función de esta manera. El Procurador no puede ser el brazo secular de la Iglesia.

De igual forma sorprende el Comisionado cuando decide que se retire ese artículo del proyecto de Ley para “evitar confusiones”. La confusión es suya pues ese artículo es redundante, se limita a repetir una verdad de Perogrullo. La Constitución dominicana reconoce la libertad de conciencia y religiosa, además de que los tratados internacionales de derechos humanos de los que somos signatarios prohíben la discriminación por cualquier motivo, así como la intromisión del Estado en el ámbito íntimo de las personas. Si el Comisionado de Reforma quiere atrincherarse en el inmovilismo, es asunto suyo aunque sea contradictorio. Lo que no puede evitar es que su decisión de retirar el artículo sea un golpe de efecto vacío porque de cambiar, no cambia nada.

Tampoco podía faltar en una ocasión como esta la opinión de Su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Con su habitual delicadeza, llamó “lacras” a los homosexuales y propuso su expulsión masiva del país. Hace tiempo que no se veía en la República Dominicana una expresión de caridad y tolerancia cristiana tan maravillosa. Jesús debe estar orgulloso. O quizás no, los que lo están son Torquemada y Eymerich.

Creo innecesario repetir que aun si Su Eminencia considera pecado la homosexualidad -y a esa opinión tiene derecho- no debe olvidar su deber de amar a los pecadores --que somos todos. (De paso, debe recordar que la arrogancia es el más grave de los siete pecados capitales, peor aun que la lujuria, San Gregorio Magno dixit. Y que Dios destruyó más pueblos por el pecado de la arrogancia que por el de la homosexualidad.) Tampoco debe olvidar el Cardenal que a Dios se le da lo de Dios y al César lo del César. Si el fundador de la Iglesia Católica e hijo de Dios supo hacer la distinción, igual debería hacerla él, su humilde servidor. Y tener siempre presente que la barrida del templo fue contra los mercaderes y no contra los pecadores, aunque con los primeros resulte más difícil meterse, o eso parece. Es de esperar, en todo caso, que su próxima propuesta no sea reeditar el “auto de fe” en el que en 1664 fueron quemados vivos cuatro hombres en pleno Santo Domingo por el “crimen” de ser homosexuales.

Estas muestras de comodidad política e intolerancia van unidas en el país a un preocupante grado de desconocimiento. Es muy frecuente justificar la discriminación afirmando que los homosexuales son “enfermos”. Pedida explicación convincente de afirmación tan rotunda, se recurre al tópico de los “miles de estudios” o al de que “eso lo sabe todo el mundo”. Pues bien, no existe una sola institución médica de prestigio mundial que lo corrobore. Desde hace décadas estas instituciones -como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Psychiatric Association (APA)- luchan por desterrar esta errónea idea de la conciencia social. En todo caso, la obsesión de algunos con la sexualidad ajena sí parece ser una patología, si no médica, por lo menos social.

¿Con qué argumentos se quedan entonces los homófobos? ¿Con que los homosexuales son distintos? ¿Un rechazo estético? ¿Es un asunto moral? Ninguna de estas razones es válida. Cada cual puede hacer con su vida lo que le parezca. Para eso somos una democracia y no una teocracia. Aspiramos a un país de leyes y no de prejuicios. ¿Quién les da derecho a los autoproclamados guardianes de la moralidad a imponer su moral sexual a los homosexuales? ¿Acaso obligan estos últimos a los heterosexuales a ser homosexuales o a reprimirse? La homofobia no es un valor moral, es un acto de arrogancia y desprecio. Lo importante en una sociedad democrática es la convivencia social pacífica. Para ello lo mejor es seguir el consejo de Jesús: “Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos”. Lucas 6:31.

Clave Digital 17 de abril de 2006

De nacionalidad y peloteros

2006-03-30T19:45:00.000+02:00

En ocasiones, los problemas importantes de una sociedad son revelados por las causas más intrascendentes. Tal ocurrió con el pasado Clásico Mundial de Beisbol y la composición del equipo dominicano. Todo el proceso dejó ver lo frágil y convenientemente tuerta que es la idea generalizada que tenemos de la “nacionalidad”.

Desde finales del pasado año, la prensa cubrió, con un interés que no demuestra en asuntos más relevantes, las decisiones de los peloteros profesionales dominicanos sobre su participación en el torneo. El caso de Álex Rodríguez fue sintomático de la fiebre que se apoderó de nuestros medios de comunicación. Sus vacilaciones fueron seguidas como si de ellas dependiera algo importante, distinto a nuestro orgullo beisbolístico.

Cuando finalmente Álex Rodríguez decidió vestir el uniforme del equipo estadounidense, la condena fue casi universal: nos había traicionado, prefirió representar a “los gringos” y no a “su gente”. Lo acusaron de olvidar que para los estadounidenses no es más que un latinito que juega bien al béisbol. No faltó quien propusiera declararlo “persona non grata” y muchos se alegraron cuando su equipo perdió, porque entendían que había perdido él.

Lo que dijeron pocos es que si quizás es cierto que los estadounidenses sólo ven en él las carreras empujadas y los Guantes de Oro, los dominicanos vemos exactamente lo mismo. Si en lugar de ser pelotero exitoso fuera aparcador de carros en el Bajo Manhattan, nadie en el país se preocupara en lo más mínimo de él.

Los dominicanos olvidamos lo que nos conviene. Por ejemplo, que Álex Rodríguez nació en los Estados Unidos y no aquí. Más grave aún: que es uno de los cientos de miles que no pudieron nacer en la República Dominicana porque nuestra sociedad convirtió a sus padres en refugiados económicos. No nos debe nada, absolutamente nada. Todo lo que él es hoy se lo debe a las oportunidades que tuvo en su pais de nacimiento. Dicho en español dominicano, “el tamaño que tiene no se lo dimos nosotros”. Si hubiera nacido aquí lo más probable es que fuera motoconchista, o frutero, y tampoco nos importara.

Pero no es frutero. Es, repetimos, un pelotero exitoso. Por eso lo queremos, lo reclamamos, le exigimos que vista nuestros colores, que nos sea leal. Mas nosotros no hemos sido leales con él, ni con su familia. Le exigimos lo que no le hemos dado. Queremos aprovecharnos de un éxito al que no hemos aportado nada. De hecho, queremos que nos represente en detrimento del país en el que sí encontró las oportunidades de las que aquí no hubiera gozado. O peor, porque nuestro país muchas veces funciona como una máquina destructora de talentos.

La miopía que caracteriza esta exigencia, también nos impide ver que si Álex Rodríguez nos hubiera representado en el Clásico, el suyo hubiera sido un acto de generosidad inmerecida. Como la que nos prodigó Félix Sánchez, de quien también olvidamos que nació en Nueva York y hasta hace poco apenas hablaba español. Y porque se hubiera tratado de un acto de generosidad, no podemos exigirla. No podemos reclamar la cosecha de lo que no hemos sembrado.

Que muchos miembros de la diáspora sean generosos con nosotros debemos verlo con agradecimiento, sin arrogarnos el derecho de esperar que todos hagan lo mismo. La República Dominicana ha pasado décadas sobreviviendo gracias a las remesas de los expatriados. Esos mismos que tratamos con desprecio y de cuyos hijos no queremos saber porque no son “lo suficientemente dominicanos”. Recordémoslo: durante años la expresión “dominican-york” ha sido usada despectivamente.

Es hora ya de que reconozcamos que si Álex Rodríguez, como cientos de miles de decendientes de dominicanos, tiene lealtades conflictuadas es por causa de nuestra desidia, de la injusticia de nuestra sociedad y hasta de nuestro desprecio.

Es muy fácil -demasiado- querer que los exitosos de la diáspora estén “agradecidos” al país. Lo difícil es la autocrítica y darnos cuenta de que el agradecimiento tiene dirección inversa. Porque esa diáspora es extraordinariamente magnánima con sus padres pródigos; y no sólo porque nos mantiene económicamente, sino también porque gente como Félix Sánchez, Julia Álvarez, Silvio Torres-Saillant, Junot Díaz, Álex Rodríguez -sí, él también- y los miles y miles de trabajadores dominicanos anónimos, nos permiten el lujo de relacionarlos con nosotros, sus deudores.

Clave Digital 28 de marzo de 2006

Delincuencia y Estado irresponsable

2006-03-25T17:52:00.000+01:00

No sé si sea cierto que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. En lo que sí creo es que en países como el nuestro las grandes decisiones parecen ser tomadas siguiendo los instintos más básicos de la sociedad.

Lo afirmo por las recientes declaraciones de monseñor Agripino Núñez Collado propugnando la revisión del Código de Procedimiento Penal porque, según él, posiblemente esté contribuyendo al auge de la delincuencia. Sin dilación, de estas declaraciones se hicieron eco tanto el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

Mucho tardaron en pretender echar la culpa del aumento de la criminalidad al Código Procesal Penal. Como el análisis fácil es lo que está a la orden del día, se presume que la razón por la que han aumentado los hechos de violencia es porque los jueces, obligados por el CPP, “están soltando a los fichados”. En otras palabras, ni la pobreza desesperante, ni la crisis económica, ni la desesperanza generalizada son un factor que explique la violencia. No, el culpable es el Código que moderniza la justicia. Antes de él, todo era bonito, y debemos volver a esa época dorada.

No importa que en un país donde las estadísticas brillan por su ausencia, las pocas que existen demuestren que la reforma de la justicia penal ha logrado dos cosas antes impensables: disminuir la cantidad de presos preventivos y agilizar los procesos. Tampoco importa que el número de condenas haya aumentado (entre otras razones porque, por fin, los casos llegan a juicio de fondo) ni que se esté depurando los tribunales de los casos viejos que impedían el conocimiento de los nuevos y que hubiera justicia rápida. No, nada de eso importa: hay que volver al garrote porque es lo que queremos.

Pero aún, van más lejos. Proclaman que el Código debe ser revisado porque “es demasiado avanzado para nuestra realidad”. Como si los dominicanos todavía anduviéramos en taparrabos. Este argumento demuestra una falta de confianza asombrosa en la capacidad de los dominicanos para actuar como seres humanos racionales. ¿No tenemos diez años inmersos en un esfuerzo por “insertanos en la modernidad”? ¿No es eso parte del discurso de todos los políticos y sectores influyentes de la sociedad? ¿Entonces, cuál es el problema? No debería ser necesario recordar públicamente que los dominicanos seremos pobres, pero no somos salvajes.

Preocuparan menos estas declaraciones si no fuera por que en días recientes el jefe de la Policía, general Bernardo Santana Páez, también se ha dedicado a actuar como si viviéramos en la Edad de Piedra. Empezó diciendo que el nuevo Código había privado a la Policía de “técnicas investigativas” útiles. Sería interesante que explicara a qué se refiere porque lo que prohíbe el CPP es la tortura. Quizás porque ya no pueden usar los métodos “efectivos”, se quejó de que en los cuarteles haya fiscales. Y tuvo el tupé de afirmar que la presencia de los representantes judiciales proyecta una “imagen tercermundista” de la Policía, como si lo “tercermundista” no fuera lo que ocurre en los cuarteles cuando no hay quien supervise a esa institución.

Lo anterior fue preámbulo para el anuncio de la vuelta a la política de “intercambios de disparos”, la misma que sembró el terror en el país a finales de los años noventa sin que tuviera otro resultado que aumentar el desprestigio de la Policía Nacional. Finalmente, y en un acto de irresponsabilidad asombroso, insta a los ciudadanos a que se cuiden ellos mismos, como quien dice que la Policía renuncia a esa responsabilidad porque le han quitado sus “herramientas”. Esto no puede definirse si no como chantaje. La responsabilidad de la Policía es velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Si la institución renuncia públicamente a cumplir su papel no quedará otra solución que disolverla o, al menos, cambiar su liderazgo. Es inconcebible que declaraciones de este tipo sean aceptadas como moneda corriente. Son estas actitudes y silencios, más que cualquier Código Procesal Penal, los que estimulan el clima de desorden que supuestamente se quiere enfrentar.

Lo señalado deja en evidencia que quienes dirigen nuestra sociedad no tienen fe en que los dominicanos podamos vivir en democracia. Al buscar el origen de la violencia en la reforma del sistema de justicia penal y no en las injusticias estructurales, demuestran una visión torcida de nuestra sociedad. El mal no está en la democratización social de la cual el CPP es sólo parte. Lo que nos condena al atraso son todos aquellos que desde puestos de poder o influencia se resisten -a veces con uñas y dientes- a todos los cambios que impliquen confiar en la capacidad de los dominicanos.

Clave Digital 14 de marzo de 2006

¿Qué hay en una bandera?

2006-03-25T17:50:00.000+01:00

Como cada año, también en este 27 de febrero el fervor patriótico se apoderó de los funcionarios públicos, congresistas, jueces, escuelas y directores de campañas de marketing. Los días en que se clausura el “mes de la Patria” se exigió de los dominicanos demostrar un amor por la Patria del que nadie se acuerda el resto del año.

Recordamos y veneramos a los próceres de la Independencia sin tener idea de por qué lo hacemos. Nos reunimos en masa para hacernos la foto en la Plaza de la Bandera agitando tricolores como si estuviéramos espantando moscas y con la esperanza de que nadie note que, al hacerlo, miramos a la cámara y damos la espalda a la bandera. Al día siguiente, el escenario de nuestra demostración patriótica amanece cubierto con banderas de papel pisoteadas, lugar en el que quedarán hasta que repitamos el espectáculo el año siguiente.

El patriotismo como lo practicamos hoy en día ha sido cuestionado por muchos desde el momento en que el Romanticismo dio origen a la idea de “Patria”. No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que algo de razón llevan esos críticos. Para nuestro patriotismo, las banderas, los escudos, los himnos y los bustos son lo más importante. Parece como si, al fin y al cabo, los dominicanos existiéramos para ellos y no al revés.

¿Qué patriotismo es ese que venera los símbolos y desprecia la sustancia? En mi opinión, se trata del patriotismo de pan y circo. Toda la parafernalia “patriótica” no hace más que cubrir las vergüenzas de nuestra sociedad. Detrás del discurso fácil y la fiesta irreflexiva se esconden el hambre y la desesperación de cientos de miles de dominicanos. Lo que es peor, el patriotismo que aprendemos no solamente es simulador, sino que nos exige no criticar nuestra sociedad y aceptar sus injusticias alegremente.

Está muy bien que los dominicanos nos esforcemos por crear un sentimiento de pertenencia y de solidaridad entre todos. Lo que me parece inaceptable es que olvidemos que los colores de la bandera no significan nada si olvidamos que simbolizan las aspiraciones de dominicanos reales. La Patria no existe si no hay compatriotas. Y de nada nos sirve abanicar nuestro sentimiento patriótico si no ponemos manos a la obra para resolver las necesidades básicas de todos.

No es posible esperar que se pueda construir un proyecto de nación agitando banderitas pero descuidando la educación, ignorando el desempleo y limitando el acceso a la justicia. Nadie puede confiar en que las celebraciones “patrias” hacen olvidar a los dominicanos que en nuestro país hay quien pisa y quien es pisado. Ninguna valla publicitaria con la bandera puede esconder la ostentación arrogante de riquezas mal habidas, tan común en nuestro país. Ni tampoco puede hacer olvidar las condiciones miserables en las que vive la mayor parte de los dominicanos.

Si el interés es “hacer Patria” hay que empezar por los compatriotas. De poco sirve llenarse la boca con Duarte, Sánchez y Mella si no luchamos -y el Estado el primero- por una sociedad más justa. No hay amor a la Patria ni a los compatriotas cuando aceptamos como bueno y válido que los niños dominicanos estén hambrientos, enfermos y sin instruir. Esa doble moral es lo que aleja a muchos dominicanos de cualquier sentimiento patriótico (real o simulado). Quien se ve abandonado por los demás no tiene muchas razones para cultivar el patriotismo. Y tampoco, para ser francos, no tiene razones para hacerlo.

El patriotismo se demuestra construyendo un mejor país, uno donde la mayoría no viva en condiciones degradantes. Eso es lo sustancial. El proyecto duartiano es ajeno a este patriotismo inocuo. Su impulso fue el ideal de libertad y justicia para el pueblo dominicano. Y eso es lo que hemos abandonado, conservando sólo el “mes de la Patria” y las calcomanías con eslóganes vacíos. Es hipócrita presentar el proceso independentista como ejemplo para las presentes generaciones mientras a estas las privamos de lo que se quiso hace 162 años.

Los verdaderos colores de la Patria no son únicamente los de la bandera, sino también los de los sueños y anhelos de los dominicanos. Hasta que no pongamos manos a la obra, y arrimemos juntos el hombro en pos de una sociedad más justa, nuestra Patria estará descolorida, por más que apelemos al patriotismo.

Clave Digital 28 de febrero de 2006

En misa y repicando

2006-03-25T17:46:00.000+01:00

El descargo de los acusados por corrupción del Plan Renove fue una de las noticias más relevantes de la pasada semana. Inmediatamente se conoció la decisión de la Corte de Apelación, un coro de voces casi unánime se levantó para lamentar este presunto revés a la lucha contra la corrupción. Es probable que tengan razón y que esta sentencia ayude a fortalecer la sensación de impunidad que facilita la corrupción. Sin embargo, para combatir un mal no hay que irse al extremo contrario. El remedio puede ser peor que la enfermedad.

Es innegable que representaría un gran avance para nuestra malograda institucionalidad que se castigue penalmente los actos de corrupción pública y privada, Pero para el avance institucional y el fortalecimiento de la democracia también es necesario el respeto (aún mínimo) de las reglas de juego básicas. No podemos cambiar la cultura de la impunidad por la del castigo a toda costa. Ese tránsito de la permisividad absoluta a la sanción garantizada es incompatible con un sistema de justicia democrático.

Por ello me parecen no sólo fuera de lugar sino hasta nocivas las declaraciones del presidente de la Suprema Corte descalificando a los jueces y su sentencia. Y no porque la sentencia haya sido correcta, sino porque la forma y el contenido de sus declaraciones son incongruentes con su condición de miembro del Poder Judicial.

Aunque pueda parecer lo contrario, la impunidad en el país y la idea de que todo acusado debe ser condenado, tienen en común su elemento fundamental: ambas son consecuencia de la complicidad. En el primer caso, la complicidad entre los corruptos y quienes deberían detenerlos. En el segundo, entre quienes tienen la responsabilidad de perseguirlos. Ambas complicidades son formas de corrupción. Ambas deterioran el tejido social y político.

Para nadie es secreto que, en el país, entre las fuentes de la corrupción está la cultura del amarre, la pasión por los resultados definidos de antemano por los juegos de poder y las influencias. Pretender que todos los acusados de corrupción -sin excepción alguna- sean condenados por los tribunales es asumir que la acusación, por si misma, comprueba la culpabilidad Es reducir el juicio justo al que la Constitución nos da derecho a una simple convalidación de lo ya decidido por el Ministerio Público.

Es grave que el presidente de la Suprema Corte (quien, para más inri, en numerosas ocasiones hace el papel de vocero público de ese cuerpo) entienda que el papel de los jueces es pura y simplemente condenar a los acusados que les presenta el Ministerio Público. Eso no es así. En una sociedad democrática, el papel de los jueces es servir de árbitros en el conflicto presentado en los tribunales. Las sentencias previamente preparadas y los juicios-opereta son una señal clara y universal de sociedades autoritarias.

Y preocupa que frente a sentencias como ésta se quiera -como sugirió el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS- convertir a los jueces en actores de la política antidelictiva del Estado. ¿Cómo se concilia el papel del juez con el de persecutor? ¿Cuál sería la función de los jueces en semejante aquelarre?

De cumplirse este propósito, el aporte de los jueces se produciría en forma de sentencias condenatorias. ¿Es eso lo que queremos? ¿Cuotas de condenas? No creo que seamos todavía tan ingenuos para creer que un colectivo que ayuda a trazar la política antidelictiva del Estado pueda a la vez juzgar en forma justa. La contradicción es inevitable y elemental. No se puede estar en misa y repicar las campanas a la vez.

Si los jueces se convierten en máquinas expendedoras de condenas estaremos en una situación peor que la de hoy. Porque a nadie le cabrá dudas de que tanto las condenas como los descargos serán pactados con el Ministerio Público. Es decir, la naturaleza política de la justicia ya no será una sospecha, sino un hecho consumado y públicamente reconocido.

No hay que olvidar que la independencia judicial -que tanta agua ha dado a beber en el país- no se limita a la inamovilidad o al nombramiento por Leyes de Carrera. También es una independencia funcional. Es decir, el juez no debe verse condicionado ni por sus superiores ni por los “acuerdos” a los que llegue el Poder Judicial con otros órganos del Estado. Pretender que las decisiones judiciales pueden estar sujetas a los fines de una política estatal contra la delincuencia es coartar la independencia judicial.

Nadie discute que el sistema de justicia dominicano está en el deber de asignar responsabilidades en la corrupción endémica que nos afecta. Es cierto que aún no demuestra la fortaleza necesaria para ello. Es cierto que estamos en un momento crítico de nuestro desarrollo institucional, en el que se verá de una vez por todas si somos capaces de cumplir esta tarea. Pero las cosas no sólo hay que hacerlas, sino hacerlas bien. Eso es lo que distingue de la turba a la sociedad democrática y organizada. Los jueces tienen su lugar y su función, que debe ser mantenida lo más alejada posible de la persecución de los delitos.

Como la mayoría de los dominicanos, quiero que la corrupción sea castigada. Pero quiero que se haga en condiciones que no permitan dudar a nadie que se ha hecho justicia. La complicidad entre los jueces y el Ministerio Público no es la vía adecuada.

Clave Digital 14 de febrero de 2006

De Metros y megaproyectos

2006-02-11T21:47:00.000+01:00

Sorprende que a esta altura del juego los dirigentes políticos dominicanos no se hayan percatado de cuáles son las verdaderas prioridades nacionales. Tan pertinaz es la ceguera que no queda ninguna duda de su voluntariedad.

El caso más evidente es el del metro de Santo Domingo, megaproyecto convertido en razón de ser de la administración Fernández. Toda la política pública del gobierno gira en torno al deseo de llevarlo a cabo a como dé lugar, a tal punto que es uno de los aspectos no negociables en el tranque que -hasta el día en que se escriben estas líneas- mantiene el Ejecutivo con el Congreso por el Presupuesto Nacional.

Y no lo digo yo. Lo dice Diandino Peña, flamante director de la Oficina de Reordenamiento del Transporte (OPRET), quien hace pocos días declaró que el metro es de “capital importancia” para el Gobierno y de “elevado carácter de prioridad” para el presidente Fernández. Esto no es de por sí escandaloso, pero sí lo es si tomamos en cuenta el contexto en que se construye el metro y su costo no financiero.

Que hay muchas otras cosas en las cuales utilizar el dinero es una obviedad que sólo niegan los necios. Aunque se puede discutir si la inversión es necesaria y si es buena a largo plazo, lo indiscutible es que otros gastos deberían tener prioridad. No olvidemos que vivimos en un país donde los hospitales públicos parecen zona de guerra, muchas escuelas públicas carecen de pupitres o de techo y donde el servicio de energía eléctrica es extraordinariamente precario.

Mas no quiero centrarme en el aspecto financiero. Lo que me llama la atención es el desgaste que este proyecto está imponiendo a nuestro sistema democrático. Posiblemente sea ésta la factura más grande que pagaremos todos. El mismo día que emitió las declaraciones aludidas, Peña dijo que si la asignación presupuestaria para continuar la obra no es aprobaba, el Presidente recurrirá a su “habilidad y astucia” para asegurarse los recursos. En buen dominicano: el metro va por las buenas o por las malas.

No es la primera vez en nuestra historia que un Presidente decide hacer lo que se le antoja sin consultar a nadie y sin reconocer la facultad constitucional de otros poderes del Estado para impedirle actuar medalaganariamente. Lo preocupante es que no se quiera abandonar esas prácticas. Ninguno de los dos últimos presidentes, Hipólito Mejía y Fernández, han demostrado interés en aceptar los límites que les imponen las reglas del juego democrático.

El metro no es un simple proyecto de infraestructura. También deja ver el verdadero rostro del proyecto político que lo ha parido, cuya visión del poder presidencial es la de una fuerza arrolladora que aplasta todo lo que se oponga a sus deseos. En otras palabras, detrás del discurso de modernidad sólo hay es más de lo mismo, de lo que ha mantenido postrado nuestro proyecto democrático desde el primer día de la República.

Más allá de los méritos técnicos del proyecto, la manera en que se ha impuesto implica un grave atraso para nuestra vida política. En el mejor de los casos, es una muestra de inmovilismo, que viene a ser lo mismo. Expone las carencias de nuestro sistema político que permiten al Presidente obligar al Estado a someterse a su voluntad. Y, además, las de nuestros liderazgos políticos que, incapaces de convencer, acuden a la fuerza de un Poder Ejecutivo constitucionalmente desatado.

El progreso material no puede construirse sobre las ruinas de un proyecto fracasado de progreso institucional. Hacer el metro a la cañona es un grave error. Hacerlo sin tomar en consideración a la sociedad ni a los otros poderes del Estado es, además, un acto de irresponsabilidad política impropia de un Presidente en una sociedad democrática. Es lamentable que ninguno de los que han alcanzado la primera magistratura haya estado dispuesto a asumir el reto de respetar la institucionalidad, verdadero megaproyecto que sí debería realizarse.

Clave Digital 31 de enero de 2006

Otro pasaje de ida

2006-02-11T21:45:00.000+01:00

Hay comparaciones que son de mucho cuidado, incluso cuando dos hechos separados por el tiempo y la distancia tienen tantas cosas en común. Por eso no haré la referencia obvia que nos recuerda la muerte la semana pasada de 25 indocumentados haitianos mientras eran trasladados –peor que las reses al matadero- en el interior de un camión de carga.

Desde hace algo más de medio siglo, existe un referente histórico muy claro sobre lo que implica llevar a personas en un espacio ínfimo y en condiciones asfixiantes que se cobran la vida de buena parte de los fardos (es imposible usar el término pasajeros). Evitaré la referencia porque no hemos llegado ese punto, ni lo haremos, pero eso no debe servirnos como excusa para dejar de cuestionarnos las cosas que suceden en nuestro país.

Además, no es necesario acudir a experiencias foráneas si en nuestra propia historia reciente tenemos un caso cuyos paralelos con este son escalofriantes. En 1981, veintidós dominicanos murieron ahogados en el tanque de lastre del “Regina Express”, en el que habían entrado con la esperanza de una vida mejor. No sólo les engañaron sino que se les sacrificó para intentar borrar las huellas del crimen. Estos son, los de aquí y los de allá, los de antes y los de ahora, los verdaderos condenados de la Tierra.

Son víctimas mil veces y en mil sentidos. Arriesgan todo para intentar escapar de una vida miserable que les ha sido impuesta. Son deshumanizados por quien los ve y trata como una simple mercancía que puede ser abandonada a la menor señal de problemas. Si llegan a su destino serán vistos entonces como usurpadores y criminales por la misma gente que se beneficia de su explotación. Pero lo más terrible es que la angustia que producen la desesperación y el desprecio es el lujo de quienes sobreviven.

Por todo esto, los dominicanos del “Regina Express” y los haitianos del “Bengy Rent-A-Car” son hermanos en el sentido más profundo de la palabra. Los une la desesperación de que son presa y el desprecio de que son objeto. Los une la señal de Caín en la que el resto hemos convertido su necesidad con el propósito de deshumanizarlos. Los une la muerte.

Es necesario que los dominicanos tomemos en serio el tema de la migración ilegal. Hay que despojarse de los prejuicios en los que queremos encontrar la solución a un fenómeno que deja al descubierto las vergüenzas de nuestra sociedad. Ni los haitianos son “invasores” (no es invasor quien cruza con la complicidad de los encargados de vigilar la frontera) ni los dominicanos que se van son “cobardes” (no puede ser cobarde quien se aventura al mar en una yola). Por el contrario, son el rostro más amargo de dos sociedades que no hacen nada, o casi nada, por los suyos.

Buscar la solución en la “mano dura” migratoria no es otra cosa que pretender hacer pagar el precio de esta problemática precisamente en sus víctimas más indefensas. Además, ¿de qué sirven las “Operaciones Vaquero” y las redadas en las playas cuando resulta evidente que tenemos la Iglesia en manos de Lutero? Los encargados de estas acciones son también cómplices del tráfico ilegal de humanos en nuestro país. ¿Para qué vamos a deportar a los ilegales si lo único que lograremos es que los dueños del negocio les puedan cobrar otra vez para volver? ¿Para qué encarcelamos a los que tratan de irse en yola si no resolvemos las razones por las que se van?

Es evidente que el país necesita contar con una política migratoria adecuada, que impida que la gran mayoría de los inmigrantes en nuestro país permanezcan en él de manera ilegal. Pero no porque ellos mismos presentan una amenaza, sino porque como están desamparados por la ley no pueden protegerse del abuso. No es posible permitir que amplios sectores de la economía dominicana fundamenten sus beneficios en una mano de obra casi esclava. No les falta razón, tampoco, a aquellos que afirman que eso perjudica directamente a la gran masa de desempleados dominicanos. La legalidad de la inmigración no puede verse como una “lucha” contra quien, al fin y al cabo, está indefenso. Tiene que ser una forma de evitar que se les explote a ellos -e indirectamente- a los dominicanos más pobres.

Pero la represión tampoco es la forma de combatir la emigración ilegal. Nadie se lanza a cruzar el Canal de la Mona en una tabla por el gusto de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es eliminar las causas de la desesperación que lleva a cientos de dominicanos a jugarse la vida de esta forma todos los años. Tampoco lo es cubrir esta tragedia constante con el velo del silencio. Esas decenas de dominicanos que no llegan a la otra orilla son los algunos de nuestros más grandes olvidados.

Si queremos en realidad enfrentar un problema que nos cae encima por partida doble, y que va cada día a peor, tenemos que ser sinceros. Hay que hablar sobre sus causas, evitando el dogma, el eslogan barato y los prejuicios ciegos. Urge que hablemos de ello antes que a la cotidiana tragedia tengamos que volver a sumar otras excepcionales.

Clave Digital 17 de enero de 2006

Año nuevo, el mismo asunto

2006-01-28T17:27:00.000+01:00

Dicen que la llegada de un nuevo año es el momento de los nuevos comienzos, de iniciar nuevos proyectos. Todo debe ser nuevo. Yo no lo veo así. No tiene sentido quebrar la continuidad de las cosas -y de las relaciones causa-consecuencia- utilizando como pretexto algo tan arbitrario como un cambio de fecha. Sólo los esfuerzos continuados y permanentes pueden dar resultados positivos. Lo demás es engañarse. Por eso, nunca logramos cumplir las “resoluciones de Año Nuevo” que repetimos cada doce meses. En el mejor de los casos, esta oportunidad debe servirnos para continuar nuestros proyectos, sólo que con nuevos bríos.

Este razonamiento también es válido para nuestros problemas. No es cierto que un año nuevo traiga mayores o nuevos retos. El cambio de diciembre a enero no hace desaparecer, como por arte de magia, los desafíos que el año calendario anterior nos legó. Por eso conviene dejar de pensar el nuevo año como un “nuevo comienzo” y seguir nuestro camino de sociedad sin creer que empezamos los próximos 365 días como si nuestras cargas hubieran desaparecido.

Uno de los lastres más pesados de nuestro proyecto de nación es la corrupción generalizada y la impunidad. Aunque es frecuente que se hable de corrupción en el sector público, la verdad es que no se limita a éste. Sé que lo “chic” es quejarse de todo lo relacionado con el Estado, de su “ineficiencia”, y proclamar que en manos privadas todo estaría mejor porque la gente del sector privado es “más seria” y además más bonita y sale en las revistas de sociedad. Pero una cosa es lo “chic” y otra lo cierto. Y lo cierto es que nuestra historia reciente ha demostrado que el sector privado es igualmente corrupto que el público (y quién sabe). La diferencia es la complicidad del silencio que se teje en torno a nuestros corruptos privados.

Los dominicanos estamos siempre ojo avizor con los funcionarios presentes y pasados que han evadido la acción de la justicia -y que incluso son premiados con puestos en los que se les confía sumas enormes de dinero-. Mientras, los corruptos del sector privado son olvidados o defendidos a capa y espada por más de uno. En ese sentido, la corrupción en el sector privado es aún más perniciosa que la pública: sus responsables son presentados como grandes ejemplos a seguir, como personas “exitosas”, dignas de ser imitadas.

Este sistema de complicidades y silencios sufrió un duro golpe en 2003, cuando se hicieron públicas las barbaridades cometidas en uno de nuestros sectores más reverenciados: la gran banca. Ante la imposibilidad de esconder el desastre, las autoridades dominicanas no tuvieron más remedio que reaccionar. Consecuencia de esto, Ramón Báez Figueroa, uno de los banqueros más importantes del país, llegó a pasar una temporada en Najayo.

Pero de un tiempo a esta parte se nos quiere hacer olvidar lo que sucedió, quiénes lo hicieron, quiénes se beneficiaron y quiénes, al día de hoy, siguen impunes. Cualquier cosa es noticia en nuestro país. Empero, el juicio civil seguido en Miami a Luis Álvarez Renta, principal asesor del Baninter, fue ignorado por la mayoría de los medios de comunicación.

De la misma forma, leyendo los periódicos dominicanos es difícil saber hoy cuál es el estado de los casos penales seguidos a los defraudadores bancarios. Es como si nunca hubiera pasado nada. Se apuesta al tiempo con la esperanza de que, como el proverbial árbol que cae en el bosque sin que nadie lo escuche, el olvido cubra sus vergüenzas y todo sea como antes.

Como dije en un artículo pasado, esta vez arriesgamos mucho más que la libertad o prisión de unos cuantos banqueros: arriesgamos la confianza de los dominicanos en que una sociedad democrática puede proveernos de cierta dosis de justicia. El principal reto de los ciudadanos es mantener la presión para que ese caso sea llevado a sus últimas consecuencias.

Así como los vientos de un nuevo año no se llevan los males que nos trajeron las quiebras bancarias, no deben llevarse tampoco la conciencia de que se nos hizo un gran mal y que, esta vez la Justicia debe actuar. Cuando lo haga, podremos decir que estamos ante un nuevo comienzo.

Clave Digital 3 de enero de 2006

La alianza rojiblanca

2006-01-25T23:01:00.000+01:00

Para los que se preguntan sobre las razones por las que el sistema democrático de partidos es cada vez más cuestionado en Latinoamérica, las noticias dominicanas de las últimas semanas deben resultarles muy interesantes. Enfrentados a encuestas que demuestran el desgaste del gobierno, pero sin un repunte importante de la oposición, los tres partidos mayoritarios decidieron negociar alianzas para las elecciones congresuales y municipales del año que viene.

Lo que siguió fue un vodevil grotesco donde la dirigencia de los tres partidos demostró que quizás, después de todo, las ideologías sí están muertas. Al parecer, lo único que queda en los cascarones blanco, morado y rojo son las ambiciones personales (ya ni siquiera podemos llamarlas políticas). En este espectáculo, el objeto del deseo fue el Partido Reformista, que se entregó con fruición a jugar su papel de bisagra política. En este proceso no se habló jamás de proyectos de nación; lo único importante fueron las encuestas, la suma de porcentajes para calcular el triunfo sobre el otro, el ofrecimiento incrementado y la venta al mejor postor. Al final, el que disfrutará de los “favores” del reformismo será el PRD. El PLD, por su parte, reaccionó como un amante -¿cliente?- despechado y lo único que ha dicho es que la alianza fracasó porque el precio le parecía demasiado alto por una sola noche de calor electoral.

Mientras tanto, la nueva dirigencia del PRD se congratula de su gran “logro”. Pena que no se dé cuenta de que sólo prolonga el fracaso heredado. ¿Qué cree haber conseguido con esta alianza? ¿Preservar la cuota de poder electoral? Eso no parece posible porque la bella reformista se vendió cara. ¿Evitar que el PLD logre mayoría en el Congreso y se fortalezca la administración Fernández? Quizás, ¿pero a qué precio? Bien hacía Jesús cuando preguntaba: “Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Mt. 16:26). ¿Es que ya el PRD ha renunciado a todo y se ha convertido en un simple partido-cartel?

¿Dónde queda el PRD si ya todo da igual? ¿Es que sólo conserva un color, un nombre y un escudo? Si de algo podían sentirse orgullosos los perredeístas es de haber enfrentado durante décadas la corriente política representada por el reformismo. En 1978 y 1994 fue este partido el que plantó cara al continuismo y al autoritarismo balaguerista. Es dudoso que, en su forma actual, el PRD cuente con el liderazgo lo suficientemente coherente, claro de propósitos y decidido que es necesario para esas cosas. De hecho, quienes están en las máximas posiciones dirigentes han decidido renunciar a ello, al liderazgo mismo. Prefieren la ganancia a corto plazo que guiar a esta formación política en su necesario proceso de renovación. Antes que asumir su responsabilidad han decidido que hay que tratar de ganar el año que viene a toda costa. Pero no advierten que los aritméticos de la política, de tanto sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse terminan por hacerse irrelevantes.

Y con eso perdemos todos. Pierde el sistema democrático, que se ha convertido en una banca de apuestas donde apuntamos en un papelito la combinación que consideramos ganadora. Pero también pierden los partidos (y el PRD en particular), a los que cada vez se les hará más difícil convencer a los ciudadanos de su valor. Vaciados de contenido ideológico, desprovistos de proyectos de nación, no tendrán más importancia que los equipos deportivos.

Y, además, demuestran una falta de visión espantosa al asumir que, con su comportamiento, pueden garantizar victorias electorales. La política es algo más que sumar porcentajes de encuestas. Cuando se reduce a esto, se erosiona la fidelidad del votante, con lo cual la suma misma se hace mucho menos precisa y efectiva. Sólo les hace falta colocarse en el lugar del votante por un momento. Si ellos pactan con quien sea, ¿qué más nos da votarles hoy sí y mañana no? Fomentando ese juego tonto sólo se aseguran que los ciudadanos estén hoy con ellos mañana con el otro y siempre con todos (fórmula ésta que, de paso, es muy utilizada en el país por mucha gente de “éxito”, quien sólo usa su relevancia pública para estar “bien” con el gobernante de turno).

No se trata de alentar diferencias frívolas entre los ciudadanos y los partidos. Es que son estas diferencias lo que alimenta la democracia. Una de las razones por las que la gente deja de votar es, precisamente, por carecer de opciones. Y no es sólo que todos los políticos se comporten igual. Es que todas sus propuestas son igual de vacías, y las siglas y colores son un pobre sustituto para las ideologías. Es de estas diferencias robustecedoras que están vaciando la política.

Veremos hasta dónde lleva este camino a los políticos dominicanos. Yo lo intuyo, y me temo que tendrán un amargo despertar cuando se den cuenta de que los dominicanos no somos tontos.

Clave Digital 20 de diciembre de 2005

La nacionalidad y el grave error de la Suprema Corte

2005-12-19T17:30:00.000+01:00

A veces las palabras son insuficientes para expresarnos. Eso es lo que debe ocurrirle a todo el que lea con calma y conocimiento la sentencia por medio de la cual la Suprema Corte de Justicia niega la nacionalidad a los hijos dominicanos de los haitianos indocumentados en nuestro país. La razón es simple, la sentencia es un sinsentido jurídico. Un arroz con mango.

Siempre habrá quien diga que lo importante no es ser tisquismiquis o extremadamente legalista. Que lo importante es que la Suprema tomó la decisión apropiada. Quizás sea así. Pero a esta afirmación hay que hacerle antes dos matizaciones. Primero, que quien la haga probablemente tenga una concepción distinta de la mía de lo que en este caso era la “decisión apropiada”. La segunda es que la Suprema Corte está obligada a tomar decisiones que sean jurídicamente correctas. Esa es su responsabilidad. Y no tiene vuelta floja.

El “análisis jurídico” puramente noticioso que han hecho muchos no basta para tener un debate serio en nuestro país. Hay que tener verdadero intercambio de ideas, incluso en temas como la corrección jurídica de una sentencia de la Suprema Corte.

En este enlace (http://www.geocities.com/icedom2005/ICED.Losfallosdelfallo.pdf) podrán encontrar el análisis que hice como parte del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, de cual formo parte.

Saludos,

Nassef Perdomo Cordero

Redescubriendo la violencia

2005-12-08T11:46:00.000+01:00

La sociedad dominicana desincentiva la discusión seria de los problemas que la afectan. Por lo general, se premia el discurso moralista, lleno de tópicos, pobre de análisis y adulador de un ilusorio pasado perfecto. Tanto mejor si es presentado con palabras floridas y rebuscadas que oculten su falta de contenido. Lo importante es que se hable mucho, aunque no se diga nada. Es lo que sucede cada vez que se habla de la “ola de violencia” que “sacude” nuestro país. Por cada análisis serio del fenómeno aparecen decenas de artículos y declaraciones tremendistas.

Afortunadamente, de vez en cuando se publica algo que sí vale la pena leer. La pasada semana, Clave Digital publicó un excelente artículo de Carmen Imbert Brugal sobre el tema de la violencia y cómo se ha creado la ilusión de que hemos pasado de ser un país “tranquilo” a uno “violento”. Con estadísticas en la mano y la historia de su parte, demuestra que la violencia nos ha acompañado siempre, que no es para nada un fenómeno nuevo. Resultó una verdadera bocanada de aire fresco frente a tanto lamento inútil por la supuesta inocencia perdida.

Debo reconocer que me indigno cada vez que leo un artículo en que se afirma, sin el menor indicio de ironía, que “eso no pasaba antes”. ¿Cuándo hemos sido una sociedad libre de violencia? En nuestro país, la única ley que se respeta es la de coger piedras para los más chiquitos. Por ejemplo, son espeluznantes los niveles que alcanza la violencia intrafamiliar, cuyas principales víctimas son mujeres, niños y ancianos. Las violaciones a las que se refiere Imbert Brugal son tan comunes que ya ni siquiera reparamos en ellas y, cuando lo hacemos, asumimos que son consecuencia de que somos gente con “sangre caliente”.

Hablar de la violencia estatal es entrar en el terreno de lo repetido hasta la saciedad. Pero nos resbala como si estuviéramos cubiertos de teflón. Nos da igual que el Estado dominicano se dedique a maltratar a los más pobres. Que la mayor parte de la gente le tema a la Policía Nacional nos parece normal. Porque es ésa la relación que hemos cultivado siempre con el Estado, la del miedo y la sumisión. Tanto así que estamos convencidos de que vivir en libertad y sin que nos den macanazos es un favor que nos hacen y no un derecho. Aunque, claro está, eso no sea así para todos y exista un grupo de privilegiados que gozan de una impunidad que hasta llega a ser heredada. En algunos casos, desde el momento mismo de la fundación de la República.

No sólo el Estado ejerce la violencia pública. Al margen de que condenar la gente a la pobreza o el desempleo es, en sí misma, una forma de violencia, obtener un empleo no libra del maltrato. Las relaciones entre los trabajadores y los empleadores en la República Dominicana encierran una violencia encubierta -o estilizada- que asombraría al más cínico. Una cosa es lo que dice la ley y otra cómo funciona. La inmensa mayoría de los dominicanos que tienen la suerte de encontrar un empleo saben que deberán soportar uno y mil abusos si no quieren verse de patitas en la calle y con poca oportunidad de reclamar algo.

Ni hablar del más evidente acto violento en mucho tiempo en nuestro país. Porque, ¿de qué otra forma podemos definir el robo de RD$55,000 millones? Para calificarlo no debemos considerar sólo el descalabro que produjo en la economía, sino también el desparpajo con que se nos estruja en la cara tanto el desfalco como el persistente prestigio social de quienes lo cometieron.

A pesar de todo esto -y de muchas cosas más- aparecen quienes se rasgan las vestiduras porque la delincuencia está “acabando”. Estas personas provocan hacerles dos preguntas. La primera: ¿cómo es posible que no se dieran cuenta antes de que viven en un país violento? Durante años, la revista más vendida del país fue “Sucesos”, que publicaba reportajes muy gráficos de actos de violencia. Eso debió ser suficiente como señal de alerta. La segunda es: ¿qué cuenta para ellas como violencia? Porque todo lo anteriormente descrito es de conocimiento público. Y los fraudes bancarios, estafas, evasiones de impuestos e incluso actos de violencia brutal han estado siempre a la orden del día, incluso entre los miembros de lo más “selecto” de nuestra sociedad.

Da la impresión de que lo inaceptable es que la delincuencia común haya desbordado los barrios. Que los antiguos santuarios de la gente “nice” ya no sean tan seguros como antes. Pero eso no es una preocupación válida porque la violencia es asunto de todos sin importar si ocurre en Gazcue o en el María Auxiliadora (Guachupita, para más señas). Además, como no es algo aislado sino una presencia constante en nuestra sociedad, es iluso pensar en soluciones fáciles del tipo “mano dura”. Más efectivo sería luchar contra la creciente diferencia entre los más ricos y los más pobres.

Cualquier acto de violencia es una tragedia. Pero no hay explicación para el empeño en descubrir esto ahora y no darse cuenta de que esta tragedia se repite infinitamente en el país. A esta altura del juego, sorprenderse no es señal de que antes vivíamos más tranquilos, sino de que hemos estado voluntariamente ciegos.

Clave Digital 6 de diciembre de 2005

Corrieron a Ruquoy

2005-11-24T16:24:00.000+01:00

Ya está. Se fue. Lo lograron. Amenazado de muerte, Ruquoy salió del país el jueves pasado por orden de su congregación. Con esto culminó una campaña brutal y asquerosa contra un hombre cuyo único pecado fue defender a los que no tienen quien hable por ellos. Con él los dominicanos perdemos un hombre que dedicó treinta años de su vida a servir a nuestro pueblo. Y lo perdemos porque fue digno, porque no se dejó amilanar con las campañas de descrédito. No cedió a los insultos, a la reedición de la práctica de interrumpir misas en la forma más soez posible, a las falsas acusaciones. Tampoco cedió ante la falta de apoyo y las muestras de intolerancia de esa parte de la jerarquía eclesiástica que siempre ha respaldado los peores propósitos. Fracasados los intentos de disuadirlo, se recurrió a la amenaza de muerte. O te callas o te mato.

Su marcha pone en evidencia cuál es el problema al que nos enfrentamos los dominicanos: mientras un grupo de falsos patriotas atiza las llamas de la intolerancia, el Estado se abstiene de intervenir. O, lo que es peor, ataca él mismo a la víctima de la intolerancia. Es antológico el boche público que el secretario de Interior y Policía le dio al Padre Ruquoy hace unas semanas cuando fue a entrevistarse con él. El cura le dijo que temía por su vida y que militares dominicanos le habían amenazado. El funcionario no hizo caso e incluso le llamó “simulador” e “irresponsable”. ¿Qué piensa hoy señor secretario?

El Estado dominicano no hizo nada, no cumplió con su responsabilidad de protegerle de las amenazas y eso es complicidad por omisión. Pero además, con el exabrupto del secretario, ayudó a convertir a la víctima en victimario. El amenazado, y no quienes lo amenazaron, era el peligro. Ninguna investigación sobre la denuncia, ningún interés de asumir responsabilidades. En nuestro país, el malo es que pone el dedo en la llaga y no el que la causa.

Con la salida de Ruquoy ganan el abuso y la imposición. Porque los verdaderos causantes de la miseria dominicana y de la explotación de los inmigrantes haitianos se han quitado una espina del costado. Y las cosas para la gente de los bateyes van a seguir igual o peor. Ahora estarán verdaderamente desamparados porque quien se atrevió a levantar la voz en su defensa tuvo que salir apresuradamente y temiendo por su vida.

Pero además, aparece quien se alegra de la marcha de Ruquoy. No se da cuenta de que es un grave fracaso para nuestro sistema democrático, más allá de la posición que se sostenga sobre la inmigración haitiana. ¿Es aceptable que volvamos a los tiempos en los que el discurso público estaba limitado y delimitado por la amenaza de la violencia? ¿Es así como vamos ahora a resolver nuestras diferencias? ¿Para qué queremos entonces mantener la pretensión de democracia? Si es eso lo que queremos seamos coherentes y resolvamos nuestros problemas a palos y pedradas.

Lo grave es que un conocido diputado -de esos que se envuelven en la bandera antes de lanzar lodo y luego se ofende si le responden- se dio el lujo de decir que fue “sensato” que el cura se fuera. Tiene razón en un sentido, porque no servía a nadie el que se dejara sacrificar en el altar de la intolerancia. Pero por otro lado, sus declaraciones son muestra de la corrupción del sistema político dominicano. Esto por la sencilla razón de que este señor –al abstenerse de criticar a los salvajes que amenazaban a Ruquoy- está avalando la destrucción del principio de deliberación abierta que el Congreso mismo representa. Además, parece no darse cuenta de la ironía de que acepta como buena y válida la intimidación del contrario por personas privadas. ¿Quien iba a decir que llegaría el día en que lo viéramos aceptar las tácticas propias de gente como –por ejemplo- los narcotraficantes?

La salida de Ruquoy es una gran pérdida para todos los dominicanos y no sólo para los que entendemos que hizo una gran labor. La degradación del discurso público seguirá su curso y de tirarnos trapos sucios pasaremos a pegarnos galletas, patadas, trompones y balazos en un sentido algo más que figurado. Pero, además, los abusos que denunciaba seguirán ahí, y como nadie los denunciará pronto dejaremos de hablar de ellos. Así, el resultado es una sociedad más peligrosa, más intolerante y más injusta que nunca.

Esta degradación política y cívica es un peligro aún mayor, incluso, que el que, en su delirio apocalíptico, nos anuncian diariamente los falsos patriotas que contribuyeron a correr a Ruquoy del país.

Clave Digital 22 de noviembre de 2005

La ramera de San Cristóbal

2005-11-11T00:37:00.000+01:00

El pasado domingo 6 se celebró el 161 aniversario de la proclamación, en San Cristóbal, de la primera Constitución dominicana. Concorde con nuestra capacidad de deformarlo todo, una fecha que pudiera ser de celebración necesariamente se convierte en una de lamento.

Pensar en los avatares de nuestra Carta Magna entristece y desanima al más optimista de los mortales. Quizás, en el fondo, hasta es conveniente que casi nadie recuerde qué es lo que se celebra ese día.

Puede decirse de la Carta Magna dominicana que es la hermana pobre de la apocalíptica ramera de Babilonia. Pero la diferencia entre ambas es notable porque mientras que la última es fuente de terror, la primera sólo recibe vejaciones, desprecio y traición.

Desde su nacimiento mismo fue objeto de un golpe de mano militar y autoritario. No hay que olvidar que el infame artículo 210 –que al poner a Santana por encima de la Constitución misma destrozó cualquier esperanza de que la República naciera democrática- fue impuesto por el sátrapa de Hincha con el apoyo de los fusiles, que llegaron a ocupar la salida del edificio donde se reunía la Asamblea Constituyente.

Contrario a lo que se podía esperar, este principio no fue atípico. La Constitución se convirtió en un instrumento más en las batallas políticas dominicanas. El siglo XIX fue testigo de cómo se ponían y quitaban constituciones a ritmo de golpes de Estado, llegándose incluso a proclamar la disolución del Estado dominicano y su anexión a España. Durante ese siglo los caudillos que llegaban a la presidencia de la República procuraban, antes que nada, legitimarse a través de una nueva Constitución. Inevitablemente, esto llevó a la deslegitimación de la Constitución misma.

En el siglo XX la historia no ha sido más satisfactoria. El primer período de estabilidad constitucional fue fruto de la opresión trujillista. Pero no era a la Constitución que se obedecía, sino al “Jefe”. Dueño de la realidad política, e incluso de la teoría jurídica, Trujillo incluso se dio el lujo de reformar la Constitución simplemente porque quería divorciarse y ésta lo prohibía. Pervertido el razonamiento democrático, se ha llegado a afirmar que este tipo de cosas demuestran que Trujillo obedecía la Constitución. La realidad es otra muy distinta: la Constitución obedecía a Trujillo.

Caída la dictadura hubo un breve período de esperanza que nos brindó la Constitución de 1963. Ha sido, en su contenido y origen, la más democrática de las Costituciones dominicanas. Naturalmente, esta anomalía fue eliminada por un golpe de Estado que terminó desembocando en guerra civil e invasión estadounidense.

El régimen balaguerista, hijo de la ocupación, volvió al viejo truco decimonónico de usar la Constitución para legitimarse. Electo bajo condiciones que le aseguraban un triunfo espurio, el Congreso Nacional balaguerista cambió las reglas preacordadas para votar la nueva Constitución. Esto fue una violación flagrante del Acto Institucional, que en ese momento hacía de Constitución y era uno de los acuerdos que posibilitaron el fin de la Guerra de Abril. La Constitución resultante no podía ser otra cosa que un manual autoritario con un infuncional barniz democrático.

Por todo esto, no le faltaba razón a Joaquín Balaguer cuando, imitando a Federico Guillermo IV de Prusia, afirmó cínicamente que la Constitución no era otra cosa que un pedazo de papel. Los años posteriores a la caída del régimen balaguerista en 1978 tampoco han sido buenos para la pobre Constitución. La vuelta de Balaguer al poder y su permanencia en el mismo por medio de fraudes electorales se pagó con una reforma de la Carta Magna en 1994. La última reforma, en 2002, no fue otra cosa que un intento burdo por asegurar la reelección del entonces Presidente.

El uso de la Constitución como simple factor de legitimación o herramienta de poder es una traición a la democracia y al pueblo dominicano. Una Constitución no es sólo un texto jurídico. Es el acuerdo entre todos los miembros de una sociedad determinada de buscar un marco de convivencia que se fundamente en el respeto mutuo. El desprecio que nuestros gobernantes han mostrado por la Constitución es, a la vez desprecio por la democracia y por los ciudadanos dominicanos.

No tiene sentido celebrar lo que no respetamos. Reitero que no se trata de la devoción ciega y perniciosa de un simple texto jurídico. Tenemos que reconocer en ella el marco en el cual se debe desarrollar nuestra democracia, que no es posible pretender gobernar fuera de ella o contra ella. Que no es un juego ni un juguete. Tiene que dejar de ser una excusa, una esclava jurídica que se vende al mejor postor y satisface todas sus fantasías.

En fin, que para celebrar el “Día de la Constitución” antes tenemos que asumir que tenemos una. Con todas sus consecuencias.

Clave Digital 8 de noviembre de 2005

¿Luz al final del túnel?

2005-11-11T00:35:00.000+01:00

No es secreto para nadie que entre los fracasos más espectaculares de nuestro sistema político está el de la administración de justicia.

Abundantes estadísticas lo demuestran y han sido tan citadas que ya no causan un efecto discernible en el debate. Simplemente las aceptamos como parte del decorado de nuestra injusticia y seguimos hablando del problema como si no involucrara a miles de seres humanos.

Y no se trata sólo de los presos preventivos, cuya situación es consternante, o de las víctimas directas de los delitos, que hasta la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal no tenían poder ni derechos.

Aunque la histórica impotencia del sistema de justicia no es privativa del área penal, es este fracaso, en particular, el más peligroso para la democracia.

Esto por varias razones. La primera es que el Estado existe porque en toda sociedad organizada con pretensiones democráticas es necesario crear un sistema que solucione los conflictos penales y elimine la venganza privada.

Es esta la función del sistema de justicia penal. Cuando no funciona, o tarda demasiado en hacerlo, los ciudadanos no se sienten amparados por él y reanudan el círculo vicioso de la justicia privada lo que, en nuestro caso, explicaría el altísimo grado de violencia social. La falta de un sistema de justicia penal justo debilita la cohesión social.

Pero hay otra razón fundamental para la vida en democracia que depende de que la justicia penal funcione bien: la confianza en el Estado.

Una organización social compleja implica que los ciudadanos aceptan entregar al Estado algo más que el monopolio de la justicia.

También le entregan la tutela de los bienes comunes a los que todos contribuimos con la intención de que sean usados en beneficio común. La falta de acción, más allá del figureo político, en los casos de corrupción administrativa y los grandes delitos de cuello blanco ha sido una de las principales fuentes de desprestigio del Estado dominicano. Reinaba la impunidad de los delincuentes más poderosos (y más dañinos).

Las cosas empezaron a cambiar con la reforma constitucional de 1994 y los acontecimientos que han seguido: la selección de un nuevo cuerpo en la judicatura, los esfuerzos por llevar a buen puerto la reforma judicial, la reforma procesal penal y, ahora, los pasos que se dan para profesionalizar el Ministerio Público.

Las noticias recientes son aún más alentadoras. Por primera vez en muchos años, los engranajes judiciales ponen en marcha procesos –e incluso condenas en primer grado- anticorrupción; se ha arrestado a banqueros que gozaron durante años de una sorprendente libertad a pesar las órdenes de prisión en su contra (róbese un pollo en una pulpería a ver si pasa lo mismo); y, sobre todo, los implicados en las quiebras bancarias de 2003 están muy cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.

Estos hechos, sin precedentes por su cercanía en el tiempo y la coherencia de propósito que se adivina en ellos, pueden estar señalándonos la luz al final del túnel. Sobre los hombros del sistema judicial (que incluye tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público y la Policía) descansa la fe de muchos dominicanos en la viabilidad de nuestra democracia.

Han abierto la esperanza de que la ley y la justicia sean para todos y no para unos cuantos. No me ruborizo al escribir que aún hoy me resulta imposible imaginar qué pasará si uno de nuestros grandes banqueros es encontrado culpable. Francamente, mi experiencia como ciudadano dominicano no me ha preparado para esa posibilidad.

Estos casos tienen que ser llevados a sus últimas consecuencias, sean las que sean. No propongo un linchamiento judicial. Todo lo contrario, la justicia tiene que cumplir su labor. Y si no resulta posible probar en juicio las acusaciones, entonces debe encontrárseles no culpables. Pero la justicia dominicana tiene que demostrar que ya no es la niña de los mandados, que incluso los grandes tienen que responderle. Es mucho lo que nos estamos jugando, mucho lo que está en sus manos, y si no responde como debe, esa luz que vemos al final del túnel no será otra cosa que una patana con un solo farol.

Clave Digital 26 de octubre de 2005

Circo, circo, circo

2005-11-11T00:32:00.000+01:00

De todos es sabido el origen de la frase “al pueblo hay que darle pan y circo”. Lo que nos interesa es la razón por la cual dejó de ser efectiva como medio de control político: la fiebre no está en la sábana.

Mantener a los romanos distraídos y satisfechos no hizo desaparecer las fuerzas desintegradoras que afectaban al Imperio desde el momento mismo en que sustituyó a la República.

Por el contrario, regalar el pan a todos hizo de Roma parasitaria de las guerras de conquista y el circo... Bueno, aparte de su pérdida de eficacia con el tiempo, su crueldad embotó la humanidad de los romanos y, por tanto, su capacidad para funcionar como sociedad.

En otras ocasiones he dicho que me parece que a los dominicanos nos gusta reproducir los errores de otros, sólo que exagerándolos. Sucede lo mismo en esta ocasión.

Queremos reproducir el “pan y circo”, pero como la pobreza no nos permite la fórmula adoptamos sólo el circo. Son muchos los ejemplos que pueden encontrarse de esto. El que nos ocupa, sin embargo, es la situación de los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana.

Desde hace unos meses se viene orquestando una campaña que busca presentar la presencia haitiana como la más grave amenaza contra nuestro país. Afirman los agoreros del disparate que nuestra nación se encuentra en peligro de muerte, que si no la defendemos de la “invasión pacífica” pronto desapareceremos de la faz de la Tierra.

Nadie niega que la inmigración ilegal sea un problema social de primera magnitud ni que haya que buscarle solución con la colaboración del Estado haitiano. Lo inaceptable es echar leña al fuego de este problema, intentando cubrir con la humareda de su fuego otros asuntos.

Porque nadie debe engañarse. Como ha ocurrido desde principios de los pasados años noventa, cada vez que hay crisis graves se recurre al expediente de la inmigración ilegal para distraernos. ¿Acaso cree alguien que es casual que esto haya vuelto al tapete cuando se discuten la reforma fiscal y el fraude bancario más grande de nuestra historia? No hay que ser muy avispado para darse cuenta de las razones de esta campaña.

Para muestra un botón: algunos de los portavoces más importantes del antihaitianismo están implicados, a su vez, en la defensa pública y/o jurídica de los procesados por el fraude bancario. Mientras los dominicanos perdemos tiempo y energías enfrentándonos a una supuesta “invasión pacífica” y a la “amenaza de nuestra disolución como nación”, un grupito mueve fichas para garantizar la impunidad de los mismos de siempre.

Si amaran la patria tanto como dicen, los que han padecido lipotimia al conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvieran pidiendo justicia para los dominicanos tanto en la reforma fiscal como en lo del fraude bancario. Sin embargo, ese no es el caso.

Hablan de puñaladas traperas y de “malos dominicanos” al referirse a quienes han decidido no aceptar callados el maltrato a los haitianos y a los dominicanos de ascendencia haitiana. Prefieren coger piedras para los más chiquitos y unirse a los que verdaderamente han expoliado a nuestro país, defendiéndolos a como dé lugar.

Para ellos lo importante no es el país, sino utilizar la bandera para cubrir sus vergüenzas. No les importa potenciar un problema que puede salírseles de las manos.

Es inconmesurable el daño que habrán hecho a la patria si los dominicanos llegan a creer que son los haitianos quienes les hacen daño, y no aquellos que se han robado decenas de miles de millones de pesos.

Son éstos, y no la falsa y ridícula “conjura internacional” quienes debilitan los fundamentos de nuestra sociedad.

Si llegaran a impedir al resto poner el ojo en la bola que importa de verdad en el juego, podrían seguir anotando carreras. Y no olvidemos que la última anotada fue de 55 mil millones de pesos.

Reitero que la inmigración ilegal es un problema, y que hay que resolverlo. Pero eso no se logra abusando del inmigrante ilegal, negándoles la nacionalidad a los dominicanos descendientes de haitianos ni azuzando la intolerancia. Se resuelve hablando como la gente. Pero eso no les interesa.

Tanto de este lado de la frontera como el otro, hay mucha gente que saca beneficios de alentar el odio, la intolerancia y la incomprensión. No quieren encontrar soluciones porque se les acaba el “cuco” con el que asustan a ambos pueblos cuando empiezan a hacer preguntas incómodas sobre la forma en que se les gobierna y la impunidad de que gozan los más poderosos.

Clave Digital 11 de octubre de 2005

Los dominicanos que no cuentan

2005-10-11T20:51:00.000+02:00

Para nadie es un secreto que la sociedad dominicana es una máquina de fabricar injusticias. Son tantas que intentar hacer un recuento no tendría otro efecto que embotarnos emocionalmente.

Pero no por eso debemos ignorarlas. La desgracia ajena no puede barrerse debajo de la alfombra aunque, lamentablemente, es eso lo que hemos estado haciendo durante décadas. Lo que es peor: no sólo hemos tratado de esconder las desgracias y el sufrimiento ajenos, sino de esconder a las personas mismas.

Según fuentes autorizadas, en la República Dominicana hay dos millones de personas sin actas de nacimiento. Es decir, dos millones de personas que no existen jurídicamente.

No pueden hacer nada de lo que algunos de nosotros damos por hecho en nuestra vida cotidiana: firmar un contrato laboral, uno de alquiler, casarse, tener una cuenta bancaria, salir del país. Pero aún más importante: no pueden votar, aprovecharse del sistema de (in)seguridad social, terminar la escuela, declarar sus hijos… no pueden hacer nada.

Y no hablamos de un dos seguido de seis ceros. Hablamos de dos millones de seres humanos de carne y hueso, que malviven sin que nunca jamás el Estado dominicano se ocupe de la más nimia de sus necesidades. Son, realmente, parias, intocables, invisibles. Dos millones de personas que existen, pero que son ignoradas, que sufren una existencia de la que el resto no tomamos nota. Si hay un destino que puede resultar peor que la muerte debe ser este: el que a nadie le importe que estés vivo. Y estamos hablando de uno de cada cuatro de nosotros.

Ahora sale a la luz que entre los oficiales del Estado Civil hay al menos una persona a quien le duele la desgracia ajena. Este hombre ha ideado un plan llamado “En la misma acera”, con el cual puede empezar a paliarse uno de los más dramáticos problemas de nuestro país. Se ha negado a aceptar que tantos dominicanos no existan y ha puesto manos a la obra. En su oficialía –la 12º del Distrito Nacional- 40,000 dominicanos pudieron conseguir el año pasado sus actas de nacimiento.

Sin exagerar: hasta hace poco hubiera creído que un funcionario así sería objeto de honores y reconocimientos. Pues no, aparentemente los máximos responsables de la Junta Central Electoral han hecho todo lo posible por detenerle. Le han informado que para poder proceder con su proyecto tiene que esperar la autorización de ese organismo. Eso fue en enero, y la autorización no llega. Lo que sí está en agenda es su destitución por “rebelde”, y porque “no cabe como funcionario”.

Yo me pregunto: ¿cuál es el perfil de funcionario en el que no cabe este hombre? Ha iniciado un programa gratuito para que miles de dominicanos puedan obtener sus actas de nacimiento y además cubre los costos de su programa con los dineros de la misma oficialía. ¿Qué hacen los otros funcionarios con el dinero de las que están a su cargo? Quizás lo que se espera de estas personas es que se hagan ricas, y ya. Quien se niega a vivir de la tragedia ajena, y denuncia que otros sí están dispuestos, no cabe. Es un rebelde. Una oveja negra. Un chivato.

Pues bien, de inadaptados, rebeldes, ovejas negras y chivatos debería estar lleno el país. Es este el ejemplo que deberíamos seguir. Yo preferiría ser como Luis Felipe Rodríguez, y no como Sammy Sosa. Lo que no entiendo es por qué los que no comparten esa opinión no sólo no la siguen, sino que quieren castigar a quien da el buen ejemplo. A menos, claro, que lo correcto sea ver de cerca todos los días la desgracia de los dos millones de dominicanos sin actas de nacimiento y no hacer nada.

Y mientras tanto, que la injusticia siga su curso. Que uno de cada cuatro dominicanos siga sin contar. Aunque, mirándolo bien, no sólo continúa esa tragedia. Hay otra que la acompaña. Porque donde quiera que exista la desgracia de un ser humano que no cuenta, existe su hermana: la vergüenza de que otro ser humano no se digna a querer que lo haga. Ese es el estigma que nos marca a todos.

Clave Digital 27 de septiembre de 2005

Potemkin en Capotillo

2005-10-11T20:48:00.000+02:00

A finales del siglo XVIII, los imperios ruso y otomano se encontraban envueltos en un conflicto por el control de las costas del Mar Negro. En ese contexto, el ministro ruso Grigori Aleksandrovich Potemkin quiso convencer a la zarina Catalina la Grande de que las tierras de Crimea por las que se luchaba valían la pena. Para ello le organizó una gira triunfal por el área. El problema es que Crimea era una región pobrísima y se corría el riesgo de que, al verla, la soberana decidiera poner término a un esfuerzo bélico costosísimo.

Para salvar el inconveniente, Potemkin ordenó que se contratara actores y carpinteros que construyeran una aldea desmontable. Esta se montaba en los puntos de paso de la zarina para cubrir los ruinosos edificios reales y los actores interpretaban el papel de ciudadanos felices. Naturalmente, cuando la zarina se marchaba todo se venía abajo y los campesinos seguían siendo igual de pobres. Dicen que la zarina nunca se enteró del engaño. La guerra continuó y el imperio ruso se impuso al otomano.

Al menos esto contaban los enemigos políticos de Potemkin. Los historiadores actuales lo ponen en duda. Lo sorprendente no es esta historia rocambolesca en sí, sino que los dominicanos, en nuestra lucha constante por redefinir los límites de lo posible, la estemos recreando en pleno siglo XXI.

Días antes de que el presidente Fernández visitara Capotillo de la Capital, se publicaron fotos que enseñaban como se “acondicionaba” el barrio para recibirlo. Se limpiaron las calles con mangueras a presión, también se dio alguna que otra mano de pintura. Es decir, se hizo lo mínimo necesario por que Capotillo no pareciera Capotillo. Una vez allí, el Presidente arengó a los habitantes del barrio y les recordó que “Dios no abandona a los suyos”. Luego les prometió vigilancia policial y un programa de empleos y obras.

Sobre la apelación no hay mucho que decir. Sólo se explica en una de tres formas: o el Presidente se identifica con Dios; o cree ser emisario divino; o piensa que no puede hacer nada por Capotillo y exhorta a sus habitantes a confiar en la misericordia divina. A mi modo de ver, ninguna de las tres refleja nada positivo. Ni el Presidente está relacionado con la divinidad, ni puede renunciar a la responsabilidad que le incumbe como jefe del Ejecutivo de coordinar la ayuda estatal a Capotillo.

Dicen quienes trabajan en el barrio que las promesas de empleos y obras son las mismas que fueron incumplidas en el período 1996-2000 (y seguro también en los de todos los demás gobiernos). De nada sirve repetirlas si no se cumplen. Esto incluso puede ser contraproducente porque agudiza la desesperanza y el sentimiento de abandono.

Finalmente, está la promesa que sí se ha cumplido. El patrullaje policial. El problema es cómo se ha pretendido cumplirla. Comprar motocicletas Harley Davidson (con su precio exorbitante, su gran consumo y su coste de mantenimiento prohibitivo) parece más una burla que un esfuerzo por mejorar la situación del barrio. Incuso si obviamos su costo (y las comisiones), a nadie se le puede ocurrir que máquinas diseñadas para ser utilizadas en las autopistas estadounidenses pueden ser efectivas para perseguir a nadie en las intrincadas calles de Capotillo.

Como era de esperar, la dicha duró poco. Los maquillajes se corren si no se les renueva. Hoy por hoy, los habitantes de Capotillo sienten el temor de que les hayan dado la píldora de siempre. No se notan cambios en el barrio que no sean los de el paso de las Harley y “dos o tres policías en cada esquina”. Y eso sólo de día. Las noches son como antes, sin protección, sin servicios, sin luz, sin nada. Sólo el temor de que los delincuentes tomen represalias con quienes confiaron en el Estado y les denunciaron.

Los gobiernos dominicanos tienen la mala costumbre de creerse sus propios discursos, incluso cuando coliden con la realidad. Ni Capotillo ni el país necesitan promesas, discursos o maquillaje. Lo que hace falta es trabajar de verdad en la solución de nuestros problemas. La modernidad no se aplica como pintura para cubrir los males y podredumbres de una sociedad. Al contrario, es el resultado de la construcción responsable de un proyecto de nación en el que todos, todos, tengamos la oportunidad de una vida digna sin necesidad de encomendarnos a la misericordia divina.

Clave Digital 13 de septiembre de 2005

De separaciones, migraciones, domínico-haitianos y Constituciones

2005-09-10T12:39:00.000+02:00

En la República Dominicana pocos temas hay tan delicados como el de la nacionalidad de los niños dominicanos hijos de padres haitianos indocumentados. Existen dos formas casi antagónicas de percibir el problema, entre las cuales es casi imposible encontrar puntos de acuerdo. Se trata de un diálogo de sordos. Peor aún, en ocasiones las intervenciones incluyen argumentos manifiestamente incorrectos.

Es el caso, por ejemplo, del artículo publicado el domingo 28 de agosto en el periódico Hoy por el prestigioso abogado Julio César Castaños, titulado “Separación de Haití y Constitución”. En él el autor defiende la supuesta constitucionalidad de la Ley de Migración que, al asimilar la condición de indocumentado a la de persona en tránsito, niega la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos indocumentados. Pero el señor Castaños incurre en una serie de errores de índole histórica y jurídica que hubiera podido evitar revisando mejor sus fuentes.

Para afianzar su opinión de que la dominicanidad se ha definido siempre en oposición a lo haitiano, cita el Manifiesto del 16 de enero de 1844. Nada hay que objetar a la cita que extrae del documento, salvo su carácter selectivo. En el Manifiesto no se expresa una concepción excluyente de la dominicanidad, por lo que no deja de extrañar que se silencie otra parte relevante del documento, precisamente aquella que define la dominicanidad como la veían los redactores del Manifiesto: “¡DOMINICANOS! (Comprendidos bajo este nombre todos los hijos de la parte este y los que quieran seguir nuestra suerte)”. Es decir, en ningún momento se excluyó a los ciudadanos haitianos que decidieron luchar al lado del bando separatista. Tampoco establece una identidad dominicana que excluya por los siglos de los siglos a los haitianos que decidan engrosar las filas de nuestra nación.

El autor incurre en otro error cuando describe la facultad constitucional del Congreso para regular la inmigración. En buen Derecho, cuando la Constitución otorga una facultad a un poder del Estado no le está dando carta blanca. Por el contrario, esta facultad debe ser ejercida siempre con estricto respeto de la Constitución, siendo nulo todo acto que sea contrario a ésta. Por eso, donde la Constitución dice “en tránsito” el legislador no puede poner “indocumentado”. En la República Dominicana no existe la figura jurídica de la “Ley de Interpretación Constitucional”, por lo que intentar cambiar el contenido de un término constitucional “definiéndolo” mediante una ley es violar la Constitución. En pocas palabras, la ley no puede decidir lo que ya la Constitución ha decidido.

El articulista utiliza el ejemplo del presidente estadounidense Abraham Lincoln, quien durante la Guerra de Secesión reconoció públicamente que ejercía sus poderes en violación de la Constitución. Dos cosas derivan de de esta cita: la primera es que el autor admite implícitamente que negarle la nacionalidad a los hijos de haitianos nacidos en nuestro país es inconstitucional. La segunda es que olvida decir que la Suprema Corte de Justicia estadounidense revocó en la primera oportunidad las decisiones de Lincoln. Ahora bien ¿qué pretende el articulista al usar este ejemplo? ¿Es que todavía no aprendemos que el irrespeto de las autoridades a la Carta Magna es una de nuestras más grandes desgracias?

No pueden ser aceptados argumentos que se fundamentan en la cita incompleta de un documento histórico, en el desconocimiento de la supremacía de la Constitución frente a la ley y en una propuesta abierta a ignorar la Constitución. Así no llegaremos a ninguna parte. Los dominicanos debemos aprender que nuestra democracia sólo podrá desarrollarse si respetamos sus reglas de juego. Nuestra crisis institucional es bastante seria como para que además se proponga públicamente violar la Constitución para imponer una opción determinada.

La sustentabilidad de la Constitución sólo es posible si todos la acatamos como es, sin deformarla. Un camino seguro hacia la catástrofe es que cada quien abogue porque se la viole en su parte equis o su parte ye simplemente porque disiente de su contenido. Es hora de que empecemos a tomar la Constitución en serio. El peligro de convertirla en un documento totalmente irrelevante es mayor que cualquier cantidad de inmigrantes en nuestro territorio.

Clave Digital 30 de agosto de 2005

El candidato Candelier

2005-09-02T13:46:00.000+02:00

Por lo menos en lo que a mí respecta, mis pesadillas más angustiantes no son aquellas en las que me encuentro frente a frente con uno de mis temores más grandes. Son otras las que me hacen despertar pidiendo aire sin que me salga la voz y preguntándome durante minutos si estoy despierto o si aún duermo.

En esas me siento perseguido por algo o alguien cuya imagen es siempre difusa. El terror no me viene de esta imposibilidad de saber qué me acosa. Es su persistencia al hacerlo, el hecho de que no puedo destruirle ni vencerle, de que no puedo hacer nada para evitar que me persiga. Ni siquiera la perspectiva de que me atrape me produce tanto temor como la idea de que no puedo escapar ni tengo el alivio de que me den alcance.

Este tipo de pesadillas sólo nos afecta a los dominicanos cuando dormimos porque estamos acostumbrados a sufrirlas estando despiertos. Revisar nuestra historia es estudiar el eterno presente.

La causa de estas reflexiones pudo ser cualquiera de los innumerables motivos que brinda para ello nuestro país. Más en esta ocasión se trata de la candidatura presidencial de Pedro Candelier. Hace pocos días ofreció una entrevista a un medio de comunicación presentándose como “el hombre del momento”, el Mesías político que necesita el país para enfrentar “el desorden”.

Tienen razón aquellos que dicen que la historia ocurre como tragedia y se repite como comedia. Este émulo de Trujillo quiere reescribir su patética y terrible historia.

Pedro Candelier no se ha distinguido nunca por hacer bien su trabajo. Lo que le caracteriza es hacerlo abusando de quienes no pueden defenderse. Sus “hazañas” como director de Foresta son legendarias (habrá que ver si la deforestación se acaba quemando burros vivos). La cultura atropellante y corrupta de la AMET se forjó cuando estuvo a su cargo. Y no hay que abundar mucho en su ineficaz, aunque terriblemente sangriento, paso por la jefatura de la Policía Nacional.

Ahora se quiere presentar como un hombre cambiado (que le regalen una casa de campo millonaria cambia a cualquiera, pero ese no es el punto). Dice no ser el hombre que se pasó la Constitución por donde quiso para teñir inútilmente de sangre el país. Ahora es un hombre convencido de que hay que oír al pueblo, que lo llama clamorosamente a que saque las castañas del fuego. Hay que acabar con el desorden y sólo él, con su proverbial mano dura, puede hacerlo.

Vestido de civil y afeitado (cambio radical donde los haya) se presenta como Fénix redivivo ante los dominicanos. Olvida aquello de que “la mona aunque se vista de seda…”. Y también olvida, y eso es más grave, que para dirigir un Estado hace falta algo más. Leer la entrevista publicada en Clave Digital es sumamente edificante, si la superficialidad ajena puede serlo.

En el ánimo del entrevistador distingo tres momentos distintos. En el primero intenta sacarle información al candidato sobre su proyecto político. En el segundo, juguetea como el gato con el ratón porque es ya patente que el señor no tiene nada que decir. En el tercero, la entrevista transmite una sensación de aburrimiento total en el entrevistador. El entrevistado, sin embargo, mantiene el mismo talante de principio a fin: el del estudiante que cree que con no desviarse de lo memorizado convence al auditorio. “El elefante tiene la trompa como una lombriz. La lombriz por su parte….”.

Comparo esto con una pesadilla y no con un sueño absurdo porque el hecho de que este señor sea tomado en serio es una muestra más de lo deteriorada que está la credibilidad del sistema político dominicano. Ya ha aparecido quien desde la prensa señale esta “opción” vacía como la salvación del país. Es cierto que quien apuesta la libertad de todos lo hace porque algo quiere ganar; pero también lo es que cuando es posible que la libertad esté en juego las cosas andan mal. Muy mal.

El país sigue sin rumbo preciso. Y si se toma en cuenta que desde sectores gubernamentales y sociales se ataca constantemente la legitimidad del sistema democrático, las cosas no parece que vayan a mejorar. Hay que hacer un alto en el camino, no podemos seguir cubriendo con la cubierta de la democracia un juego amargo del que se benefician sólo unos pocos: los de siempre. Lamentablemente, en nuestro país sólo se escucha a quienes puede pagarse el foro y éstos han demostrado no tener siempre en mente el bienestar general. Que Pedro Candelier les sirva de señal de alarma.

Mientras tanto, prestemos atención a lo que no se atreve a decir el candidato: “No hay peligro en seguirme”.

Eso ya lo hemos oído antes.

Clave Digital 16 de agosto de 2005

Esos pobres insolidarios

2005-08-17T12:31:00.000+02:00

Uno de los problemas que enfrentan los escritores es que, por regla general, la realidad tiende a ser más absurda que la ficción. Recordé esto al leer sobre las discusiones en el país respecto de las reformas necesarias para sacarnos del hoyo y evitar que volvamos a caer en él. Me han indignado las insinuaciones de algunos sectores en el sentido de que los pobres dominicanos “tienen que cargar con su parte”. Según esta particular perspectiva, todo el que intenta aligerar el golpe que recibirán los menos afortunados es politiquero, iluso o insincero.

Ahora, en nuestro país, señalar lo evidente es ser idiota o tener malas intenciones. Basta un par de dedos de frente para darse cuenta de que quienes así hablan están viendo la paja en el ojo ajeno antes de ver la viga (el bosque, diría yo) en el ojo propio.

¿A quién se le ocurre decir que los pobres dominicanos no pagan desde siempre y todos los días la manera desastrosa en la que se ha manejado el país? ¿No basta que tengan que vivir un día a la vez, sin saber lo que les trae el mañana? ¿Que no exista un sistema de sanidad que impida que las enfermedades más simples acaben con sus vidas? ¿Que el sistema educativo sea tan malo que les condene al analfabetismo funcional? ¿Que tengan que trabajar hasta el último día de sus vidas por un salario miserable? ¿Que la más ligera de las lloviznas arrase con sus casas, sus vidas, y sus familias? ¿Qué la canasta familiar esté siempre justo fuera de su alcance, condenándolos a ir y venir entre la desnutrición y la alimentación mínima? ¿Qué más se quiere? ¿Que cubran el hoyo creado por las aventuras financieras de una élite inconsciente? ¿Con qué lo van a pagar?

En el país el empleo decente es un lujo inalcanzable para la mayor parte de la población. El salario suficiente es aún más exclusivo. ¿Cómo pueden pretender los empresarios gravar con el ITBIS (por ejemplo) los productos de primerísima necesidad? La competitividad empresarial –al menos en su versión dominicana- ni beneficia a la mayor parte de la población ni se puede comer. Si a las precariedades que padecen los pobres agregamos pagar impuestos por comer, estaremos cobrándoles con su carne la pérdida de la apuesta descabellada de unos pocos.

Nadie puede alegar que todos los dominicanos hemos contribuido al desastre en la misma medida. Ni que nos hemos beneficiado por igual de la danza de millones, la especulación y el fraude que nos han traído hasta aquí. El manejo temerario de una institución bancaria no se nos puede imputar a todos. Tampoco puede decirse que el mal manejo de la crisis repartió los costos y beneficios a partes iguales. Es archiconocido el dato de que la operación de rescate íntegro de los depósitos en Baninter, además de ilegal, fue extraordinariamente asimétrica. Un puñado de personas se benefició de la tajada del león. Y ninguna, ninguna, tiene problemas para pagar la canasta familiar.

En el fondo, de lo que se trata es de distraer la atención de lo que debería ser evidente, pero que nadie parece aceptar. La deuda con los pobres dominicanos no es sólo moral, política o social. Es total. Porque sólo una cosa permite mantener ese juego de apariencias que llamamos democracia, una razón por la que aún la pobreza más absoluta puede convivir con la ostentación más asquerosa: la paciencia de los marginados.

Si no fuera porque nos encanta taparnos los ojos ante la realidad, sabríamos que somos afortunados de que no se haya producido un estallido social de proporciones armagedónicas. La mayoría de los dominicanos no vive: sobrevive. Es su asombrosa vocación cívica lo que permite que continúe funcionando sin derramamiento de sangre un status quo que les oprime.

Mientras tanto, en vez de gravar los alimentos, ¿por qué no aumentamos los impuestos sobre otras cosas? Se me ocurren los collares de perlas, las yipetas, los viajecitos a Miami de fin de semana, las mansiones, los helicópteros, los autos de lujo, los yates…

A algunos podrá parecer exagerado lo que digo. Pero quienes conocen la historia –incluso reciente- de América Latina saben que tenemos espejos en los cuales mirarnos y que las imágenes que vemos no son las más tranquilizadoras. Así que lo mejor es actuar con cordura y no seguir abusando de la paciencia ajena.

Clave Digital 2 de agosto de 2005

De homosexualidad y represiones

2005-07-25T17:56:00.000+02:00

Es tradición de alcance casi mundial celebrar el último fin de semana de junio el Día del Orgullo Gay. La fecha conmemora la batalla campal entre los clientes del bar gay “Stonewall Inn” y la policía de Nueva York cuando esta intentó cerrarlo a la fuerza el 27 de junio de 1969. La fecha es el punto de partida del movimiento a favor de los derechos de los homosexuales. Pero lo que se celebra es otra cosa. Por un día, los gays del mundo reivindican juntos su identidad sexual. Montan un carnaval catártico con el cual proclaman que no les importa que el resto de la sociedad les estruje constantemente la cara con su cultura heterosexual. Por una tarde, la calle les pertenece. Quienes hemos tenido la oportunidad de ver de cerca una de estas marchas en países más o menos tolerantes, comprobamos que la diversidad y el respeto pueden coexistir.

No en todas partes es así. La homosexualidad continúa siendo duramente reprimida en al menos 60 países del mundo, algunos de los cuales la castigan con la muerte. En República Dominicana no llegamos a este punto, pero en esta como en muchas otras cosas, nuestra intolerancia nos impide dejar en paz a aquellos que no encajan en nuestra muy estrecha –pero muy flexible– moral sexual.

Cuando leí que los gays dominicanos habían podido celebrar su día por primera vez desde 2000 me sentí aliviado por ellos y orgulloso de nuestra sociedad. Pensé que avanzábamos. Al caer en la cuenta de que tuvieron que reunirse a guisa de una fiesta privada en un lugar público, empecé a dudar. ¿Por qué tenían que recurrir a un tecnicismo jurídico para ejercer sus derechos en paz?

Seguí leyendo y me di cuenta de que la cosa iba para peor. Al lugar se presentó un grupo de policías, liderado por un coronel y acompañado por el ridículo “gobernador” de la igualmente ridícula isleta de la 27 de Febrero, con la intención de disolver la reunión y recordar su “ilegalidad”.

¿Es que los policías dominicanos no tienen nada mejor que hacer que acosar a gente que no está violando la ley? ¿Qué fueron a hacer allí? ¿A quién o qué defendían? ¿La “moral” y “las buenas costumbres”? A ver. Primero, ni la Policía ni el “gobernador” del espacio contenido entre dos cunetas tienen la facultad de decidir lo que es “moral”. Para fines legales, eso lo deciden las leyes y la Constitución. Y esta última y los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes en nuestro país prohíben la discriminación en razón de la orientación sexual. Segundo, en mi librito, “buenas costumbres” es que uno no se meta en lo que no le importa. Y la decisión de una persona adulta de ser homosexual es asunto suyo y de nadie más.

¿Por qué, en lugar de estar neceando, no fueron a cerrar alguno de los prostíbulos de menores que abundan en Santo Domingo?

Pretender perseguir y acorralar la diferencia es abrir una caja de Pandora porque todos somos diferentes. La familia nuclear perfecta en la que papá trabaja, mamá se queda en casa y tienen 2.3 hijos, medio perro y todos son católicos, apostólicos y romanos no existe. El ser humano no es una pajarita de cartón que se corta por las líneas puntadas y luego se viste con ropas de papel. Somos más complejos que eso. Y los dominicanos también.

Además, venidos a perseguir comportamientos sexuales “antinatura”, deberíamos saber que la homosexualidad es común en toda la naturaleza. El ser humano no escapa a ello. Lo que no se encuentra ni debajo de las piedras árticas es el celibato. ¿Obligaremos entonces a los que optan por este estilo de vida a que se casen? No. Que cada quien haga lo que le parezca.

Y por favor, que no salten con alusiones a Jesús, que Él lo dejó muy claro: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, “Trata a tu hermano como quieres que te traten a ti”, “No hay que ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio” y “Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Quienes sufren crisis histéricas por la homosexualidad ajena violan estos cuatro mandatos, aunque sean Cardenales.

Pero además, este tipo de comportamientos degradan nuestra democracia. Si queremos construir una sociedad democrática es importante que asumamos la tolerancia frente a las opciones distintas a las nuestras. Como dijera Benito Juárez en su manida, y mal comprendida frase: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Clave Digital 19 de julio de 2005

El robo más terrible

2005-07-25T17:52:00.000+02:00

Es difícil escoger el más grave entre tantos despojos a los dominicanos en su historia. Hace menos de tres años fue destapado un escándalo bancario, quizás sólo igualado en sus proporciones por el “préstamo Hartmont”, o las grandes barridas al erario protagonizadas por otro miembro de la ilustre familia. Aún se atrevería uno a pensar en Trujillo, ese vulgar ladrón, que ha evitado que se cuantifiquen sus latrocinios mediante el recurso de robárselo todo.

Pero no estoy seguro de que sean esos hechos los que más daño han causado al país. Después de todo, los dominicanos logramos levantarnos de esas caídas. Muchos de nuestros sueños y esperanzas se han quedado en el camino, pero hemos persistido en nuestro esfuerzo por sobrevivir. De lo que no se recupera tan fácilmente un pueblo es de que le arranquen a mordiscos la experiencia acumulada, los caminos recorridos. Es decir, su historia.

Somos un colectivo sin memoria a largo plazo, vivimos en el eterno presente. Lo de ayer nunca sucedió y lo de mañana no importa. Sufrimos un mal parecido al del protagonista de la película “Memento”, quien, incapaz de crear memorias nuevas, olvida todo lo que hace y lo que hacen quienes están a su alrededor. Esto lo deja a merced de manipulaciones burdas y descaradas de quienes se aprovechan de su mal para hacerle actuar a favor de ellos y en perjuicio propio.

Lo peor es que, como suele suceder, la realidad es más terrible que la ficción. En nuestro caso, los beneficiarios de nuestra amnesia colectiva son a la vez sus responsables. La decisión de presentar la historia dominicana en forma mutilada y de que no se aprenda en los centros educativos, ha sido consciente y calculada. Nos han robado todo lo mejor de nuestra historia, lo que pudiera inspirarnos en la construcción de un proyecto colectivo. No nos han dejado nada que nos pueda servir para construir modelos a seguir.

Resulta curioso, pero una mirada atenta sobre la historia que se enseña en nuestro país advierte que sólo se habla de nuestros villanos. Y de ellos, lo que conviene. Nada o casi nada se dice sobre los movimientos liberales del siglo XIX; de Espaillat, Bonó o Rojas; de Luperón o de los gavilleros que resistieron la invasión de 1916. Tampoco sobre los héroes de Cayo Confites y Luperón o los de Maimón, Constanza y Estero Hondo. Del olvido escapan, a duras penas, las hermanas Mirabal.

Con excepción del momento de la independencia, parecería que nuestro devenir ha tenido como eje a Tomás Bobadilla, Pedro Santana, Buenaventura Báez, Lilís y Trujillo. De ellos se explican sus acciones en forma “objetiva”, presentando un equilibrio inexistente entre los perjuicios causados y los supuestos beneficios al país.

Pero el caso más espectacular es el del período posterior al ajusticiamiento de Trujillo. Con la excusa insípida de que “es necesario que pase el tiempo para poder opinar”, hemos ido perdiendo la conciencia de nuestro pasado.

Así se ha perdido la memoria del costo de la transición democrática de 1961-1962, de la Constitución de 1963, de Juan Bosch y su experimento democrático, del golpe de Estado de 1963, de Manaclas –que incluso hizo a un triunviro renunciara asqueado-. Nos han robado Abril de 1965, a Caamaño, a Fernández Domínguez, la imposición de Balaguer en 1966, la resistencia contra ese gobierno ilegítimo. Ya no tenemos ni a Caracoles, ni a Orlando, ni a Siete Días con el Pueblo, ni a los miles de muertos de los tenebrosos Doce Años. No nos queda nada. Ni de esa época ni de los años posteriores: Abril de 1984, las elecciones de 1986, los fraudes de 1990 y 1994, Narcisazo. Nada.

Balaguer es ahora “Padre de la Democracia”. Intocable. Cuando algún documentalista intrépido intenta iluminar ese “ídolo” con la verdad, saltan los defensores del “honor” de un ser tan nefasto. ¿Por qué tenemos que esperar que pase el tiempo para juzgarlo, si es ahora cuando necesitamos las lecciones que podemos aprender de esa época? ¿Por qué permitir que nos vendan como manso al cimarrón? ¿Por qué nos empeñamos en no llamar al pan, pan y al vino, vino? ¿O asesino al asesino?

Quizás la explicación radique en el dolor de recordar lo perdido en nuestra lucha por la libertad plena y la justicia social. Quizás sea que ya no nos es posible rescatarlo. Mientras tanto, la desmemoria nos impide distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. No es que seamos indiferentes, es que cuando no hay historia no hay futuro. Todo es presente, todo es igual.

Hasta que podamos recuperar las heridas olvidadas, los dolores perdidos, seguiremos como las almas del Hades, que bebían de Leto, el río de la desmemoria: no recordaremos nunca quiénes somos y lo que nos ha costado serlo. Ese, y no otro, es el robo más terrible de que hemos sido objeto.

Clave Digital 5 de julio de 2005

La soberanía como profiláctico

2005-07-25T17:51:00.000+02:00

Quizás no debería sorprender. Después de todo, la sensatez en estos asuntos no es el fuerte en nuestro país. Pero es inevitable molestarse cada vez que ciertos sectores de nuestra sociedad política y civil sacan la “soberanía nacional” en procesión para espantar los demonios personales.

Lo hacen, pero además con frecuencia y de qué forma. Cubiertos de medallitas y chapitas con reliquias del pasado autoritario que añoran, se pasean por la calle mayor de la opinión publicitada vociferando hosannas de odio y prejuicio. Se detienen en las plazas públicas y proclaman como palabra de Dios su visión distorsionada de la historia y prosiguen su andar repitiendo como mantra las mentiras a las que están acostumbrados.

Ya esto forma parte de nuestra rutina social. Cada cierto tiempo, con la excusa conveniente del momento, se retoma la campaña incesante contra los indocumentados haitianos en República Dominicana. Nótese el matiz, que es importante: no es una campaña contra la inmigración ilegal o a favor de su regulación. Es una campaña contra las personas, contra los inmigrantes mismos. Es en el hecho de que se trata de un ataque contra el ser humano donde se pone de manifiesto la verdadera naturaleza de estas manifestaciones xenófobas.

En la última versión de esta mascarada, gente a la que nunca le importó Hatillo Palma ahora se lamenta de que la presencia haitiana esté “destruyendo” esa comunidad. Luego del asesinato de una comerciante, presuntamente cometido por asaltantes haitianos, han descendido como buitres sobre la tragedia para impulsar su agenda. De nada ha valido que los dirigentes comunitarios y las autoridades hayan dejado claro que el problema es la inseguridad y de falta de empleo, que obliga a dominicanos y haitianos a sobrevivir en condiciones mínimas y a competir furiosamente por cada mendrugo de pan. No, para estos salvapatrias el problema es que nos diluimos en la negritud.

En el peligro mortal de su patria –que no es la mía ni la de muchos más dominicanos- justifican cualquier abuso, cualquier atropello. Es más, los fomentan. Reclaman del Gobierno que expulse sin miramientos a todo el que sea o aparente ser haitiano. Piden al Ejército que nos fumigue, que nos purifique. Llegan a la indignidad, a la asquerosidad, de insinuar que si esto no se lleva a cabo habrá de repetirse la matanza de 1937. Lo justifican antes de que suceda echando mano de cualquier argumento. Incluso, hacen alarde de su ignorancia comparando lo sucedido en Kosovo con la situación dominicana.

Para hacerlo peor, engalanan su ídolo de odio, temor y prejuicio con la tela ajena de la soberanía nacional. Porque la soberanía nacional es de todos, no sólo de ellos. A muchos dominicanos nos da grima ver cómo se la usa para excusar cualquier barbaridad.

Pero es que además ni siquiera saben de lo que hablan, porque la soberanía tiene su manifestación jurídica en la Constitución y las leyes. Por lo tanto, ni el Ejecutivo, ni Migración, ni el Ejército pueden ignorarlas para hacer lo que les de la gana. El respeto a la soberanía por parte del Estado dominicano es, ni más ni menos, la obediencia a las normas. No se puede violentar la soberanía en nombre de la soberanía.

Tampoco es aceptable que esos mismos que se dan golpes de pecho por la “amenaza haitiana” y que claman por la “defensa” de la soberanía nacional, hagan todo lo contrario cuando se trata de extranjeros no haitianos. Por Dios, seamos serios. ¿Cómo puede invocar la soberanía a favor de la deportación masiva e ilegal de inmigrantes haitianos gente que se abstuvo de criticar la participación dominicana en Irak porque “somos el patio trasero de los Estados Unidos”? Es decir, que en el fondo no se trata de un asunto de “defender la soberanía”, sino del ejercicio puro y duro del poder. Nos estamos comportando como el niño que se deja golpear por el abusador del barrio, pero que se desquita dándole coscorrones a su hermano menor.

Aunque, viéndolo bien, quizás sí estén actuando con coherencia. Recuerdan a esos “libertadores” que buscaron la separación de Haití en 1844, pero no para consolidar la independencia, sino para correr como locos detrás de St. Denys o cualquier otro diplomático que les garantizara la anexión de República Dominicana a una potencia extranjera. Es decir, no nos encontramos ante discípulos de Juan Pablo Duarte, sino de los de Pedro Santana, Tomás Bobadilla y Buenaventura Báez. Que les aproveche, pero que no cuenten con los domincanos que no creemos que la soberanía se lleva como profiláctico.

Clave Digital 21 de junio de 2005

Hipócritas

2005-07-25T17:49:00.000+02:00

Es un tópico que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. El problema es que, a veces, la simulación constante nos lleva a perder toda idea de qué es lo que queremos simular y qué lo que queremos ocultar. Olvidamos que hasta para la simulación y la hipocresía debemos ser coherentes y tener las cosas claras.

En nuestro país, de tanto jugar con las apariencias hemos terminado perdiéndonos entre los humos y los espejos. La ilusión conjurada ha tomado vida propia. Contrario a Pigmalión en su estatua, no hemos plasmado en nuestra obra lo mejor de nosotros, ni la hemos creado a nuestra imagen y semejanza. Lo más acertado es decir que responde a la imagen que nos gustaría tener de nosotros mismos.

Pero como esto es insuficiente para ahogar completamente nuestra conciencia, nos conformamos con acallarla con manifestaciones periódicas de indignación. De vez en cuando, para cumplir, nos rasgamos las vestiduras –con cuidado y por las costuritas, eso sí- en protesta por las acciones del culpable favorito de turno. Satisfechos con nuestra demostración, nos olvidamos de que las cosas no son tan simples. Que los problemas reales se resuelven atacando sus bases en todas partes y no sólo donde nos conviene.

Las consecuencias de este comportamiento esquizofrénico se hacen patentes a cada momento. Hace unos días trascendió un caso capaz de despertar el más adormecido sentido de vergüenza ajena. Se trata de la expulsión de los hijos de Quirino Paulino –imputado en unos de los casos de narcotráfico más importantes de nuestra historia- por parte del colegio Saint George.

Lo que más irrita es lo grotesco de una situación en la que literalmente se están cogiendo piedras contra los más chiquitos. La hipocresía se hace evidente en las selectivas motivaciones de los directivos del colegio. El problema no es que el padre de los niños expulsados pueda ser culpable de un delito gravísimo. Si así fuera, muchos alumnos en colegios de este tipo hubieran sufrido la misma medida. ¿Cuándo se ha expulsado de un colegio dominicano al hijo de un banquero estafador? ¿O de un político corrupto?

¿Qué motiva la expulsión entonces? ¿La preocupación de los demás alumnos? No es probable porque uno de los primeros actos de solidaridad con los niños los llevó a cabo la Promoción Sublime 05, compuesta por los graduandos de este año. ¿La violencia potencial de los niños? Este argumento es tan ridículo que llega a ser patético si recordamos que tienen entre tres y nueve años de edad.

Pero esta situación no se ha incubado en el Saint George ni en su dirección. Tiene su origen en diciembre del año pasado, cuando Quirino Paulino se convirtió en el enemigo público número uno de la opinión publicitada en República Dominicana. Los últimos días de diciembre fueron el marco para una literal caza de brujas que tocó a todo aquel que se vio directa o indirectamente involucrado con él.

Por ejemplo, no puede separarse la barbaridad del Saint George de la lapidación pública de que fueron víctimas sus abogados.. En el mejor de los casos, era ingenuo creer que el espíritu persecutor que condenaba defenderle en los tribunales se iba a detener ahí. Sus familiares eran el próximo paso lógico y sus hijos el blanco más fácil.

Nuestro esfuerzo colectivo por lavarnos la conciencia convirtiendo en apestados a todos los que se le acercaban, ha hecho víctimas de sus hijos. Y, además, por partida doble, porque queda en el aire la pregunta de por qué ellos son indeseables mientras que nuestros colegios, universidades y revistas sociales están llenos de los hijos de acusados de crímenes tan graves –o más- que el de su padre, sin que nadie los ataque como a ellos. Para añadir insulto al daño, se les pide que renuncien al nombre paterno como condición para obtener una carta de recomendación que debería estar basada en un buen comportamiento que nadie ha puesto en duda.

Pongamos el ojo en la bola. Si no distinguimos bien entre la indignación simulada y la real, por lo menos intentemos ser coherentes, atendamos las causas de nuestros males y no perdamos tiempo buscando culpables favoritos o chivos expiatorios. Claro está, podemos seguir por el mismo camino y asumir –como es frecuente en muchos- que estas cosas sólo las dice uno por apoyar un narco. Y que siga el espectáculo.

Clave Digital 8 de junio de 2005